El Gobierno de Javier Milei no se detiene en su ofensiva de ajuste y esta vez el golpe fue dirigido a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad: las personas con discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) publicó en el Boletín Oficial una resolución en la que se retoman categorías de principios del siglo XIX para clasificar a las personas con discapacidad intelectual como "idiotas", "imbéciles" o "débiles mentales". Un escándalo de dimensiones gigantescas que no fue un exabrupto ni un error: fue la decisión consciente de un grupo de burócratas que, con la complicidad del Ejecutivo, avaló una terminología degradante y, lo que es peor, la utilizó como justificación para un ajuste despiadado.

La repercusión fue inmediata. El repudio generalizado obligó a renuncias dentro de la agencia y a un intento de retractación por parte del Gobierno, que calificó la situación como un "error". Sin embargo, detrás de la polémica semántica hay un trasfondo mucho más grave: un recorte brutal de pensiones y derechos para miles de personas con discapacidad.

La presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad, Mariel Chapero, alertó sobre lo que está ocurriendo: "Desde el año pasado se está auditando masivamente todas las pensiones no contributivas. Para 2025, el Gobierno ya presupuestó 170.000 pensiones menos que el año pasado. Esto no es un error, es una política deliberada".

La cacería de personas con discapacidad

El proceso de ajuste sobre las personas con discapacidad ya está en marcha. "La semana pasada comenzaron a llegar cartas documento a personas con discapacidad en Rosario, generando una enorme angustia e incertidumbre", relató Chapero. Y es que perder una pensión no es solo perder un ingreso económico. "No es sólo el dinero, que ronda los 180.000 a 190.000 pesos mensuales. Perder la pensión implica perder el acceso al Programa Federal Incluir Salud, que garantiza tratamientos, rehabilitación, transporte y otras prestaciones vitales", detalló.

La resolución publicada por el Gobierno establece que para conservar una pensión por discapacidad intelectual es necesario contar con un "retraso mental grave". Es decir, según esta lógica, si el retraso mental no alcanza el umbral de "idiota" o "imbécil", entonces la persona no es lo suficientemente discapacitada para recibir la ayuda del Estado. "Esto es lo que asusta: que ahora la discapacidad deba ser extrema para acceder a derechos", advirtió Chapero.

Un retroceso de 200 años

La indignación no solo radica en el recorte de pensiones, sino también en la manera en que el Gobierno decide categorizar a las personas con discapacidad. "Nunca vi un manual ni una normativa que use estos términos. Son conceptos de hace 200 años, acuñados por la psiquiatría del siglo XIX. Argentina tiene desde 2008 una ley de salud mental que establece otro paradigma, basado en los derechos humanos", explicó Chapero.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina incorporó con rango constitucional hace una década, obliga al Estado a garantizar derechos y promover la inclusión, no a eliminar pensiones con criterios medievales. "En los últimos años se avanzó en la restitución de derechos. Este retroceso brutal no puede ser casual", agregó.

El ajuste disfrazado de auditoría

El argumento del Gobierno es que hay que auditar las pensiones para evitar fraudes. Pero, como señaló Chapero, "si ya desde el presupuesto se prevé un recorte de 170.000 pensiones, es inevitable sospechar que el objetivo real no es la transparencia, sino el ajuste".

Bajo esta lógica, miles de personas podrían quedar desprotegidas. "¿Qué va a pasar con las personas con discapacidad intelectual moderada? ¿Qué va a pasar con niños, niñas y jóvenes que aún no están en edad de trabajar?", se preguntó la especialista.

Conclusión: un plan de ajuste cruel y despiadado

El episodio de la terminología medieval en la resolución del Gobierno no es un hecho aislado ni un error administrativo. Es un símbolo brutal de una política de ajuste que golpea a los sectores más vulnerables. Detrás del insulto, está el recorte. Detrás de la categoría "idiota", está la decisión de dejar sin prestaciones de salud, rehabilitación y educación a quienes más lo necesitan.

Si el Gobierno buscaba una forma de desnudar su insensibilidad y desprecio por los derechos humanos, lo logró con creces. Y la indignación social que generó esta decisión es la prueba de que hay límites que no pueden cruzarse sin consecuencias.