La denuncia la realizó el titular de la Asociación de Jubilados Provinciales Autoconvocados de Córdoba (Ajupracor), Enrique Ramírez, e incluye también al secretario de Previsión Social y titular de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, Osvaldo Giordano.

Según Ramírez, habría desaparecido un "fondo complementario" que por la ley Nº 9.504 "utilizaba la diferencia de aportes y contribuciones" entre el sistema nacional y el provincial. Dicha diferencia era del 7% en los aportes de los activos y del 6% en las contribuciones.

En 2003 se dispuso que la recaudación de ese fondo debía ir a una cuenta corriente especial del Banco de Córdoba, "con un balance anual de ingresos y egresos" y "una comisión de control, compuesta por los representantes de los sindicatos con afiliados aportantes a la Caja de Jubilaciones de la Provincia".

"Ninguna de estas condiciones fue cumplimentada por las autoridades de la Caja", denunció Ramírez. Y agregó: “El fondo complementario desapareció con un superávit estimado entre 2.500 y 3.000 millones de pesos, sin la existencia de un balance demostrativo del manejo realizado entre 2003 y julio de 2008”.

"En total hay una diferencia de 13 puntos en todos los sueldos que se pagan en la Provincia, en los municipios, las empresas estatales y los órganos descentralizados. Es una suma muy importante que debe existir en tal fondo, que debería servir para pagar el 82 por ciento móvil a los jubilados. Pero cuando Schiaretti hace la reforma previsional, en 2008, desaparece el fondo, que debía estar en una cuenta especial, con balance y controles. Pero ninguna de esas cosas existió", precisó Ramírez.

La demanda también abarca el "blanqueo" de las sumas no remunerativas en 2010, que según Ramírez, fue un beneficio que no se trasladó a los jubilados. Se calcula que esa medida iba a generar un incremento de 334 millones de pesos anuales en los ingresos de la Caja.

Ramírez también incluyó en su denuncia el diferimiento de los incrementos que logran los trabajadores activos, retraso que en el caso de los jubilados provinciales llega a los 6 meses, según la ley 10.078 que sancionó el delasotismo en agosto de 2012.

La polémica ley ha recibido el rechazo de múltiples organizaciones de trabajadores y jubilados, y hay tal nivel de consenso para que sea eliminada, que hasta el candidato oficialista, Juan Schiaretti, durante la campaña electoral con vistas a las elecciones de este domingo, prometió derogarla.