El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima interpuso este lunes cuatro peticiones de juicios de responsabilidades contra Jeanine Añez y sus excolaboradores por los casos de concesión irregular de ampliación de contrato con Fundamepresa, el millonario daño económico al Estado por el préstamo ilegal del Fondo Monetario Internacional (FMI), persecución amparada en supuestos delitos contra la salud pública, y vulneraciones contra ciudadanos bolivianos que permanecieron durante semanas en la frontera con Chile impedidos de volver al país.

“Esta mañana en la ciudad de Sucre se han presentado cuatro proposiciones acusatorias en relación a graves hechos de corrupción que se dieron durante la gestión del gobierno de facto presidido por la señora Añez”, dijo el Ministro de Justicia en conferencia de prensa.

Dos de las acciones tienen que ver con el delito de daño económico al Estado, en el primer caso se sostiene que el Gobierno de facto a través de un decreto supremo concedió de manera irregular un Registro de Comercio por 15 años a Fundamempresa.

La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez fue trasladada este lunes a una cárcel en La Paz en la que se habilitó un espacio de aislamiento por protocolos de la covid-19 por 15 días para que luego ocupe un dormitorio común «sin privilegios» junto a las demás internas... pic.twitter.com/b8AkB8lyVg

— Class 98.7FM Noticias (@Class987FM) March 16, 2021

El segundo caso tiene relación con el daño económico al país de alrededor de 24 millones de dólares por el crédito irregular obtenido del FMI sin autorización de la Asamblea Legislativa.

“Esos dos casos los hemos llevado como Viceministerio de Transparencia por los graves indicios de corrupción y afectación a los interese del pueblo boliviano”, indicó Lima.

Por los delitos de Uso Indebido de Influencias, Resoluciones Contrarias a la Constitución y Conducta Antieconómica, y otros delitos, fueron acusados ante la Fiscalía General del Estado, José Abel Martínez (exministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural), Adhemar Guzmán Ballivian (exministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural), José Luis Parada Rivero (exministro de Economía y Finanzas Públicas) y Guillermo Aponte Reyes Ortiz (expresidente Ejecutivo del Banco Central de Bolivia).

Añez, mediante el Decreto Supremo 4356 de 29 de septiembre de 2020, amplió la concesión del Registro de Comercio para esa instancia por 15 años adicionales, vale decir, hasta el 29 de septiembre de 2036 y subsecuentemente a ello, autorizó al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, la suscripción de la Adenda al Contrato de Concesión, documento que no sólo modificó el plazo de la concesión, sino también los porcentajes de distribución de los recursos entre el Estado y Fundempresa, en total inobservancia a lo dispuesto en el Decreto Supremo 26215.

Por otro lado, Añez, Parada y Aponte también fueron acusados por Resoluciones Contrarias a la Constitución y Conducta Antieconómica, cuando de manera ilegal y sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través del Decreto Supremo 4277 de 26 de junio de 2020, se dispuso la transferencia de recursos a través del IFR, para hacer efectivo el crédito de Bs2.244.356.358,48 ante el FMI. Ese proceso generó desde el mes de abril, un daño patrimonial al Estado por cobro de intereses cuyo monto final asumido por el Estado ascendió a 24.3 millones de dólares estadounidenses.

Lima presentó una tercera acusación por vulneración al derecho de libertad de expresión cuando Añez puso en vigencia el Decreto Supremo 4200. Con esa norma utilizó la pandemia por coronavirus como pretexto para penalizar la disidencia y otras libertades y derechos de centenares de personas.

Almagro nunca se pronunció por los 36 asesinatos, más de 800 heridos, 1.500 detenidos ilegalmente y el centenar de perseguidos. No nos extraña su defensa a Áñez porque él también debería ser juzgado por propiciar el golpe de Estado y por crímenes de lesa humanidad en #Bolivia.

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) March 15, 2021

Esa norma presidencial criminalizaba las acciones de “los individuos que informen mal o causen incertidumbre a la población” para someterlos a “cargos penales por delitos contra la salud pública”.

Finalmente el titular de Justicia, presentó una cuarta solicitud para juicio de responsabilidades por el caso de bolivianos que durante semanas fueron impedidos de retornar al país y permanecieron en condiciones inhumanas en la frontera con Chile, en medio de la primera ola de la pandemia.

Niños, ancianos y mujeres embarazadas eran parte del grupo de bolivianos que fueron impedidos de ingresar al país por el paso terrestre, mientras que otros ciudadanos que retornaban al país vía aérea recibieron otro trato, lo que generó el reclamo de grupos de defensa de los derechos humanos.

????????: ?? #Internacionales ? ???? El ministro de Justicia y Transparencia de #Bolivia, Iván Lima, pidió una pena de 30 años de cárcel para la expresidenta golpista, Jeanine Áñez, que se encuentra actualmente bajo prisión preventiva por sedición, conspiración y #terrorismo

— Leonardo Mederos (@leonysradio) March 16, 2021