Sin embargo, la realidad es que los escándalos también llegaron al Gobierno con la causa de los aportantes truchos, la investigación de los Panamá Papers, el reciente caso del falso abogado Marcelo D´Alessio por escucha ilegal y extorsión, y hasta se vinculó a uno de sus jefes comunales con el narcotráfico. Una vez más, Cambiemos cae en el ojo de la tormenta por uno de sus representantes. En esta oportunidad, las miradas apuntan contra el viceintendente de la ciudad correntina de San Roque, José Altamirano, quien podría quedar suspendido en sus funciones en los próximos días tras ser denunciado penalmente por presunta corrupción.

La demanda penal con pedido de suspensión contra el segundo del jefe comunal oficialista fue presentada por la concejal peronista Adriana Carmagnola, quien logró el respaldo del arco político local. De este modo, la funcionaria opositora solicitó el juicio político contra viceintendente local de Cambiemos bajo la sospecha de haber cometido actos de corrupción desde su rol en la administración pública.

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Altamirano fue denunciado penalmente por corrupción y está citado para declarar acusado de haber cobrado un sueldo como empleado del Senado nacional mientras percibía otro como presidente del Concejo Deliberante de la ciudad correntina de San Roque. Desde el ámbito político ya se lo conoce como el «viceintendente ñoqui» porque hace casi un mes fue demandado ante la fiscalía de Instrucción de Goya tras haber percibido doble haber entre el Concejo Deliberante y el Congreso de la Nación.

Y es que descubrieron que el funcionario oficialista figuraba como empleado de la Cámara alta, más precisamente dentro del despacho del legislador nacional Pedro Braillard Poccard, según consta en la presentación hecha en contra del viceintendente. Por ahora, la causa se encuentra en manos del juez de Instrucción de Goya, Darío Ortiz, en «autos caratulados ´Altamirano José Roberto por supuesto fraude a la Administración Pública Art. 174 inc. 5 San Roque´», en el expediente PXG 31996/19.

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En ese contexto, el denunciado ya fue citado para declarar ante la Justicia el próximo 19 de junio en calidad de imputado, por decisión del magistrado Ortiz. De esta forma, resta que la investigación contra el oficialista bajo la lupa determine cómo es que cumplía sus funciones en el Concejo si, en paralelo, mantenía sin pedir licencia su trabajo en la asociación local de agua potable AVESA.

Por otro lado, cabe destacar que, según manda la legislación vigente su función pública es prioridad y no puede ser superada por otra actividad, aunque esta sea privada, en su jornada laboral. En este caso, según la denuncia en su contra, Altamirano estaría gozando de un triple sueldo, pero la incompatibilidad estaría en que ese trabajo privado le restaría tiempo a su responsabilidad como autoridad máxima del Concejo Deliberante.

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