Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final habían garantizado por casi 20 años la impunidad de los responsables de delitos de lesa humanidad

A 10 años de ese hecho, y luego de que la Corte declarara -el 14 de
junio de 2005- la inconstitucionalidad de estas normas, se desarrollan
en el país 11 juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad
cometidos durante la dictadura cívico-militar y está previsto que
comiencen otros tres procesos antes de fin de año.

La decisión de anular las llamadas "leyes del perdón" o "leyes de la
impunidad" fue una de las primeras políticas sobre la necesidad de
Memoria, Verdad y Justicia impulsadas por el entonces presidente
Néstor Kirchner.

La Ley de Punto Final (23.492) fue promulgada el 24 de diciembre de
1986 por el entonces presidente Raúl Alfonsín, y estableció la
paralización de los procesos judiciales contra los imputados de ser
autores penalmente responsables de haber cometido el delito de
desaparición forzada de personas durante la dictadura.

La Ley de Obediencia Debida (23.521) también fue dictada por Alfonsín
el 4 de junio de 1987, y estableció una presunción iuris et de iure
(es decir, que no admitía prueba en contrario) respecto de que los
delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran
punibles, por haber actuado en virtud de la denominada "obediencia
debida" -concepto militar según el cual los subordinados se limitan a
obedecer las órdenes emanadas de sus superiores.

En 2003, la entonces diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh,
presentó en la Cámara baja un proyecto para anular estas leyes,
iniciativa que fue apoyada por el presidente Kirchner.

El 12 de agosto de 2003, la Cámara de Diputados, luego de un largo
debate, aprobaba la ley por la que se declaran "insanablemente nulas"
estas leyes.

El proyecto con media sanción de Diputados pasó al Senado, que lo
convirtió en ley el 21 de agosto de 2003.
La ley que anuló las "leyes del perdón y de la impunidad" fue
promulgada por Kirchner el 2 de septiembre de 2003.

Dos años después, el 14 de junio de 2005, en una decisión histórica,
la Corte Suprema declaró inconstitucionales estas leyes, lo que
permitió que cientos de represores, civiles y militares, cuyos
enjuiciamientos se interrumpieron en 1986, sean juzgados.