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Prohibieron el glifosato en Santa Fe

El concejo de la capital provincial votó la ordenanza para no permitir su uso en la zona urbana y en la franja frutihortícola del municipio. Sólo en esa provincia, se vierten alrededor de 20 o 25 millones de litros anuales. La argumentación de las personas expertas y qué pasará a partir de ahora.

Prohibieron el glifosato en Santa Fe

Miercoles 19 de septiembre de 2018 | 08:07

(Por Ricardo Serruya) Desde Santa Fe. Primero fue Rosario. Luego Rincón. Y ahora, la ciudad de Santa Fe. La capital de la provincia se sumó a la prohibición del uso y comercialización del glifosato en todo el ejido urbano. Lo hizo a través del Concejo Municipal, que dictó una nueva ordenanza para no permitir su utilización. La prohibición alcanza el uso aéreo y terrestre y también su venta por mayor y menor.

La autoridad de aplicación será la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, que además será la responsable de llevar a cabo las acciones de difusión, prevención, control, sanción y promoción de medidas alternativas para el control de malezas y plagas, pero con la condición de que esta actividad se desarrolle “en armonía con el ambiente, la salud humana y los derechos de la naturaleza”.

La ordenanza fue aprobada casi por unanimidad: no tuvo votos en contra. Aunque se abstuvieron los tres concejales de Cambiemos en el Concejo santafesino. Ahora se deberá esperar la aprobación o rechazo por parte del Poder Ejecutivo Municipal, que tiene 110 días hábiles para aprobar o vetar. Los y las especialistas ambientales suponen que –debido al acuerdo político que existe con esta cuestión– no será vetada.

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En Santa Fe, el glifosato se vendía en comercios de jardinería, supermercados y cadenas multinacionales. Ahora, sólo podrá comercializarse en semillerías y bajo receta.

La medida fue festejada por un grupo de vecinos y vecinas que se movilizaron hacia el recinto. No es para menos, fueron ellos y ellas –del colectivo “Paren de Fumigarnos”– quienes elaboraron la normativa y peregrinaron pacientemente por despachos de ediles para hacerles ver la importancia del tema.

Carlos Manessi, integrante del Cepronat (Centro de Protección a la Naturaleza) relata con satisfacción que desde hace cuatro meses se encuentran trabajando para que la ordenanza sea discutida y aprobada. “No va a poder usarse ni comprar en los negocios que no estén habilitados, como por ejemplo supermercados o kioscos”, aclara. No es poca cosa lo que cuenta Manessi, si se tiene en cuenta que antes de ser aprobada esta ordenanza, el herbicida venenoso se vendía en la ciudad en comercios de productos de jardinería y hasta en supermercados y cadenas multinacionales.

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A partir de ahora, solo podrá adquirirse en negocios como las semillerías, habilitados para vender agroquímicos, y previa entrega de una receta firmada por un ingeniero agrónomo, quien deberá expedirla por triplicado.

Carlos Manessi tiene años de militancia ambiental –y también de la otra– y sabe que el paso es importante más allá de que en la ciudad de Santa Fe no se fumigue de manera considerable, salvo por la utilización en domicilios particulares para el control de malezas de parques y jardines. “Lo significativo es el valor simbólico, dado que el glifosato es el herbicida más vendido en todo el país, en el campo y en la horticultura. Es importante porque con esta ordenanza se le está diciendo a la ciudadanía que el producto es perjudicial e impacta en la salud”, afirma.

Es un triunfo simbólico porque estamos en el corazón sojero del país

Manessi tiene razón: el valor simbólico es importante. Más si se tiene en cuenta que, solo en la provincia de Santa Fe, se venden entre 20 y 25 millones de litros anuales de glifosato.

Alejandro Simbrón pertenece al Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente y es integrante del Movimiento Paren de Fumigarnos. Está conforme con la medida, pero no se conforma: “La aprobación de esta normativa se debió al esfuerzo de todos los que le pusieron el cuerpo a esta patriada”, dice. Y agrega que desde hace un tiempo el tema está más instalado, y que por eso un sector de la clase política lo tiene en cuenta.

Facundo Viola es uno de los vecinos autoconvocados de Arroyo Leyes y también forma parte del Colectivo Paren de Fumigarnos. “El glifosato no tienen nada que hacer entre la población”, subraya. Y agrega que el Concejo Municipal “dio un paso muy importante, ahora ojalá se repita en otras localidades.”

La normativa aprobada incluye el término "Derechos de la naturaleza", que la emparenta a lo que contemplan las constituciones de Bolivia o Ecuador

Como cada uno de estos quijotes, Facundo ve la sanción de la ordenanza como un triunfo más que logran frente al gigante y la vincula a la condena que recibió la multinacional en Estados Unidos, por enfermar al jardinero Dewayne Johnson: “Monsanto fue condenada a pagar 269 millones de dólares a un jardinero que fumigaba escuelas en San Francisco con este herbicida. Para nosotros es una alegría muy grande que el concejo se haya hecho eco de la propuesta que le acercamos los vecinos y que hoy es ordenanza”.

La medida sancionada –y que ahora espera ser promulgada o vetada por el Intendente José Corral– abarca todo el territorio y prohíbe también fumigar en zonas de islas y en las zonas frutihortícolas del municipio, como dice el mismo Viola: “Es un triunfo simbólico ya que estamos en el corazón sojero del país”.

Rafael Colombo es abogado y forma parte de “Capibara. Naturaleza, derecho y sociedad”, otra organización ambientalista que se une al digno eslabón del colectivo “Paren de Fumigarnos”. Esta organización está conformada por abogados y estudiantes de Derecho y sus valiosos aportes están relacionados con lo jurídico. De hecho, de ahí surgió el primer borrador de la ahora ordenanza.

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En relación a los fundamentos, Colombo recordó que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC-OMS) ha incluido al glifosato en el grupo 2A de principios activos que “se clasifican como probables carcinógenos para los seres humanos”. Más cerca aún, una reciente recopilación de más de 830 investigaciones científicas, toxicológicas y epidemiológicas –de las cuales 100 pertenecen a universidades públicas– ordenó todas las pruebas que advierten sobre la relación entre este herbicida con el cáncer, malformaciones, problemas respiratorios crónicos, intoxicaciones y abortos espontáneos, entre otras afecciones.

La nueva ordenanza incluye un término por demás interesante: "Derechos de la naturaleza". Algo que lo emparenta a de las constituciones de Bolivia o Ecuador. Al respecto, Colombo afirmó: “Es la segunda innovación que introduce la ciudad de Santa Fe, colocando a nuestra jurisdicción en la misma dirección que las tendencias constitucionales de América Latina que dialogan con las cosmovisiones andinas, proponiendo una relación más respetuosa y armónica con la naturaleza”.

Por eso, mientras que en aquel jueves 30 muchos rostros de santafesinos expresaban preocupación y se alarmaban por las pizarras de las casas de cambios y de los bancos que vomitaban un dólar que parecía no tener techo, en la explanada del concejo deliberante, muchos otros expresaban alegría y estaban ajenos a los vaivenes económicos. No era poco: festejaban una victoria en tiempos de tantas derrotas.

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