Mientras el centenario partido tiene un discurso histórico a favor del respeto de las instituciones, en la práctica las palabras quedan desgajadas. Ya que la Justicia instó a funcionarios catamarqueños que devuelvan una suma millonaria por actos de corrupción.

La suma asciende a 1,2 millones de pesos, por "irrgularidades en el manejo de fondos", "distracción" y "desvío", en el dictado de cursos y cuyo daño al Estado catamarqueño alcanzaría la suma de 4,2 millones de pesos.

La investigación fue denominada "Megafraude de Desarrollo Social" sucedida hace 10 años. En su fallo el Tribunal de Cuentas provincial condenó a devolver 1.243.725 de pesos al ex secretario de Desarrollo Social, Pablo Córdoba Molas, al ex director de Politicas Juveniles Ariel Regina y el empresario Carlos Arriazu, entre otros, todos de extracción radical.

El vínculo de los funarios de la UCR se daba con fundaciones que pertenecían a empresarios por las que cobraban por jornadas de capacitación. El fallo menciona que se trató de "cursos de perfeccionamiento" que no se realizaron o que se habían llevado adelante sin el número de asistentes declarados y por los que se pagaron abultadas sumas.

Los multados son: Pablo Córdoba Molas ($5.117,18), Ariel Regina (2854,89), Guillermo López ($1.165,38), Liliana del Valle Jalil de Barrera ($1.249,38), Juan Andrés Barrios ($4.476,90), Susana Beatriz de la Colina ($3677,55) y María Cristina Barros de Voget ($1.520,87).

A partir de la notificación del Tribunal de Cuentas, que se concretó ayer, los involucrados tienen 10 días para abonar el dinero.