El Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 difundió hoy los fundamentos de la condena a seis años de presión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la exmandataria en una resolución de más de 1.600 páginas que condensa el desarrollo que tuvo el proceso oral y público que culminó el pasado 6 de diciembre.

"Intentaron culpar a Cristina Fernández de Kirchner por diferentes hechos ilícitos en un circo absoluto. El objetivo es prohibir a la Vicepresidenta para que sea nuevamente electa. Nunca vi un fallo igual a este. Es algo absolutamente político. Es algo indignante", señaló Soria en declaraciones a Radio 10.

Para Soria, en los fundamentos dados a conocer hoy por el TOF 2 "no hay un sólo hecho que sostenga que la Vicepresidenta cometió un delito”, remarcó.

“Este poder judicial es poco serio. Perdió el rumbo hace tiempo. Estos jueces eligen efemérides gorilas para denunciar y anunciar sentencias”, aseveró Soria en referencia a la fecha de hoy, en la cual se conmemora un nuevo aniversario de la promulgación del Decreto 4.161 por parte de la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu.

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Esa norma, dictada el 9 de marzo de 1956 prohibía que se mencionaran los nombres de Juan Domingo Perón, Eva Duarte de Perón y la difusión de los símbolos partidarios del Justicialismo.

Soria aportó además que “en la foja 313 de los fundamentos se puede leer claramente que (los jueces) no tienen ningún tipo de prueba y que sentenciaron de manera política”.

“Quiénes juzgaron a Cristina son la bandita de ‘Los Abrojos’, de los que jugaban al fútbol con Mauricio Macri en su quinta. Este Poder Judicial es poco serio, perdió el rumbo hace tiempo. Estos mismos jueces ni siquiera pudieron demostrar un solo hecho de corrupción”, manifestó Soria.

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Tras la difusión de los fundamentos del juicio de la causa Vialidad, comenzaron a correr los diez días hábiles para las defensas y para la fiscalía presenten apelaciones ante la Cámara Federal de Casación penal, aunque es un plazo que podría prorrogarse si alguna de las partes lo pide, explicaron fuentes judiciales.

A lo largo de 1.616 carillas, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso consideraron que "lo verdaderamente relevante para esta sentencia, en relación a los hechos materia de juzgamiento, es evidenciar la reacción institucional -de manifiesta connivencia y protección- de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Antonio Báez", según los fundamentos a los que tuvo acceso Télam.

En cuanto al delito de asociación ilícita dos de los integrantes del Tribunal, los jueces Gorini y Giménez Uriburu, concluyeron que "no ha podido demostrarse" y en disidencia sobre este punto votó el magistrado Basso.