(Por Agustín Rossi) Estamos frente a otro acto de persecución política del Partido Judicial contra Cristina Fernández de Kirchner. El juicio que se lleva adelante que la tiene como imputada por la causa de Vialidad es claramente improcedente desde el punto de vista jurídico.

Se la acusa de liderar una asociación ilícita, la "asociación ilícita" sería el gobierno o los distintos gobiernos que ella presidió y que cometieron "el error" de ejecutar los presupuestos que aprobaba el Congreso de la Nación, algo absolutamente inadmisible desde todo punto de vista.

Es importante remarcar que entre la Presidenta de la Nación, que es la promulga el Presupuesto General de la Nación (donde están las obras y las erogaciones y están cómo se ejecuta), hay una cantidad de escalones hasta que finalmente se lleva adelante la decisión, hecho que hace imposible concebir o imaginar que Cristina estuviese involucrada en alguna de las cuestiones que plantea burdamente el fiscal Diego Luciani.

Luciani ha hecho días atrás una acusación absolutamente política, afirmó que "el expediente grita" cuando el único que grita es él, con una verba inflamada propia de un discurso político, alejadísimo de las formas jurídicas tradicionales que existen en nuestro país.

Este es un paso más de la persecución política-judicial sobre Cristina Fernández de Kirchner, es imposible concebir a los gobiernos como asociación ilícita. Las decisiones que ella tomó están ajustadas a derecho, su defensa está ajustada a derecho y lo que está soportando es un ataque absolutamente político. Confiamos y defendemos la honradez de Cristina. Y entendemos que detrás de esa acusación la intencionalidad política está manifiesta.

Es un disparate jurídico que se avance sobre su responsabilidad en una causa de estas características. Tiene que ser absuelta indudablemente. Todos y todas con Cristina.

*Actual Interventor de la AFI, referente del Frente de Todos.