(Por Walter Onorato - @WalterOnorato) El reciente escándalo que envuelve al diputado misionero Germán Kiczka, acusado de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, ha puesto en ridículo al gobierno de Javier Milei y a todo el aparato judicial y policial de Misiones. La situación no solo revela la gravedad de los delitos de los que se le acusa, sino también una alarmante ineficacia por parte de las autoridades encargadas de llevarlo ante la justicia. Lo que debería haber sido una detención rápida y efectiva, ha terminado por destapar una red de complicidades y encubrimientos que plantea serias preguntas sobre el estado de derecho en la Argentina.

Desde que se conoció la orden de captura internacional emitida por Interpol, tras la fallida detención de Kiczka, el legislador ha desaparecido del radar, y todo indica que su fuga fue meticulosamente planeada. Mientras tanto, su hermano Sebastián, también acusado de delitos similares, permanece prófugo. La información obtenida por las autoridades sugiere que ambos podrían haber abandonado el país por vías clandestinas, posiblemente hacia Europa, lo que subraya la vulnerabilidad de las fronteras argentinas y la falta de control efectivo por parte del ministerio de seguridad.

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El caso Kiczka es mucho más que un simple incidente criminal; es un reflejo de un problema sistémico que afecta a las instituciones argentinas. La relación del diputado con el partido Activar, una agrupación libertaria que apoyó a La Libertad Avanza, la fuerza liderada por Javier Milei, levanta sospechas y el planteamiento de preguntas incómodas sobre la posible protección que podría estar recibiendo de ciertos sectores del poder. Aunque Milei ha mantenido un discurso en favor de la justicia y la transparencia, la lentitud y las fallas en la captura de Kiczka sugieren que, una vez más, las promesas de campaña fueron aparentemente palabras vacías.

La gravedad del caso no puede subestimarse. Los detalles que han emergido de la investigación son escalofriantes: archivos de video con material de abuso sexual infantil, prácticas zoofílicas que involucran a menores de edad, y conversaciones en redes sociales que muestran la perversión y el desprecio por la ley de parte de los hermanos Kiczka. Sin embargo, lo que resulta aún más perturbador es la aparente facilidad con la que han podido escapar del alcance de la justicia.

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El jueves pasado, mientras la Legislatura de Misiones votaba unánimemente por el desafuero de Germán Kiczka, sospechosamente la Policía ya había perdido su rastro. A pesar de múltiples allanamientos en su domicilio y otros lugares vinculados a él y a su hermano, los resultados fueron infructuosos. Este hecho no solo refleja la ineficacia operativa, sino también la posibilidad de que existan complicidades internas que han permitido esta fuga.

Uno de los aspectos más controvertidos del caso es la sospecha de que la firma de Kiczka en una nota enviada a la Legislatura, en la que justificaba su ausencia, podría haber sido falsificada. Esto sugiere que el legislador ya había tomado medidas para escapar mucho antes de que se discutiera su desafuero, lo que indicaría un nivel de planificación que difícilmente podría haberse llevado a cabo sin ayuda. La pregunta que emerge ante esta sospecha es ¿qué conexiones tiene Kiczka que le han permitido evadir la justicia con tanta facilidad? ¿Por qué las autoridades locales y nacionales, como Patricia Bullrich, han sido tan ineficaces en su captura?

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La respuesta a estas preguntas apunta a una red de protección que va más allá de las fronteras de Misiones. Informes recientes indican que los hermanos Kiczka podrían estar en España o Francia, donde personas cercanas a la familia tienen propiedades. Este tipo de fuga internacional no es nueva en Argentina, pero lo que hace que este caso sea particularmente grave es la posibilidad de que haya habido complicidad desde el mismo Estado, facilitando la salida de los acusados del país.

El gobierno de Javier Milei se encuentra ahora en una posición difícil. Por un lado, si bien ha prometido un cambio radical en la política argentina, con un discurso enérgico contra la corrupción y el crimen, cada vez son menos los que creen en él. Este caso pone en duda la sinceridad de esas promesas, al mostrar una gestión que parece incapaz de actuar con la firmeza y la eficacia necesarias para proteger a los ciudadanos y hacer cumplir la ley.

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La situación es un llamado de atención urgente para la administración Milei. La impunidad no puede ser la norma en un país que aspira a ser una democracia plena y respetuosa de los derechos humanos. La protección de los menores y la lucha contra la pedofilia no pueden quedar relegadas a un segundo plano por intereses políticos o económicos. La captura y procesamiento de Germán y Sebastián Kiczka deben ser una prioridad absoluta, y cualquier indicio de complicidad o encubrimiento debe ser investigado y castigado con todo el peso de la ley a sí sea un diputado o el mismo presidente de la nación.

Fuentes:

https://www.pagina12.com.ar/762248-diputado-misionero-profugo-todo-lo-que-se-sabe-sobre-la-caus

https://www.lavoz.com.ar/sucesos/pidieron-la-captura-internacional-del-diputado-de-misiones-german-kiczka-acusado-de-pedofilia/

https://www.lanacion.com.ar/seguridad/misiones-un-diputado-provincial-esta-profugo-de-la-justicia-y-es-intensamente-buscado-nid23082024/x

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