El gremio de profesionales del Hospital Garrahan presentará este martes una denuncia penal contra los responsables políticos y administrativos del hospital, mientras se agudiza una crisis sanitaria sin precedentes. Más de 200 trabajadores renunciaron desde el inicio del gobierno de Javier Milei, los residentes están en paro y los jefes de servicio ya no dan abasto. La atención pediátrica de alta complejidad para todo el país está en jaque y los trabajadores acusan directamente al presidente y al ministro de Salud Mario Lugones por la emergencia.

Crisis total en el Garrahan: “Hoy no hay nadie en las camas”

Este martes 27 de mayo, la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan presentará una denuncia penal por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de pacientes” contra las autoridades del centro pediátrico más importante del país. La medida es consecuencia directa de una situación extrema que, según denuncian desde el propio hospital, compromete gravemente la atención de niños y niñas de todo el país.

El epicentro del reclamo se vivió este lunes, cuando “cientos de médicos, profesionales, técnicos y trabajadores se concentraron frente a la Dirección del hospital para alertar que se ha llegado al piso total de crisis de atención”, según confirmó la secretaria general de la APyT, licenciada Norma Lezana.

“Hoy se vivió una escena de zozobra. Las camas están sin cobertura. Los residentes no dan más, están en paro por tiempo indeterminado y los jefes de servicio tienen que estirar sus jornadas para intentar sostener lo insostenible”, resumió la dirigenta gremial. El Garrahan, un hospital que desde su fundación se concibió con una jornada extendida para garantizar calidad, interdisciplinariedad y evitar el pluriempleo, está al borde del colapso funcional. Y la causa, según APyT, tiene nombre y apellido: Javier Milei.

Una bomba sanitaria armada desde Casa Rosada

La denuncia penal se presenta en un contexto de descomposición laboral sin precedentes. Desde que comenzó la gestión libertaria, ya renunciaron más de 200 trabajadores y trabajadoras del hospital, que no fueron reemplazados. Esto se traduce en guardias descubiertas, turnos que se suspenden y sectores enteros desmantelados. A eso se suma el paro indefinido de médicos residentes, quienes —a pesar de sostener buena parte del sistema de atención— perciben un salario que ni siquiera llega a los 750 mil pesos.

“Estamos ante un abandono planificado. Esto no es un error de gestión. Es un ajuste que se ejecuta con plena conciencia, sabiendo que lo que se está desmantelando es la salud de las infancias”, sostuvo Lezana.

Desde APyT aseguran que el personal está siendo forzado a trabajar más allá de su jornada habitual sin retribución adicional, sin condiciones mínimas, y con un creciente deterioro de su salud física y mental. “Las autoridades no ofrecen soluciones, solo mandan notas pidiendo que cada sector se las arregle como pueda. Pero ya no se puede más. No hay médicos disponibles, no hay residentes, no hay refuerzos. ¿Qué quieren? ¿Qué los pacientes se atiendan solos?”, denunció la secretaria general.

Jornada de lucha y asamblea general

Este martes a las 13 horas se realizará una asamblea general en el auditorio del Garrahan para debatir la continuidad del plan de lucha, con la posibilidad de un nuevo paro el jueves. Participarán residentes, becarios, médicos de planta, administrativos y jefaturas, que ya manifestaron estar “en estado de alerta y movilización permanente”.

La gravedad del conflicto también tendrá eco en el Congreso Nacional: el próximo viernes 30 de mayo a las 15 horas, se realizará una audiencia pública con diputados y senadores de todos los bloques. Allí, los profesionales exigirán el tratamiento urgente de una ley de financiamiento integral y estable para el Garrahan, con presupuesto garantizado y condiciones de trabajo dignas.

“La responsabilidad política está clara”, subrayó Lezana. “El 80 por ciento del hospital depende del gobierno nacional, bajo la órbita del ministro Mario Lugones. El 20 restante corresponde a Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad. Ambos están dejando morir el sistema desde adentro”.

El derecho a la salud infantil, bajo ataque

La APyT sostiene que esta crisis es el resultado directo del desinterés gubernamental y del ajuste fiscal salvaje impulsado desde el Ejecutivo nacional. El propio DNU firmado por Javier Milei —cuya inconstitucionalidad ya fue denunciada judicialmente— busca restringir el derecho a huelga de los trabajadores de la salud, agravando aún más el cuadro de situación.

“La salud pública está siendo atacada desde todos los frentes. Pero lo que ocurre en el Garrahan no es cualquier cosa: es la expresión más brutal de lo que significa desfinanciar el sistema en nombre de la motosierra. Acá no se trata solo de salarios bajos o malas condiciones laborales, acá se está poniendo en riesgo la vida de miles de niños y niñas de todo el país que vienen al Garrahan como último recurso”, expresó la dirigenta gremial.

La crisis no se calla: la denuncia penal como herramienta de lucha

Este martes, la APyT formalizará ante la justicia penal su denuncia contra las autoridades del hospital. “Estamos hablando de abandono de personas. No se puede naturalizar que los funcionarios responsables de garantizar la atención médica actúen con esta indiferencia criminal”, insistió Lezana.

La presentación será acompañada por una campaña pública para visibilizar la situación crítica que atraviesa el hospital. Desde el gremio advierten que no se detendrán hasta lograr respuestas concretas: “Vamos a defender cada cama, cada turno, cada niño. No nos vamos a rendir”.