Mauricio Macri convocó a Eugenio Burzaco para que se haga cargo de la secretaría de Seguridad de la Nación, un área sensible que maneja la Policía Federal, Policía Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura.

Es un hombre experimentado en el manejo de fuerzas de seguridad. Fue jefe de la Policía Metropolitana desde 2009 a 2011, y responsable de la represión en el Parque Indoamericano que terminó con la muerte de tres personas, tras el desalojo -con tiros y palos- de unas 350 familias sin hogar.

Mientras ocupaba ese cargo, entre sus filas policiales se encontraba el comisario mayor Ricardo Raúl Ferrón, denunciado en 2010 por haber formado parte del comando de la Federal que detuvo a los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en la última dictadura cívico-militar.

Ferrón junto a otros diez efectivos de la fuerza Federal y 30 de la Metropolitana, fue procesado por el accionar en el Indoamericano, el 7 de diciembre de 2010. Pero Burzaco logró zafar y  a pesar de ser citado a brindar indagatoria presentó varias medidas dilatorias.

NEUQUEN

El futuro secretario de seguridad de Macri también asesoró a la policía provincial de Neuquen, en tiempos de ex gobernador Jorge Sobisch. Durante ese período, según consignó Agencia Periodística de Buenos Aires (Agepeba), se registraron 1.040 denuncias por abusos policiales en esa provincia.

Su gestión fue codo a codo con el ultraconservador ministro de Seguridad, Juan Carlos Aguinaga, y el entonces jefe policial, Carlos Rico Tejeiro, quien tuvo que renunciar al descubrirse su pasado como represor durante la dictadura.

Burzaco elaboró un plan integral para la policía de Neuquén que requirió de un “alto grado de confidencialidad” respecto de los gastos, debido a “cambios en los patrones delictivos”. Allí se gastó, según Agepeba, 50 millones de dólares.

El corolario de aquella policía asesorada por Burzaco fue el fusilamiento del maestro Carlos Fuentealba durante una protesta en abril de 2007.

Marcelo Guagliardo, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), contó su preocupación cuando el nombre del Burzaco sonaba para un cargo provincial.

“Nosotros hemos podido conocer y ver de cerca el trabajo que realizó en nuestra provincia siendo socio muy directo de Mauricio Macri. El famoso Plan Integral de Seguridad que se implementó en Neuquén entre el 2005 y el 2007 con su asesoramiento, fue una estafa de 50 millones de dólares que incluyó hasta la compra de dos helicópteros que nunca pusieron ser utilizados porque no tenían las condiciones de seguridad para sobrevolar los sectores poblados”, manifestó el gremialista.

Además, Guagliardo agregó que, “en términos políticos, su plan comprendía la renovación de toda la plana mayor de la policía, y modificó su estructura para que los oficiales de carrera fueran pasados a retiro y dados de baja, para incorporar a un sector de la policía con una concepción más autoritaria. Lejos de una formación en Derechos Humanos como podría ser en la actualidad, tuvo una respuesta represiva hacia el conflicto social que en ese momento vivía Neuquén”.

Para el sindicalista, Burzaco “significa una alerta para todas las organizaciones de trabajadores y derechos humanos, que tienen que manifestar firmemente que con esta presencia pública estamos ante un retroceso en la mirada que tiene que tener el Estado sobre la problemática social. No puede haber un retroceso de esta naturaleza: terrorismo de Estado en democracia. Macri está pensando en un Estado que va a utilizar la represión para contener los reclamos sociales que van a aparecer con la pérdida de derechos. Es la respuesta que han tenido en la ciudad de Buenos Aires, y es lo que ha pasado en Neuquén”.

Burzaco es actualmente CEO de una empresa de seguridad para el sector público y privado: Templar Seguridad Integral. Autor del libro “Mano justa” y ex diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, siempre mostró una postura de derecha que denotó su máxima expresión cuando quiso impulsar en el Congreso Nacional el proyecto de Ley Penal Juvenil, para imponer penas de cárcel a menores de 14 años, rechazado rotundamente por el Frente para la Victoria.

También fue vicepresidente de la Fundación Pensar, donde compartía actividades con Julio Cirino, quien encabezó un grupo de tareas del Batallón 601 durante la última dictadura cívico-militar y fue condenado en 2013 por crímenes de lesa humanidad, según contó Agepeba.

Como si fuera poco, Burzaco debió enfrentar este año la detención de su hermano, Alejandro, CEO de la empresa Torneos y Competencias. La Justicia de Estados Unidos lo imputó por estar implicado en los casos de corrupción en la FIFA, junto con los argentinos Hugo y Mariano Jinkis -responsables de la empresa Full Play.

La investigación que se desprende de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), relaciona a los tres argentinos con el pago de sobornos, por los cuales obtuvieron los derechos exclusivos para transmitir por televisión distintos campeonatos de fútbol y de esa manera venderlos al Estado argentino en montos "exorbitantes y en perjuicio del patrimonio público".