El gobierno nacional amplió la denuncia en la Justicia por el contrabando agravado de armas a Bolivia que habría realizado el expresidente Mauricio Macri y un conjunto de sus funcionarios, y aportó más pruebas ante el fuero Penal Económico.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, el de Justicia, Martín Soria, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, presentaron en el juzgado a cargo de Javier López Biscayart la documentación sobre el material hallado en los depósitos de la Policía Nacional de Bolivia.

Entre la misma, incluyeron fotografías de los 26.900 cartuchos de perdigón de goma; 28 gases aerosol; 19 gases aerosol; 55 granadas gas CN; 53 granadas gas H; 19 granadas gas CS y 2 granadas tipo béisbol.

"Las municiones recibidas por la Policía Boliviana no pudieron tener otro origen que no sea el envío por parte de la Gendarmería, a través del desvío de una parte de las 70.000 balas de gomas que Gendarmería sacó del país el 12 de noviembre de 2019 con el argumento de defender la embajada en el Estado Plurinacional de Bolivia", indicaron.

La ampliación de la denuncia también incorpora la documentación de vuelo de los registros del Ministerio de Defensa, en donde consta únicamente el material que Gendarmería solicitó el 11 de noviembre de 2019, pero no la carga "adicional" que solicitó el día 12, es decir, el presunto material contrabandeado: 70.000 municiones 12/70 AT y las granadas de gas.

También, consignaron que ese 12 de noviembre de 2019, el jefe del Grupo "Alacrán" de la Gendarmería, Fabián Manuel Salas, envió una nota formal a la Fuerza Aérea Argentina, haciéndole saber que se añadía a la carga del vuelo los 70.000 cartuchos calibres 12/70 AT, los gases lacrimógenos y las granadas de mano.

Por otro lado, también investigan la supuesta presencia del comandante de Gendarmería, Adolfo Héctor Caliba, en la pista de aterrizaje del Alto, en Bolivia, la madrugada en la que llegó el Hércules C-130 con los pertrechos bélicos y los Alacranes.