"En el corralito había una especie de mafia judicial que violaba reglamentaciones del estado", agregó y remarcó "El macrismo sacó todas las restricciones y anticipó importaciones por un año, lo que automáticamente generó una defraudación al fisco".

En diálogo con El Destape Radio, Sbatella sostuvo “la fiscalización en todo el sistema del Paraná se hace sobre lo que se declara del barco pero no se ingresa al mismo, confiando en lo que se dice" y añadió "En los 90s hubo todo un plan del FMI que eliminó la aduana".

LA ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ:

En otra entrevista, Sbatella, habló sobre el problema de la evasión impositiva endémica en nuestro país: “Se estima que hay 400 mil millones de dólares fuera del país, es la plata que se acumuló en los sectores importantes, porque no son las pymes la que se llevan la plata, sino que a través de toda la ingeniería contable ellos van generando una apariencia de legalidad, lo que hace que la riqueza argentina este afuera.

La legislación y todo el entramado judicial que está detrás de esto les permite con las cautelares, habilitar importaciones para que ellos accedan al dólar oficial, para generar ganancias con el dólar ilegal en el mercado negro.

El especialista también destacó “la coordinación de los organismos” que existía hasta el 2015: “Había un esfuerzo muy grande en la articulación de la UIF con la AFIP, la Comisión Nacional de Valores e incluso con el INAES. Todo se desguazó. El andamiaje desde el poder ejecutivo terminaba en la instancia judicial que era la Procelac que recibía las denuncias.

La parte judicial que hoy está limitada”. Y lamentó que “toda esa coordinación no se recompuso con este gobierno, los organismos trabajan de forma independiente y se pierden datos y la capacidad de aplicar la ley”.

“Hay incapacidad del estado para tratar de usar toda la fuerza, y hay miedo porque no es casual que las personas que hicimos un ejercicio práctico del poder de policía, estemos procesadas, tengamos juicios, cosa que nos invalidan políticamente porque los antecedentes que nos dejó Bonadío, intimidan.

Y claro, quienes tienen que tomar esas decisiones ven el estado en que quedamos las personas que actuamos y aplicamos la ley, y esconden la mano para la firma. Todo esto requiere de un compromiso mayor y más apoyo político”, concluyó.