(Por Walter Onorato) Fue el pasado lunes cuando se conoció la noticia del fallecimiento de Julio Gutiérrez, enfermero de 52 años que desempeñaba tareas en el Servicio de Pediatría del Hospital Durand. Padecía asma bronquial y siendo persona de riego las autoridades no le permitieron que se tomase licencia así de esta manera evitaba el contagio. Los trabajadores de ATE-Hospital Durand denunciaron esta situación pero todos los esfuerzos fueron en vano. Lo mantuvieron trabajando dos meses a pesar de ser persona de riesgo.

Ayer, @horaciorlarreta estaba reunido en el estacionamiento con uno de los directores del hospital Durand , cuando lo vieron los trabajadores y se acercaron para reclamarle por la falta de insumos y las necesidades urgentes del hospital, los ignoró completamente. Es #Macri. pic.twitter.com/oNZ6evNZj9

— Sergio Burstein (@SLBurstein) June 13, 2020

Recordemos que el Congreso Nacional promulgó a mediados de mayo por unanimidad en la sesión virtual la ley 27.548 que lleva el nombre de Silvio Cufré, enfermero que fue el primer trabajador de la salud víctima del coronavirus. Paradójicamente esta ley declara “prioritaria para el interés nacional la protección de la vida y la salud del personal del sistema de salud argentino y de los trabajadores y voluntarios que cumplen con actividades y servicios esenciales.”

Esta situación de amparo por parte de la ley no se estaría dando en la ciudad de Buenos Aires. En el pasado mes de abril después de una denuncia realizada por una enfermera del mismo hospital Durand, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recibió una cautelar donde se le ordenó al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta que debe garantizar los insumos necesarios para que los trabajadores de la salud puedan resguardarse del Covid-19.

Un juzgado porteño había dado la orden al gobierno de Larreta que provea de los elementos de resguardo sanitarios al personal del Hospital Durand, la muerte de Julio Gutiérrez era evitable, si le hubiesen dado su licencia cuando correspondía y si el gobierno de CABA hubiese acatado la cautelar de entregar de forma inmediata los elementos de protección necesarios a los trabajadores de ese establecimiento.

Son contundentes las palabras del juez Scheibler, quien firma la mencionada cautelar, cuando expresa que “resultaría paradójico que el propio Gobierno no suministre elementos de protección adecuados a aquellos de sus dependientes que son personal de la salud y se encuentran cumpliendo funciones esenciales en este contexto de emergencia sanitaria”.

Pero la intransigencia del gobierno porteño en este tema llega a niveles inauditos. El 17 de mayo el diario Perfil en su versión on Line publicó que tres médicos y tres enfermeros del Hospital General de Agudos Carlos G. Durand habían dado positivo al test de coronavirus mientras que 61 pacientes estaban en estudio. Para el 15 de mayo la Justicia laboral ordenó al gobierno porteño que testee a la totalidad del personal sanitario del hospital porteño para determinar qué cantidad de casos positivos de covid-19 había entre los trabajadores de la salud.

Pero nuevamente debió ser por medio de una medida cautelar, dictada en este caso por el juez Marcelo Fernández el 6 de mayo en una decisión tomada después de un amparo de los trabajadores del Hospital. El mismo fue presentado por la abogada Mariana Chiacchio, del Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU). La secuencia de datos son más que elocuentes.

Julio Gutiérrez, el enfermero de 52 años, quien no abandonó su puesto de trabajo aún sabiendo las consecuencias fue recordado por sus compañeros de trabajo con el izamiento a media asta del pabellón nacional en el patio del hospital. Estas son las historias de vida que va dejando atrás esta oscura pandemia que con profundo dolor e impotencia tenemos el deber de contar pensando que en algún momento se haga justicia.