Un nuevo estudio global de UNI Global Unión y la Confederación Sindical Internacional (CSI) ha encontrado que el 98 por ciento de los trabajadores del mundo no reciben la paga por enfermedad, el reemplazo de salario y los beneficios sociales que necesitan para soportar los impactos del COVID-19.

El informe, COVID-19: Una enfermedad ocupacional: donde los trabajadores de primera línea están mejor protegidos, analizó y clasificó los niveles de compensación laboral, programas de seguridad social y sistemas de salud pública en 181 jurisdicciones nacionales y regionales. Esto incluyó 124 países, así como 37 estados de EE. UU., 13 provincias y territorios canadienses y siete estados australianos.

Los cinco primeros países del informe fueron Argentina, seguido de Austria, Suecia, Francia y España.

Las diez jurisdicciones mejor calificadas en general en el estudio, que incluyeron Argentina, Massachusetts, New Hampshire y Nueva Jersey, brindan el mejor apoyo para los trabajadores afectados por COVID-19. Sin embargo, estas jurisdicciones representan solo el 2 por ciento de la población activa mundial, lo que deja a la gran mayoría de los trabajadores con provisiones y beneficios limitados si se ven afectados por el virus.

Un poco más de la mitad (98 jurisdicciones) reconocen COVID-19 como una enfermedad ocupacional a través de un proceso regulatorio formal, lo que permite a las personas que han contraído el coronavirus en el trabajo acceder a protecciones y derechos sociales, como la paga por enfermedad, la atención médica y el reemplazo de salario, que de lo contrario se negará. Este reconocimiento es particularmente importante para los trabajadores que sufren de COVID prolongado y otras complicaciones continuas de la enfermedad.

Sin embargo, incluso cuando se reconoce que COVID-19 es una enfermedad ocupacional, los gobiernos a menudo niegan injustamente los beneficios porque los trabajadores no pueden demostrar que contrajeron el virus en el trabajo. Para remediar este problema, algunas jurisdicciones (el 6 por ciento de las examinadas) han adoptado presuntas leyes o políticas, lo que significa que se supone que la enfermedad se contrajo en el trabajo. Este paso crítico elevó las respuestas de estos países a la pandemia a lo más alto de la clasificación.

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