El agua ya no es un derecho: Milei avanza con la privatización de AySA y habilita los cortes por falta de pago Por Redacción Enorsai

El decreto 493/2025, firmado por el gobierno de Javier Milei, marca un nuevo hito en la entrega de los bienes públicos. El texto permite la privatización de AySA, habilita el corte del suministro de agua a quienes no paguen en 60 días y deja atrás el reconocimiento del agua potable como un derecho humano esencial.

“El agua ya no es un derecho, es un bien común”, establece el decreto. Bajo esta lógica, el acceso al agua deja de estar garantizado para toda la población y se transforma en un recurso transable, medible y comercializable. ¿La consecuencia? Quien no pueda pagar, no tomará agua.

Una concesión para hacer caja

El 90% del capital accionario de AySA está en manos del Ministerio de Economía. Según el nuevo decreto, ese paquete accionario podrá ser usado como garantía financiera: el Estado se endeuda poniendo el agua como respaldo. El servicio se medirá con nuevos dispositivos que, según denuncian los especialistas, encarecen brutalmente la tarifa.

Se crea además el ERAS, un nuevo ente regulador del agua y saneamiento, cuya función y mecanismos de control no están definidos. Mientras tanto, se abre la puerta para firmar convenios con empresas extranjeras. ¿La favorita? MECOROT, la polémica compañía estatal israelí.

MECOROT, el fantasma privatizador

En 2022, Wado de Pedro y varios gobernadores firmaron acuerdos con MECOROT, la empresa israelí que controla el agua en su país. Entre los convenios figura el uso integral de acuíferos, ríos y napas, es decir, todo el sistema hídrico argentino. Hoy, ese asesoramiento podría transformarse en control directo del servicio.

Las provincias involucradas son Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y Formosa. La historia de MECOROT no es tranquilizadora: en Palestina, fue denunciada por desviar el río Jordán hacia asentamientos ilegales, dejando sin agua a millones de personas.

El modelo Milei: endeudamiento y saqueo

Con el nuevo marco legal, las empresas privadas no solo podrán cobrar por el agua: también podrán usar la concesión para conseguir créditos y hacer negocios especulativos. El texto del decreto incluso permite que los fondos obtenidos por la tarifa se usen como garantía para otros préstamos.

Pero lo más grave es que se elimina cualquier obligación de universalizar el servicio. No hay metas, plazos ni compromisos reales para extender el acceso al agua en barrios populares. El caso de Papa Francisco en San Francisco Solano es ejemplar: AySA nunca conectó el caño maestro. Ahora, los nuevos concesionarios podrán poner canillas públicas en la entrada de los barrios y demandar a los vecinos si no cumplen con los estándares técnicos de conexión.

Dependencia geopolítica y colonialismo hídrico

El decreto también reactiva acuerdos históricos con Israel, algunos de los cuales se remontan a 1995. En aquel entonces, el embajador Isaac Avirán –célebre por sus declaraciones violentas y nunca esclarecidas sobre el atentado a la AMIA– firmó convenios con La Pampa. Los vínculos se fortalecieron luego con el macrismo y ahora se consolidan con Milei.

En un mundo donde el agua vale más que el oro, entregar su gestión a una empresa extranjera –y además alineada estratégicamente con Estados Unidos y el bloque de la guerra– implica renunciar a la soberanía sobre un recurso vital. En el RIGI ya se especifica que las empresas tendrán prioridad sobre el agua frente a las poblaciones locales.

“El sistema no está funcionando”

La columna de Esteban Boxler en Radio 10 lo sintetizó de forma brutal: “Todo esto va generando violencia. Y es vida que se pierde”. A modo de ejemplo, relató cómo al día siguiente de habilitarse el corte de agua por falta de pago, AySA le envió un aviso de deuda pese a tener el débito automático al día. “¿Cómo puede ser? Llamás al banco, al proveedor, a la tarjeta y nadie se hace cargo. Eso no es servicio público: es una trampa diseñada para hacer negocio con la desesperación”.

Lo mismo sucede con Edesur, donde le facturan un departamento de hace 30 años. “Estamos pagando lo que consumen en otra dirección. Y nos dicen que si no sabemos el número del medidor, no podemos reclamar. ¿Quién puede vivir así?”

Volvemos a tropezar con la misma piedra

La historia ya la vivimos en los ‘90: privatizaciones, facturas impagables, cortes, abandono y promesas incumplidas. La privatización del agua no solo es peligrosa: es criminal. Porque el agua es vida. Y sin agua, no hay pueblo. Solo hay clientes, deudores y condenados a la sed.

Relacionadas:

• Milei vende el RIGI al mejor postor y las corporaciones se quedan con todo
• YPF ya no es del Estado: el verdadero CEO de la energía se llama Paolo Rocca
• AySA, privatización del agua, decreto 493/25, Javier Milei, MECOROT, derecho al agua