A partir de la nueva conformación como una empresa social, los trabajadores del Bauen libran una batalla judicial para poder mantener la propiedad y los puestos de trabajo. Al cumplir un nuevo aniversario, la cooperativa se moviliza en la pleno centro para reclamar que el edificio pase a manos de los que mantienen sus puestos de trabajo.

El conflicto judicial sitúa a los integrantes de la cooperativa en vulnerabilidad, frente a la empresa Mercoteles. Esta firma es dirigida por el cuñado de Marcelo Iurcovich, quien adquirió un préstamo millonario en época de dictadura, desde el Ente Autárquico Mundial 78 (EAM 78). Ese dinero nunca fue devuelto al erario público.

Paralelamente en varias oportunidades, los trabajadores lograron presentar en el Congreso para lograr la expropiación y que el Estado pueda quedarse con el inmueble.

La justicia de primera instancia falló en 2007 a favor de la empresa Mercoteles e intimó a los trabajadores a que abandonen las instalaciones en un plazo de 30 días. Desde entonces comenzó un largo proceso de apelaciones, hasta que en 2009 la Cámara de Comercio confirmó la titularidad de Mercoteles.

Ante el fallo adverso, los trabajadores recurrieron a la Corte Suprema, que rechazó el recurso de queja por ser cosa ya juzgada.

Para tratar de evitar el desalojo, la cooperativa Bauen denunció penalmente al empresario Iurcovich y le pidieron a la jueza de primera instancia que se declare incompetente al respecto. La denuncia logró frenar el inminente desalojo, pero antes de la feria de 2013, la causa penal prescribió, retrotrayendo la situación a la sentencia de 2007.

El 21 de marzo de este año fue publicado un edicto en los diarios de mayor tirada, dando 30 días para el desalojo, el cual busca evitarse con el festival de hoy.