"La persecución judicial armada contra dirigentes sindicales que exhiben inequívocamente las grabaciones aportadas por la AFI, resulta sencillamente repugnante a los valores democráticos por la profunda gravedad institucional que ellas conllevan", sostuvo la organización en un comunicado que difundió en su sitio web.

En ese sentido, señaló que se trata de "la más palmaria prueba de la existencia del lawfare que desplegó el anterior gobierno" durante "los cuatro años que gobernó, persiguiendo a opositores, dirigentes políticos, sociales, sindicales, empresarios, a través de inéditas prácticas ilegales, espionajes, amenazas y armado de causas judiciales".

"Estas prácticas pueden reconocer su origen en la última dictadura militar con secuelas cuya superación total aún son una deuda de la democracia", advirtió Justicia Legítima sobre los hechos revelados en el video de 2017, conocido días atrás, que derivó en una denuncia judicial presentada el lunes por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.

En ese contexto, advirtió "la impudicia del uso del aparato estatal para la persecución y armado de causas con el concierto judicial y del poder económico".

"También ha quedado en evidencia la plena participación del poder mediático", destacó la organización y afirmó que los "medios hegemónicos han ocultado de manera escandalosa las noticias sobre esta grave denuncia de la AFI y la individualización de los protagonistas, todos funcionarios del anterior gobierno".

De ese modo, indicó que eso se produjo "demostrando una complicidad evidente".

"No menos grave resulta el desenfreno del entonces funcionario de Vidal con su artera manifestación, no refutada por ninguno de los presentes, de aspirar a aplastar a las organizaciones de los trabajadores con un cuerpo represivo como la tristemente célebre Gestapo, la brutal policía secreta nazi", señaló Justicia Legítima sobre las manifestaciones del exfuncionario Marcelo Villegas, en el video.

Justicia Legítima, en ese sentido, señaló que "son ampliamente conocidas las prácticas criminales por fuera de toda legalidad, sus campos de concentración, las torturas y asesinatos que sufrieron millones de personas en esa etapa nefasta de la humanidad" por parte de la Gestapo.

"Su sola mención en ese contexto de la mesa judicial provincial, es parámetro suficiente para mensurar el desenfreno con que se movieron los integrantes de ese espacio político plagado de irregularidades que hizo uso y abuso del aparato del estado durante cuatro años", alertó la organización.

Asimismo, dijo que "ya teníamos la mesa judicial de Nación, ampliamente corroborada, y ahora la AFI encontró a la de la provincia".

Justicia Legítima recordó que denunció "largamente" el lawfare "que existió sin lugar a ninguna duda y aún perdura en algunos estamentos".

En esa línea, agregó que "varios de los funcionarios ya se encuentran investigados o procesados" y sostuvo que "por cierto, son muchos más los que deberían estar siendo observados por el radar judicial".

En ese contexto, mencionó, "entre otros, la misma gobernadora y su ex colaborador designado Procurador de la provincia, aún en funciones".

"Esperamos que esta utilización impúdica del aparato estatal, que a diario queda más en evidencia para el conjunto de la sociedad, active y ponga en movimiento a todos los poderes del Estado", expresó.

Y citó "especialmente al Poder Judicial que tiene pendiente la investigación y sanción a tanta violación a la ley, a través de estos mecanismos estatales ilegales cuyos responsables y protagonistas gozan de total impunidad hasta ahora". (Télam)