El Consejo de la Magistratura abrió un sumario al funcionario que anuló el sorteo que asignaba el caso Nisman a Sebastián Casanello y realizó otro que se lo otorgó al magistrado Julián Ercolini, mejor visto por el oficialismo. El hecho refleja la vulnerabilidad del sistema de sorteos en el que se apoya todo el Poder Judicial.

El 11 de abril del año pasado, un funcionario de alto rango del Consejo ingresó con un ingeniero a la sala de máquinas del centro de datos del Poder Judicial y anuló el sorteo informático que le asignaba la causa sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman al juez federal Casanello. “Me lo pidió la secretaria de la Cámara Federal”, argumentó luego, según publicó Página 12.

El jueves pasado, el Consejo de la Magistratura decidió abrir, tras casi un año, un sumario contra el director general de tecnología, Gabriel Mehlman, por anular aquel sorteo que otorgaba la causa Nisman a un juez de poco agrado del Gobierno. Ese mismo día, además, en el Consejo se forzó la renuncia del administrador general del Poder Judicial, Juan Carlos Cubría.

El sistema que utiliza el Poder Judicial se llama Lex100 y centraliza la información en el data center. Hasta hace poco había sólo 26 claves para poder acceder, aunque no estaba claro quién disponía de ellas. Pero además, entre 400 y 500 funcionarios tienen acceso remoto.

En el momento en que se realizó el sorteo que terminó en polémica había periodistas y secretarios del juzgado de Fabiana Palmaghini y de la Cámara. Todos los presentes vieron que salió asignado el juzgado 7, de Casanello, y que luego un monitor mostró una falla, pero en otro se seguía viendo el resultado. De hecho, el Centro de Información Judicial (la página de noticias de la Corte), lo tuvo cuatro minutos publicado.

Por esta sospechosa maniobra hay una denuncia penal que le tocó a Claudio Bonadio, pero nunca avanzó. En tanto, después del incidente del caso Nisman el sistema empezó a tener errores frecuentes.

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La jueza María Servini de Cubría también investiga el sistema de sorteos a raíz de una denuncia que recibió de parte de un grupo de martilleros que se quejaban de que siempre eran elegidos los mismos para las subastas y procedimientos más importantes. Después se sumó la aliada de Cambiemos Elisa Carrió, cuando le escuchó decir a la jueza públicamente que los sorteos eran vulnerables.

Servini ordenó dos allanamientos en la dirección de Informática del Consejo y un peritaje que encomendó a la División Cibercrimen de la Policía Metropolitana y el Departamento de Seguridad Informática de la AFIP, que es el organismo público que tiene el sistema más sofisticado de todos. El informe fue firmado el 25 de enero último y advierte sobre irregularidades como el acceso a la sala de datos “sin verificación de los permisos o credenciales pertinentes” y la entrada y salida de personas que no se sabía quiénes eran. “No se cumplió ningún procedimiento ni política de seguridad para acceder a la sala cofre”, alerta el informe, entre otras falencias.

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