
Mientras los números cierran para el FMI, los hospitales públicos colapsan y las farmacias se llenan de recetas impagables. La motosierra llegó al sistema sanitario, y el resultado es literal: gente que muere por no poder pagar una consulta.
En Orsai // Lunes 19 de mayo de 2025 | 22:26
Lo que durante años fue una conquista del Estado —el derecho a la salud pública, gratuita y universal— se desintegra con cada resolución del gobierno de Javier Milei. El ajuste sanitario no es menor, ni simbólico: es criminal.
Los centros de salud barriales cierran por falta de presupuesto. Las guardias colapsan. Las provincias ya no reciben vacunas del calendario obligatorio. Y los hospitales, que antes eran sostén, ahora son depósitos de desesperación.
Eliminación del programa REMEDIAR: miles de personas sin acceso gratuito a medicamentos esenciales.
Paralización de entregas de vacunas como la triple viral, BCG y hepatitis.
Cierre de programas nacionales de salud mental, cuidados paliativos y VIH.
Freno total en la entrega de preservativos, anticonceptivos y test rápidos.
Suspensión del envío de leche para comedores y centros materno-infantiles.
Desvinculación de personal de salud en hospitales nacionales.
Todo esto en menos de seis meses.
El discurso oficial habla de “ordenar el gasto”. Pero en la práctica, se traduce en vidas humanas puestas en riesgo. Porque el que no tiene prepaga, no llega. Y el que no puede pagar una consulta privada, queda a la intemperie.
En la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Jujuy se repite la escena: hospitales sin reactivos para análisis, quirófanos suspendidos por falta de insumos, ambulancias rotas, y pacientes con cáncer que interrumpen tratamientos.
Milei y su equipo repiten como un mantra que cada uno debe hacerse cargo de su vida. Pero esa lógica de mercado aplicada a la salud no es solo cruel, es ilegal. El derecho a la salud está garantizado por la Constitución Nacional y por tratados internacionales.
La famosa “libertad” libertaria no incluye acceso a un médico, ni a medicamentos, ni a terapias. Solo incluye la posibilidad de pagar, si tenés con qué. El resto, que se arregle como pueda.
A esto se suma una crisis laboral en el sistema de salud:
Sueldos congelados o a la baja para profesionales médicos.
Recortes de personal en hospitales y centros de atención primaria.
Jornadas extenuantes y renuncias masivas.
¿El resultado? Guardias sin pediatras, cirugías postergadas, tratamientos interrumpidos. Lo que antes era precario, ahora es inviable.
Los grandes medios apenas tocan el tema. Y cuando lo hacen, lo disfrazan con eufemismos: “reorganización del sistema”, “eficiencia del gasto”, “federalización de responsabilidades”. Pero nadie dice lo obvio: están matando el sistema de salud.
Mientras tanto, las empresas de medicina prepaga se frotan las manos. El ajuste estatal es el negocio privado. Las prepagas aumentan más de 150% en el año, y nadie las regula. Total, al gobierno no le importa, y los que no pueden pagar, que se jodan.
“Ya no tenemos ni paracetamol para dar. Lo estamos pagando nosotros.”
— Terapista del Hospital Posadas
“Suspendimos el seguimiento de 300 pacientes con HIV porque no llegan los medicamentos.”
— Coordinador de programa de ITS en Córdoba
“Los partos están volviendo a hacerse en casa, sin controles previos, porque las mujeres no pueden acceder a ecografías.”
— Obstetra del Hospital Fiorito
Esto no es improvisación. Es ideología pura. El gobierno de Milei no cree en la salud pública. Cree en la competencia. En que si querés atención médica, tenés que pagarla. Si no podés, es culpa tuya.
Es el mismo modelo que fracasó en Chile, y que hoy Milei intenta copiar sin anestesia. Con el aval del FMI, los laboratorios, y los dueños del negocio de la salud.
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