LESA HUMANIDAD

Piden prisión perpetua por atrocidades durante la dictadura para cinco expolicías, una exfuncionaria judicial y una civil

El alegato de Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo, auxiliares fiscales, busca penas máximas para expolicías y exfuncionarios judiciales por graves crímenes cometidos durante la dictadura militar en Argentina. Los delitos: privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos, abuso sexual, homicidio, supresión de estado civil, alteración de estado civil, sustracción de una persona menor de diez años, prevaricato de auxiliares de la justicia y falsedad documental.

Piden prisión perpetua por atrocidades durante la dictadura para cinco expolicías, una exfuncionaria judicial y una civil

Redacción EnOrsai // Sábado 13 de abril de 2024 | 07:31

En un paso crucial hacia la justicia por los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura militar en Argentina, la fiscalía en Córdoba solicitó penas de prisión perpetua y de hasta quince años de cárcel para cinco expolicías y una exfuncionaria judicial. Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo, auxiliares fiscales, lideraron el alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba, exigiendo justicia por los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos, abuso sexual, homicidio y sustracción de menores, entre otros.

Los acusados enfrentan cargos por hechos de extrema gravedad, que incluyen el secuestro, tortura y asesinato de catorce víctimas, así como la supresión y alteración de sus identidades. La fiscalía sostiene que estos crímenes fueron perpetrados en el marco de una política sistemática de violaciones a los derechos humanos, ejecutada por agentes del Estado durante la dictadura.

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El alegato también destacó la necesidad de rectificar el legajo laboral de una de las víctimas desaparecidas, Juan Carlos Bazán, quien fue declarado cesante debido a inasistencias injustificadas mientras estaba ilegalmente detenido. Este pedido se fundamenta en la ley de reparación histórica, que busca corregir las injusticias sufridas por las víctimas del régimen militar.

Entre los acusados se encuentran cinco expolicías del Departamento de Informaciones (D-2), una exfuncionaria judicial y una civil implicada en la falsificación de identidad de una niña nacida durante el cautiverio de su madre. Las penas solicitadas por la fiscalía reflejan la gravedad de los delitos imputados, buscando que se haga justicia y se reconozca el sufrimiento de las víctimas y sus familias.

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Fueron juzgados los expolicías del D2 Mirta “Cuca” Graciela Antón (”célebre” torturadora y asesina) y a sus excolegas Carlos Yanicelli (foto principal de la nota) , Jabour, Raúl Alejandro Contrera y Molina; la exasesora de menores Ana María Rigutto de Oliva Otero; y Adela María González, imputada por el falso testimonio que permitió la inscripción de una niña como hija de dos personas que no eran sus progenitoras.

Los fiscales pidieron perpetua para Yanicelli, Jabour y Molina por privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados y desaparición forzada de personas de seguida de muerte de Bazán y Ríos.

Además solicitaron a los jueces, Julián Falcucci (presidente), José Asís y Noel Costa, 13 años de prisión por los mismos hechos para Contrera, en calidad de partícipe secundario; 15 años de prisión para “Cuca” Antón (ya condena por hechos similares años atrás, que purga con domiciliaria) por privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos agravados (cinco hechos); ocho años de prisión para Rigutto de Oliva Otero como partícipe necesaria de la alteración del estado civil y sustracción de una nena y prevaricato de los auxiliares de Justicia.

Mirta “Cuca” Graciela Antón (”célebre” torturadora y asesina)

Finalmente pidieron siete años para González por falsedad ideológica, falso testimonio, supresión del estado civil y de sustracción de la nena (partícipe necesaria) nacida durante el cautiverio de su madre -que sobrevivió y luego la buscó-, que fue inscripta como hija biológica de una asistente social de la entonces Casa Cuna y de su esposo, según informó el Ministerio Público.

El alegato detalla casos estremecedores de violencia y crueldad, como el secuestro y tortura de mujeres relacionadas con presos políticos, así como el robo de bebés y la falsificación de documentos para ocultar su verdadera identidad. Estos crímenes no solo afectaron a las víctimas directas, sino que dejaron heridas profundas en la sociedad argentina, que aún busca sanar las cicatrices del pasado.

La lucha por la verdad y la justicia en casos de lesa humanidad sigue siendo una tarea pendiente en Argentina. El alegato de Trotta y Bazo Queirolo representa un paso importante hacia la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas, pero también pone de manifiesto la urgente necesidad de mantener viva la memoria histórica y continuar la búsqueda de la verdad.

Fuente: Fiscales.gob.ar

 

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