Según la denuncia, el gobierno destinó 120 millones de pesos para su construcción y planea concesionarla a una empresa privada por un canon mensual de 250 mil pesos, lo que equivale a 622 pesos por metro cuadrado.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de la gestión macrista en la capital para colocar bares y confiterías en parques y plazas, una medida que ha generado resistencia por parte de comerciantes, vecinos y opositores políticos. Ahora, el gobierno porteño busca implementar esta idea en la costanera norte.

La confitería en cuestión, llamada "El espacio gastronómico con vista al Río", fue construida con fondos públicos y será concesionada a la empresa Cunumí SA, que ganó la licitación. Sin embargo, la elección de esta empresa ha generado controversia, ya que está vinculada al macrismo porteño. Cunumí SA ha obtenido ganancias significativas a través de licitaciones públicas, incluyendo proyectos de veredas, colocación de bolardos y construcción de viviendas.

La concesión de la confitería por parte del gobierno a Cunumí SA ha despertado críticas sobre el enriquecimiento de empresarios amigos del poder a expensas de los ciudadanos. La ingeniera María Eva Koutsovitis, precandidata a Jefa de Gobierno por El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, denunció este hecho como un ejemplo más de cómo se benefician a empresarios a costa de los bienes comunes de la ciudad.

El Observatorio del Derecho a la Ciudad señala que el costo total de la construcción de la confitería superó los 117 millones de pesos, es decir, 15 millones más de lo presupuestado inicialmente. Además, resalta que el canon mensual de 250 mil pesos para la concesión es una ganancia asegurada para la empresa, sin inversión ni riesgo empresarial.

La denuncia también destaca el incumplimiento de las normativas vigentes, ya que el local gastronómico se encuentra en una zona designada como Urbanización Parque (UP) según el Código Urbanístico, donde se prohíbe su privatización. Esto va en contra de la Constitución de la Ciudad y diversas ordenanzas.

En resumen, la construcción de la confitería en el Parque de la Memoria y su posterior concesión a una empresa privada ha generado críticas por parte del Observatorio por el Derecho a la Ciudad. Se cuestiona el uso de fondos públicos para beneficiar a empresarios amigos del poder y la privatización de espacios públicos, incumpliendo las normativas existentes.