Agustina Sosa-Especial para Infobaires24 El jueves 5 de junio, la Justicia allanó la Municipalidad de Río Segundo tras las denuncias periodísticas emitidas en el programa del periodista Tomás Méndez.

El programa ADN mostró- en un extenso informe- supuestos casos de corrupción en 27 viviendas no realizadas del Plan Nacional Casa Propia (cuyos fondos habrían sido recibidos durante el gobierno del expresidente Alberto Fernández), fondos provinciales para un vacunatorio y la remodelación de una plaza.

Río Segundo es una ciudad ubicada en el corazón de la provincia de Córdoba, a 36 kilómetros de la capital cordobesa. Es actualmente gobernada por Darío Chesta, perteneciente a la coalición “Hacemos Unidos por Córdoba”, creada por la dupla Juan Schiaretti y Martín Llaryora. Epicentro de denuncias, hechos delictivos y noticias sobre irregularidades gubernamentales, esta ciudad fue protagonista de un extenso informe realizado por Tomás Méndez y publicado en canal 9 nacional. En este informe, Méndez mostró la precariedad de las pocas viviendas creadas por Chesta pertenecientes al Plan Nacional Casa Propia, que deberían haber sido 27 viviendas en total. Las mismas no fueron realizadas en su completitud y las aberturas sin terminar de las pocas que existen, fueron tapadas con ladrillos luego del programa televisivo.

El informe también mostró cómo el gobierno provincial de Martin Llaryora otorgó, en el año 2022, cinco millones de pesos en un convenio para “ampliar y/o refaccionar el Centro de Salud”, es decir, para la construcción de un vacunatorio. En abril de este año, debido a que el vacunatorio no está aún finalizado, Martín Llaryora otorgó cincuenta millones más para el vacunatorio, por lo que si sumamos ambos montos actualizados por inflación, serían 132 millones de pesos.

Otro foco de polémica es lo que sucede con la Plaza Sarmiento. Como toda ciudad del interior, Río Segundo también tiene una plaza céntrica que reúne los puntos claves como bancos, escuelas, comercios, etc. Esta plaza histórica, que poseía monumentos dedicados a próceres, a madres, y un imponente mástil central, se ha visto destruída por el actual intendente que -si bien prometieron no tocar patrimonio histórico y cultural- derribaron el mástil, destruyeron la plataforma del mismo, desaparecieron estatuas y placas de bronce. El Concejo Deliberante había impulsado la creación de una comisión de expertos para la protección de dichas obras tras el descontento popular, pero fue totalmente desconocida por el intendente Chesta a pesar de contar con personalidades importantes como historiadoras, arquitectas y demás. Para la Plaza Sarmiento, el monto inicial de obra habría sido de 400 millones de pesos, a los que se le sumaron 200 millones de pesos más en la última visita del gobernador Llaryora. Sin embargo, aún no está terminada.

Ser “amigo” de Llaryora y la impunidad feudal

Pero aunque la fiscal Patricia Baulíes realizó un profundo allanamiento en la Municipalidad y goza de una muy buena imagen pública (fue candidata a personalidad cordobesa destacada por su valiente trayectoria en la investigación de la corrupción municipal ya que realizó la citación a juicio a Diego Bechis, ex intendente de Pilar, ciudad colindante a Río Segundo, que llegó a prisión junto a otros funcionarios de su gobierno) este 1 de julio recibió una maquiavélica jugada del frío helado de la impunidad: el intendente Darío Chesta designó como abogado a Darío Martínez, penalista y ex marido de la fiscal Patricia Baulíes, lo que volvería incompatible su investigación por posibles “conflictos de intereses” y la causa habría sido trasladada hacia Alta Gracia, ciudad bastión del llaryorismo.

La Plaza Sarmiento, el monto inicial de esta obra habría sido de 400 millones de pesos

Dejar afuera de esta investigación a la fiscal Baulíes es una jugada bien pensada por parte del poder político cordobés que si algo tiene como característica es el temor a las personas que indagan más allá del cerco judicial, mediático o político. Temor que se intensifica si esas personas que deciden “cruzar la línea” son mujeres, y Baulíes conoce esos atropellos de cerca porque los ha padecido en sus investigaciones y su intento de hacer verdaderamente justicia.

Aún así, es importante resaltar que por las viviendas faltantes del Plan Casa Propia, sería la Justicia Federal la encargada de inspeccionar las supuestas irregularidades, ya que fue un plan promulgado por la presidencia de Alberto Fernández -es decir- a nivel nacional.

En una muestra más de la impunidad con la que se manejan funcionarios poderosos del llaryorismo, Córdoba pareciera dar sobradas muestras de por qué es considerada un feudo. Recordemos que en esta semana, la cúpula de la tan cuestionada Policía Caminera (por las elevadas multas que sorprenden a turistas y lugareños) fue desmantelada por casos de asociación ilícita, estafas, entre otros delitos.

Algo huele mal en Córdoba, provincia alguna vez reconocida por su capacidad intelectual, revolucionaria y vanguardista. ¿Cómo se lucha contra la impunidad establecida? Tal vez, dejando de naturalizarla. Tal vez, acompañando a los justos. Quizás, animándose a hablar a pesar de todo.