La situación en Argentina se agrava cada día más bajo el gobierno de Javier Milei, con políticas que parecen diseñadas para exacerbar la crisis en lugar de aliviarla. En el centro de la controversia está Marcela Pettovello, al mando del Ministerio de Capital Humano, cuya gestión ha sido duramente criticada y ahora enfrenta complicaciones legales serias. Nicolás Rechanik, abogado de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), ha sido una voz incisiva en este tema, revelando las falencias del ministerio y el daño causado a las comunidades más vulnerables del país.

Durante una entrevista con Julia Mengolini en Futurock, Rechanik no se guardó nada: “Ya son ocho los jueces que están diciendo que el Ministerio tiene que cumplir con una norma básica y garantizar los programas alimentarios”. Esta afirmación es una acusación directa a la gestión de Pettovello, cuya incapacidad para cumplir con estas normativas básicas refleja un desprecio por las necesidades urgentes de la población.

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Rechanik detalló que existen dos causas judiciales en contra del Ministerio de Capital Humano. La primera es una causa penal relacionada con los galpones de almacenamiento, y la segunda es un amparo colectivo que busca asegurar la plena vigencia de los programas alimentarios del ministerio. La gravedad de estas causas muestra un panorama alarmante sobre cómo se están manejando los recursos destinados a los más necesitados. “Una vez más, la justicia nos da la razón. Tienen que garantizar los programas alimentarios”, subrayó Rechanik, evidenciando el fracaso del gobierno en cumplir con sus obligaciones más básicas.

En una demostración clara de negligencia, Rechanik reveló que “El Ministerio simplemente dejó de comprar y distribuir la comida. El juez determinó que tienen que volver a hacerlo”. Esta declaración no solo destaca la inacción del Ministerio, sino que también pone en relieve las consecuencias devastadoras de tales decisiones. La desconexión entre lo que el Ministerio comunica en los medios y lo que realmente ocurre es evidente. “Las cosas que dice el Ministerio de Capital Humano en los medios no es lo mismo que plantea en los expedientes”, añadió Rechanik, denunciando la falta de transparencia y la manipulación de la información pública.

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El abogado también criticó la falta de argumentos del Ministerio de Capital Humano. “Capital Humano no argumenta nada, solo dice que están haciendo lo mismo que en el 2023. El juez le pide que lo demuestre”, dijo, resaltando la necesidad de que las autoridades demuestren de manera tangible sus acciones y no se limiten a declaraciones vacías. En este contexto, la justicia reafirma que “los merenderos y los comedores son un medio para garantizar el derecho de alimentación”, una sentencia que el gobierno de Milei parece ignorar deliberadamente.

La pérdida de los comedores comunitarios sería catastrófica, no solo por la alimentación que proveen, sino porque actúan como el último bastión comunitario contra el narcotráfico, según Rechanik. Esta afirmación resalta la interconexión entre la seguridad alimentaria y la seguridad social, un aspecto que el gobierno parece no comprender o, peor aún, ignora intencionalmente.

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La situación se complica aún más con el procurador Barra presentando un recurso contra la cautelar que obliga al ministerio a restablecer los programas alimentarios. Este recurso representa un intento más del gobierno de evadir su responsabilidad y prolongar el sufrimiento de miles de argentinos. “Yo espero que en algún momento prime la racionalidad. No sé qué piensa Pettovello sobre lo que va a pasar con ella penalmente”, concluyó Rechanik, dejando en claro la incertidumbre y el riesgo legal que enfrenta la funcionaria.

Bajo la administración de Milei, Argentina se desliza peligrosamente hacia una crisis humanitaria, impulsada por decisiones gubernamentales que desprotegen a los más vulnerables. La falta de acción del Ministerio de Capital Humano, dirigido por Pettovello, y la resistencia a cumplir con las órdenes judiciales de garantizar la alimentación, reflejan una gestión insensible y desconectada de las realidades del pueblo. Es imperativo que la sociedad y las instituciones ejerzan presión para revertir estas políticas destructivas y asegurar que los derechos básicos de todos los argentinos sean respetados.

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— En Orsai (@EnOrsai) July 14, 2024