"El "arrepentido" Mario Rovella pidió la nulidad de su declaración y aportó un instrumento público confeccionado ante escribano un día antes de declarar ante el exjuez Bonadío. en el que dejó constancia de que iba a mentir para conservar la libertad.

Uno de los empresarios más importantes del país, Mario Ludovico Rovella, le pidió al tribunal oral que tiene asignada la Causa Cuadernos que anule su declaración como arrepentido. ¿La razón? La “confesión” sobre supuestos pagos ilegales a funcionarios del gobierno 2003 – 2015 fue “obtenida bajo coerción”. ¿La prueba? Un documento firmado ante escribano público el día antes de declarar como arrepentido ante el difunto juez Claudio Bonadio.

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Al final, era cierto.

Desde el inicio de la Causa Cuadernos circulaba la versión que indicaba que los empresarios eran compelidos a reconocer delitos, como arrepentidos, a cambio de no ir presos. Rovella presentó ante los integrantes del Tribunal Oral Federal número siete su documento, confeccionado el 28 de febrero de 2019, un día antes de declarar ante Bonadio, quien tenía un juego de esposas listo para él.

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La escritura número 28 fue confeccionada por el escribano Diego Ignacio Achával y quedó resguardada en un sobre cerrado, lacrado y firmado. Así permaneció hasta ayer, cuando fue entregada al tribunal. El documento afirma que el juez Bonadio, “en franca violación a elementales derechos constitucionales, entre ellos, el de no ser compelido a declarar contra uno mismo, procedió a privar ilegalmente de la libertad a distintas personas por el sólo hecho de que no reconocieron y confesaron los presuntos delitos que se les atribuye, remitiéndolos detenidos a distintas unidades penitenciarias; en cambio, quienes sí reconocen los delitos y validan los dichos de una persona que se adhirió al régimen de la delación premiada, me refiero al Sr. Ernesto Clarens, mantienen su libertad ambulatoria”.

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— Paulo Eduardo König (@PauloKonig) February 21, 2024

Clarens era sindicado en los medios como “el financista de los Kirchner”. Bonadio llegó a él por una vía indirecta, casi independiente de las anotaciones del chofer Oscar Centeno. Clarens también declaró como arrepentido. A todos los que señaló, el juez terminó subiéndolos a la “calesita” que por entonces no tenía “sortijas para todos”.

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La escritura pública que firmó Rovella explicó: “Ante esa situación, que estimo abiertamente ilegal, y dado que no admito ser privado ilegalmente de mi libertad, me encuentro en el estado de necesidad de tener que reconocer, sin que sean verdad, ciertos hechos al sólo efecto de evitar ir a prisión injustamente. Esos hechos que me veo obligado a admitir no resultan ser verdaderos”. En el sobre hay decenas de documentos que acreditan el contenido de la Escritura.

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Los abogados de Rovella, Pablo Medrano y Enrique Arce, pidieron “la nulidad de la declaración indagatoria que el juez instructor le recibió” al empresario, socio de Rovella – Carranza, una de las constructoras más importantes de la Argentina y frecuente adjudicataria de obra pública. La declaración del 1º de marzo de 2019 “fue obtenida bajo coerción”. Peor aún: según la presentación ante el tribunal oral, “la ‘confesión’ del Sr. Rovella fue obtenida sobre la base de tormentos”.

La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, incorporada a la Constitución Nacional en la reforma de 1994, define como tortura a “todo acto por el cual se inflijan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona”.

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“Nuestro representado –añade la defensa de Rovella- se vio forzado a reconocer haber efectuado las entregas de dinero que figuraban en un listado confeccionado ad hoc por el co-imputado Ernesto Clarens”. Y agrega: “tal ‘confesión’ fue obtenida bajo la intimidación -expresada en concretos actos procesales irregulares (arbitrarios) previos llevados a cabo por el juez instructor (inquisidor)-, que consistía en que los imputados que no admitían y validaban las anotaciones perdían su libertad ambulatoria”.

“Para dejar constancia de que su voluntad se encontraba viciada, asentó en un instrumento público la situación ilegítima a la que se hallaba sometido”. Rovella no corrió a una escribanía para contar su verdad después de declarar. Lo hizo antes, porque quería dejar constancia de que al día siguiente iba a mentir para que Bonadio escuchara lo que quería escuchar y, de esa manera, conservar la libertad.

“Rovella concurrió ante el escribano Diego Ignacio de Achával, a quien le requirió que conservara en su poder un documento que daba cuenta de cuál era su verdadera voluntad y el motivo –el temor cierto de que iría preso- por el que se veía compelido a ‘confesar’ hechos que lo incriminaban (y que no eran ciertos)”."

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