Uno de las labores que sumó el ministerio encabezado por Ricardo Buryaile es realizar los estudios correspondientes para establecer qué tipo de semillas se utilizan en el campo. Para así asegurarle la rentabilidad y las utilidades a la empresa.

Es que según Monsanto los productores que utilicen las semillas de la empresa y no hayan pagado las patentes correspondientes deben ser penalizados. Ahora es el propio Estado el que realizará los informes que den cuenta de esta cuestión para proteger el negocio millonario de la empresa.

El organismo encargado de realizar los controles es el Instituto Nacional de Semillas (INASE), que además de penalizar a los infractores le informará la identidad a la empresa, para que esta pueda realizar acciones legales.

Tanto la empresa multinacional, como también la Casa Blanca fueron quienes presionaron fuertemente para que se tomen estas medidas y así hacerle el trabajo sucio a Monsanto.