Está claro que el actual Gobierno no tiene en su horizonte construir una salida de manejo estatal en las distribuidoras de servicios, una osadía que no existió en años anteriores tampoco. En el mientras tanto, se está lejos de dar solución al toma y daca que proponen los operadores del servicio.

Los casos sobresalientes

La discusión se dio días pasados a través de dos casos resonantes: Edesur, la distribuidora eléctrica que distribuye electricidad en la zona sur del Gran Buenos Aires, y de GasNEA, la distribuidora de gas en la región del NEA, y principalmente en Entre Ríos.

En el caso de Edesur, se sabe que está en proceso de venta porque el accionista mayoritario, la italiana Enel, quiere desprenderse de los activos en la Argentina.

Todo esto en el contexto del malestar de los intendentes y usuarios del conurbano bonaerense que sufrieron cortes de luz en mitad de las fiestas navideñas y las inversiones que nunca llegaron, entre otras cosas. Por estas dos faltas, ligó, desde el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), multas millonarias.

El Gobierno sigue de cerca el proceso de venta y quiere que la absorba alguien que tenga conocimiento previo de una empresa de servicio público. Aquí se ve que está lejos de una solución que implique el manejo público, como fue YPF en su momento. Incluso, esta definición se consolidó con la decisión de condenación de abonar la deuda con Cammesa, la comercializadora de energía eléctrica. Entre Edesur y Edenor acumularon deuda por casi 220 mil millones de pesos, por no abonar la energía que distribuían y cobraban a los usuarios. Por decisión gubernamental, sólo abonaron 80 mil millones en 96 cómodas cuotas a tasa subsidiada, y obteniendo, además, una quita por unos 140 mil millones.

El otro caso, que pasó desapercibido, fue a mediados de noviembre, cuando el gobernador Gustavo Bordet firmó el decreto 3912 por el cual revocó el contrato con GasNEA, "por incumplimiento de sus obligaciones", y se indicó que la medida se llevará a cabo garantizando el normal suministro del servicio, a través de la estatal Compañía Entrerriana de Gas (CEGSA).

Hasta aquí, la decisión. Sin embargo, en el artículo 3°, la norma establece que se debe notificar al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), quien “resolverá la cuestión en un plazo determinado para garantizar la prestación del servicio” explicó el Fiscal de Estado, de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, y agregó que la caída de la concesión sucederá si el Ente “dispone las medidas conducentes a ello”. Hasta ahora esa respuesta no llegó y tal vez no llegue durante este Gobierno.

La fatiga de un modelo

Como se dijo antes, las concesiones del servicio de gas por red o de electricidad, sufren la fatiga de un modelo que fue pensado en un momento determinado: la década del ’90 y la privatización de los servicios públicos, pero que ya no es el mismo de entonces.

Desdibujada la situación, las tarifas no llegan en tiempo y forma y por eso las distribuidoras no realizan las obras. Por ejemplo, en el negocio del gas por redes, la última Revisión Tarifaria Integral (RTI) fue en el 2017, tras un poco más de una década de congelamiento.

Ante ese panorama, el Gobierno Nacional no da tarifa, pero resuelve invertir en las obras fundamentales y fortalecer el sistema o expandir el servicio. También lo hacen a su modo o capacidad económica, las provincias. Mientras que las distribuidoras, sólo quedan en el papel de operadores del sistema. Este es el modelo que convive, desde hace varios años.

Sin embargo, esa ecuación de excepción, que se convirtió en regla, muchas veces eclosiona como lo es el caso de Entre Ríos. Por lo que se ve, y a instancias de las acciones que se lleva adelante el Gobierno Nacional, se mantendrá la excepción que es regla.

*(Panorama energético, columna de Enrique Octavio Mujica, en www.expansionweb.com.ar