El rubro del juego online se infiltró en la sociedad hace ya algunos años. Las alarmas suenan ahora, pero el tema está lejos de ser una novedad. Los casinos online comenzaron a expandir su sello poco antes del 2020, año en el que el índice de jugadores se catapultó por los períodos de confinamiento que la sociedad debió atravesar durante el Covid.

Durante este extraño, pero largo periodo de tiempo, las personas viraron hacia los entornos virtuales buscando una forma de desagotar la sensación de encierro. Allí estaban los casinos online dispuestos a ofrecer productos inteligentes, adaptados a cada perfil de usuario. Las empresas aprovecharon la fertilidad de las circunstancias para desarrollar su negocio. Y así lo hicieron.

Distintos países avanzaron en la regulación del rubro con el fin de proteger a los usuarios. Por eso, los nuevos operadores argentinos deben responder a casinos con licencias que garantizan la seguridad de los sitios. Sin embargo, la proliferación de los casinos clandestinos continúa siendo un fenómeno dificil de combatir. El escenario se opaca mientras las autoridades debaten recintos adentro, y los proyectos se estancan.

Una legislación fracturada sobre la industria del juego online

Para explotar la actividad los casinos online deben estar sujetos a licencias emitidas por las autoridades pertinentes. En Argentina, no existe un ente regulador a nivel nacional; cada provincia tiene el poder para decidir sobre la legalización del juego. Esta escisión arrastra la materia a una zona gris y obliga a los usuarios a estar informados sobre las normas que rigen en su territorio para resguardarse del riesgo que implica jugar en sitios ilícitos.

Muy distintas son las leyes en países vecinos, como en Colombia, en donde existe un marco normativo nacional y un solo ente regulador concentra el seguimiento y la emisión de licencias. Esto facilita la supervisión tanto en el cumplimiento de reglas que garanticen el compromiso con el juego responsable, como en el control impositivo. En Buenos Aires, el Instituto Provincial de Loterías y Casinos y la Lotería de la Ciudad son las autoridades a cargo de otorgar permisos.

Actualmente, son seis los operadores habilitados en la Provincia según la ALEA; la entidad que nuclea los organismos estatales que regulan el juego en Argentina. Entre los múltiples debates que se encienden en el Congreso, han sido varios los funcionarios que se manifestaron a favor de modificar la legislación fracturada del país con el fin de erradicar la clandestinidad. La ALEA fue la candidata a ente regulador nacional, pero el impulso sobre las propuestas no parece tomar vuelo.

Pulgares para abajo para la nueva reglamentación sobre el juego online

El trepidante crecimiento del sector del juego en línea y la clandestinidad son una combinación que preocupa. Los crecientes índices de ludopatía infantojuvenil y el aumento de ciberestafas presionan a las autoridades gubernamentales a tomar cartas en el asunto. Recientemente se debatió en el Congreso un proyecto que aborda la emisión publicitaria de los operadores de juego online.

Luego de meses de plenarios, parecía que la Cámara viraría el timón hacia el mismo lado en la emisión de un nuevo artículo de ley orientado a prohibir la publicidad sobre apuestas y juego online en los diversos formatos de comunicación, entre otro extenso conjunto de normas que responden a un dictamen de mayoría. Pero a último momento La Libertad Avanza, el PRO y la UCR de De Loredo irrumpieron la sesión con un dictamen de minoría.

La alianza sorprendió a todos con un paquete de normas más acotado, el cual obtuvo 58 adhesiones. La discusión obtuvo alcance mediático por el acalorado cruce de los diputados entre diferentes sectores que tuvo a Maximiliano Ferraro (CC) y a Silvana Giudici (PRO) como protagonistas. El diputado apuntó contra Giudici por haber firmado a favor de una redacción que beneficia a las grandes marcas del mercado del juego, acusándola de operar para Codere, la multinacional líder en Argentina.

Giudici respondió con improperios y argumentó su postura señalando al dictamen de mayoría: “es demasiado reglamentarista y extenso, e incurre en algunas cuestiones que pueden llegar a poner en duda la constitucionalidad de la norma”. Pero otros datos arrojados durante el debate reverberaron en los medios; como el nombramiento del nuevo Secretario de Niñez y Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordóñez, que fue CEO de Codere.

La industria que crece contra viento y marea

Las discusiones dentro del Congreso reflejan una clara fragmentación de intenciones; por un lado, el dictamen de mayoría busca prevenir la ludopatía mediante la eliminación de la raíz del problema; la emisión publicitaria. Por el otro, alzan la voz quienes abogan por la libertad de acción de las corporaciones; un modelo que, sabemos, es el que abandera el oficialismo.

Hechos similares se han dado en España, en donde el Decreto de Garzón ganó la pulseada contra la industria del juego. Sin embargo, años después, el paquete de medidas cayó dado carecía de un carácter legal. Este ejemplo visibiliza el avance de la industria del juego y su avidez por expandir su negocio a lo largo y ancho del mapa, un objetivo que parecen estar cumpliendo con rotundo éxito.