(Por Walter Onorato) El Gobierno Nacional explicó en el Boletín Oficial, el pasado 9 de junio, que la sociedad VICENTIN S.A.I.C. se había presentado en concurso preventivo con una deuda denunciada de $ 99.345.263.086,50. Dicho proceso quedó radicado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 2da Nominación de la Ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe con una lista que asciende a más de 2.000 acreedores. Por este motivo se aclara que desde el día 4 de diciembre de 2019, la sociedad VICENTIN S.A.I.C. se encontraba técnicamente en cesación de pagos.

La empresa antes de entrar técnicamente en la cesación de pagos cedió, para saldar deudas comerciales, un tercio de su participación en la sociedad RENOVA S.A. al grupo GLENCORE. De esta manera dicha empresa pasó a tomar el control efectivo de la empresa al adjudicarse el 66.67% de las acciones, perdiendo de esta forma VICENTIN S.A.I.C. el control de una empresa estratégica dentro del grupo económico.

EL gobierno Nacional recuerda en su argumentación que “en forma contemporánea con el inicio del proceso concursal, se desencadenó la pandemia producida por el virus SARS-CoV2, la cual generó una crisis económica global, constituyéndose en un serio escollo para el desarrollo del proceso concursal en los plazos previstos.” Un ejemplo de esta situación es el caso de ALGODONERA AVELLANEDA S.A., de la cual Vicentín tiene participación societaria, comenzó a evidenciar serias dificultades en el mes de marzo cuando licenció a 500 empleados y paralizando su actividad. Esto situación aumentó el nivel de incertidumbre dentro del mercado agroindustrial que produjo un aumento considerable en la desconfianza entre los productores, quienes tomaron la decisión de no vender su producción a Vicentin, profundizando la crisis de la empresa.

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Se informó que la deuda de Vicentin se encuentra compuesta por un endeudamiento financiero local e internacional que asciende a una suma de $ 63.961.563.645,69. Dentro de esa astronómica deuda se encuentran como acreedores financieros locales los Bancos de la Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires, de Inversión y Comercio Exterior, Ciudad de Buenos Aires, Hipotecarios, Macro, Nuevo Banco de Entre Ríos, Itaú y Nuevo Banco de Santa Fe. Mientras que los acreedores financieros internacionales reclaman una suma de $30.153.285.892,26 siendo estos International Finance Corporation; Netherlandese Financerings y el ING Bank NV - Tokyo Branch.

Se debe recordar que en el BANCO NACIÓN ARGENTINA se inició un sumario administrativo para investigar a las autoridades, que actuaron posiblemente, realizando una infracción a la normativa vigente cuando permitieron que la empresa VICENTIN tome una deuda millonaria con la entidad bancaria. Además se encuentra tramitado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10 con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la causa caratulada “Sandleris Guido y otros s/ defraudación” donde se investiga también los presuntos hechos delictivos vinculados con la empresa y el accionar de las autoridades del Banco de la Nación Argentina. Por este motivo el gobierno Nacional expresa que todas las circunstancias descriptas anteriormente “han puesto en grave peligro la continuidad de las operaciones de la firma concursada, la cual, al momento de la cesación de pagos, era una de las principales empresas agroindustriales del país y la más importante de capitales nacionales.”

Se pudo saber en base a las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de granos, legumbres, harinas y aceites vegetales que reporta el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en la campaña de soja 2018/19, la empresa VICENTIN se encontraba en el puesto número seis en ventas, con 8.400.000 toneladas de productos embarcados, es decir, un 9% del total de ventas externas agroindustriales. Además, en un mercado concentrado como el de granos y aceites, donde las principales diez mayores empresas representaron el 91% total de las exportaciones de granos y productos derivados de origen nacional durante la campaña 2018/19. De dichas empresas, la mitad de las firmas exportadoras son de capitales nacionales como Aceitera General Deheza SA, Vicentin SACI, Asociación de Cooperativas Argentinas, YPF SA y Molinos Agro SA mientras que el resto de las empresas exportadores pertenece a capitales extranjeros.

Se recordó la importancia de VICENTIN al ser controlante de empresas productoras de alimentos para el mercado interno. Esto resulta relevante en momentos de altísima vulnerabilidad, a raíz de la pandemia de COVID-19. Pero esto también indica que se encuentran en riesgo no sólo los 2.195 puestos de trabajo de la industria aceitera sino también cerca de 1.000 empleos de la empresa algodonera, 376 de la industria vitivinícola del grupo inversor y 2.057 de la planta frigorífica donde VICENTIN también tiene control.

El Gobierno basa la decisión tomada ante la grave situación de falencia en que se encontraba VICENTIN que podría afectar sensiblemente llevando efectos negativos en materia laboral, comercial, económica y social. Indicando además que “la producción agropecuaria resulta estratégica para nuestro país, garantizando la provisión de alimentos para la población y la exportación de materias primas, las cuales tienen un peso considerable en la estructura del comercio exterior.”

Ante esta gravedad y con el dictado de la medida de tomar el control de VICENTIN, el Gobierno Nacional dispuso “la remisión al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN de un proyecto de Ley que propicia la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación a la sociedad VICENTIN S.A.I.C.” “En el mismo proyecto se propondrá la creación del FONDO FIDUCIARIO AGRO ARGENTINA, cuyo Fiduciante y beneficiario se propone que sea el Estado nacional y el Fiduciario, YPF S.A.

Además concluye que para asegurar el cumplimiento de los objetivos y las medidas propuestas con este Proyecto de Ley se adoptaron medidas que la urgencia requiere. Se aclara que resulta imposible seguir los trámites “previstos por la CONSTITUCIÓN NACIONAL para la sanción de las leyes, por lo cual se dispone la intervención transitoria de VICENTIN S.A.I.C. por un plazo de SESENTA (60) días.” Con el claro objetivo de “asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, la protección de los puestos de trabajo en peligro y evitar efectos dañosos sobre el mercado agroexportador y la economía en general, máxime en la situación de emergencia sanitaria que vive el país.”

Concluye la información en el Boletín Oficial que se dispone “la ocupación temporánea por SESENTA (60) DÍAS de la sociedad VICENTIN S.A.I.C. en los términos de los artículos 57, 59 y 60 de la Ley N° 21.499, en razón de su utilidad pública y con el objeto de asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, y la protección de los puestos de trabajo en peligro.” Aclarando “que se vuelve urgente en el marco de las emergencias dictadas por la Ley N° 27.541 y la situación de emergencia sanitaria inédita que vive el país, teniendo en cuenta el volumen de la empresa en cuestión, la soberanía alimentaria y la necesidad de evitar impactos de alta negatividad en la economía.”