Ha habido un exceso y una errónea aplicación del Código de Faltas, lo que ha llevado a detenciones arbitrarias

El abogado y docente universitario, Hugo Seleme, interpuso el recurso para que "cese la posible amenaza a la libertad ambulatoria" de los habitantes de las barriadas populares de Córdoba ante lo que la Policía denomina "operativos de saturación con ocupación territorial".

El juez de Control, Gustavo ?Reinaldi, detalló en su fallo que, ?de los 341 detenidos por la Policía de la Provincia el 2 y 3 de mayo, sólo el 10 % había cometido delitos menores. Es decir, 304 personas fueron detenidas violando sus más elementales derechos.

Entre estas detenciones injustas, 109 correspondían a menores de edad. Y en 105 de esos casos, los padres de los adolescentes no fueron avisados por la Policía, como así tampoco los juzgados en lo Penal y Juvenil y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

"Ha habido un exceso y una errónea aplicación del Código de Faltas, lo que ha llevado a detenciones arbitrarias", determinó el magistrado, en uno de los primeros fallos en contra del proceder policial y del ampliamente criticado Código de Faltas, considerado inconstitucional por vastos sectores sociales y políticos.

Además, Reinaldi ordenó a la fuerza policial que instituya un protocolo que evite estas detenciones arbitrarias, le reprocha que haya detenido a menores sin darle intervención a los jueces y subraya que circular sin documentos no es delito, contradiciendo la controversial figura de merodeo incluida en dicho Código.

El juez conminó al jefe de la Policía, Julio César Suárez, a "hacerle conocer a todo el personal" que "la privación de la libertad sólo procede con carácter excepcional y cuando resulte absolutamente necesaria".

Le recordó que las razones de los arrestos "deberán constar expresamente" y seguirse las consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo exhortó a que respete los derechos y las garantías fundamentales de los menores de edad.

El fallo de Reinaldi también destina críticas al gobierno de José Manuel de la Sota, al que le recomendó que "considere la previsión de mecanismos que aseguren la posibilidad de la defensa técnica de las personas privadas de su libertad en actuaciones contravencionales, desde el primer momento de las actuaciones".

Precisamente, cuando se conocò el fallo judicial, De la Sota presentaba un plan electoral para policializar aún má el territorio provincial a través del programa  "Córdoba Más Segura", con el cual sumará 1.700 efectivos, 1.200 cámaras y 130 móviles policiales.

"Este programa ha sido elaborado por el Ministerio de Seguridad y la plana mayor de la Policía y son ellos los responsables de que funcione (...) Se gastarán millones y millones en vehículos, armamento, equipos de protección, comunicaciones", avisó De la Sota, que aclaró: "Los derechos humanos que tenemos que proteger son los de la gente de bien".