Sábado 14 de Junio de 2025
El abogado Daniel Llermanos presentó una acción judicial para que no se excluya a Cristina Fernández del padrón electoral
Mientras el gobierno de Javier Milei profundiza su ajuste con despidos en el Estado y la amenaza de privatizaciones, analizamos el costo humano y social de la "motosierra" sobre los trabajadores, sus familias y los servicios esenciales que sostienen a los más humildes.
Florencia Carignano arremetió contra las libertarias por boicotear el Congreso, cuestionó la preparación de sus pares y denunció conductas que, según ella, rozan lo indecoroso. “Si no van a legislar, al menos estudien”, disparó.
Mientras Javier Milei retuitea falsedades y ataca a periodistas, sus diputados manipulan datos del INDEC para negar la pobreza estructural. La realidad: una familia necesita más de 1.100.000 pesos por mes para no ser pobre, no 360 mil como afirman desde el gobierno.
El diputado español Víctor Egio, de Podemos, exigió que la justicia detenga a Javier Milei al aterrizar en Madrid por reincidir en la promoción de criptomonedas vinculadas a fraudes financieros. Denunció el evento libertario al que asistirá el presidente argentino como una “secta neoliberal” patrocinada por oscuros intereses cripto.
El gobierno de Milei avanza con el remate de terrenos públicos destinados a la ciencia y la producción agropecuaria. Lo que llaman “ajuste” es, en realidad, una privatización encubierta que favorece a desarrolladores inmobiliarios y al agronegocio concentrado. Las 100.000 hectáreas del INTA, en la mira.
El director nacional del INTA rompe el silencio y denuncia la demolición planificada del organismo clave para la soberanía agropecuaria argentina.
Operadora de Estaciones de Servicios S.A. (OPESA), la empresa que YPF S.A. utiliza para gestionar directamente su red de estaciones de servicio, se encuentra en el ojo de la tormenta. Las denuncias de competencia desleal, los conflictos laborales y graves fallos judiciales exponen una gestión que dista mucho de ser transparente y ética. Lejos de ser un mero operador, OPESA emerge como un actor central en un entramado de poder que estaría asfixiando a las PYMES estacioneras y dejando desprotegidos a sus propios trabajadores
La petrolera estatal atraviesa su momento más oscuro: acusaciones penales, venta de activos clave, sabotajes estratégicos, despidos masivos y un directorio que se premia a sí mismo mientras dinamita la soberanía energética nacional.
La petrolera estatal, pilar de la soberanía energética argentina, se desmorona bajo una gestión marcada por presuntas maniobras fraudulentas, la venta de activos estratégicos, el frustrado proyecto de GNL en Buenos Aires y un conflicto laboral sin precedentes que amenaza el futuro de miles de familias. Un balance devastador que enciende las alarmas en el sector y en la sociedad.
El gobierno de Javier Milei, en un movimiento que intensifica la entrega de activos estatales, cerró la AGP sin previo aviso a sus empleados. Este hecho, que afecta a cientos de familias, también implica el control extranjero sobre la Vía Troncal de Navegación, eje del comercio exterior argentino.
El gobierno argentino remata IMPSA, una empresa de alta tecnología única en el mundo, por solo 27 millones de dólares a Arc Energy, firma estadounidense con lazos con el expresidente Donald Trump. La venta de este activo estratégico, capaz de producir reactores nucleares y turbinas de gran porte, amenaza la soberanía energética del país y pone en riesgo el futuro de más de 100 pymes nacionales. Críticos denuncian una decisión cortoplacista que podría tener graves consecuencias para el desarrollo industrial y tecnológico de Argentina.
