El plan inconcluso, que incluía asfalto, agua corriente, cloacas, iluminación, plazas nuevas, un centro cultural, y hasta un corredor aeróbico, había quedado a cargo de la justicia federal pero hace un mes pasó al ámbito provincial.

Con este movimiento, un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) aportó datos que complican a Ducoté y a ex funcionarios nacionales de la Secretaría de Vivienda y Hábitat de Nación.

La obra de urbanización del barrio Monterrey, en la zona de Derqui, se remonta a fines de 2016. El convenio estipulaba una inversión de $145.733.567 ($140.811.697 para las obras físicas, y $4.921.870 para módulos sociales).

Los trabajos debían arrancar 30 días después del primer desembolso por parte del Estado nacional y tenían un plazo máximo de doce meses, sin embargo esos tiempos nunca se cumplieron.

El informe de la PIA muestra una serie de irregularidades administrativas en el proceso de selección de la UTE conformada por Vialme SA, Servicios y Gestión SA y Alpin SA.

“Se han vulnerado los principios de publicidad rectores en las licitaciones, en cuanto hace al conocimiento, la concurrencia, y participación de oferentes, posibilitando la competencia y la existencia de mejores ofertas para la contratación con el Estado”, dice el documento.

También se menciona que la UTE adjudicada nunca habría presentado la constancia de inscripción de Proveedores de la firma Alpin. Tampoco se detectó una comunicación a todas las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores.

Además, el informe detecta irregularidades en las certificaciones de obra. “Lo descripto corrobora la mendacidad de las certificaciones de obras efectuadas a los fines de seguir obteniendo fondos provenientes del Estado Nacional”, afirma.

En sintonía, a mediados del año pasado, la Polici?a Federal realizó una inspección de todo el barrio por pedido de la Justicia y constató varias obras sin terminar y otras en ejecución.

Por otra parte, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a cargo de Sergio Rodríguez, cuestionó la falta de control de los funcionarios nacionales, específicamente de la Secretaría de Vivienda y Hábitat de Nación.

“Dicha falta de control no sólo se centra en la rendición de fondos. Tampoco se hicieron valer las obligaciones de cumplir con los plazos, por cuanto el convenio específico establecía el plazo de 12 meses”, precisa el documento.

HASTA LAS MANOS

Se complica la situación en la justicia del ex funcionario macrista Rodrigo Sbarrahttps://t.co/UuOeU5qoQN

— En Orsai (@EnOrsai) October 29, 2020