Los cargos se desprenden de la imputación leída ayer a los acusados indagados y en la que se les atribuyó ser parte de "una organización con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, integrada por una cantidad indeterminada de personas, entre quienes se encontraban funcionarios públicos y agentes de distintas Fuerzas de Seguridad y de Inteligencia", informaron a Télam fuentes judiciales.

"Esta organización se habría dedicado, mediante el uso abusivo y sistematizado de medios investigativos ilegales o bajo un aparente manto de legalidad, a la realización de seguimientos, toma de vistas fotográficas, obtención de video filmaciones, recopilación de datos y confección de informes personales", agregó la acusación del juez.

También al "acceso ilegítimo a base de datos, a la infiltración en distintos grupos y organización sociales y a provocar el inicio irregular de investigaciones judiciales, entre otras maniobras ilícitas, afectando la intimidad de las victimas".

Además se habría colocado a las víctimas "en situaciones de vulnerabilidad, como ser el desprestigio personal, la violencia moral y la coacción psicológica, entre otras".

"Todo ello, tuvo por finalidad influir en la situación institucional, política, social, judicial y económica del país, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo", agregó la imputación judicial.

La acusación sostiene que la actividad ilegal se habría iniciado en 2017 para obtener información ilegal sobre "acciones privadas, opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones religiosas, partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollaran las víctimas en cualquier esfera de acción".