La abogada Valeria Carreras, representante de un amplio grupo de familiares de tripulantes del submarino, presentó un escrito en el que aseveró que por la “importancia y gravedad institucional” el tema debe ser evaluado por el máximo tribunal, según pudo saber Télam de fuentes judiciales.

“Sin lugar a duda, la importancia y gravedad institucional trasciende, es pública y notoria y requiere que sea finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante la cuestión institucional en ciernes, la que tendrá que dirimir la cuestión en una sensible temática”, expresó la abogada en un escrito de 13 páginas.

La presentación fue contra el fallo de la Cámara Federal de Casacion Penal que confirmó el sobreseimiento de Macri en la causa por espionaje ilegal a familiares de las 44 víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017.

En aquel fallo, el máximo tribunal penal convalidó la decisión de la Cámara Federal porteña en la que se sostuvo que las maniobras investigadas no corresponden a tareas de espionaje ilegal sino de seguridad presidencial y que el expresidente no estuvo directamente involucrado en ellas.

La abogada recordó en su escrito que los hechos investigados no tenían que ver con la seguridad de un mandatario sino con despliegues de la Agencia Federal de Inteligencia, por entonces bajo la conducción de Gustavo Arribas, que tenían bajo observación a los familiares de las víctimas.

“La gravedad del decisorio en crisis, radica en justificar las tareas de inteligencia sobre ciudadanos, solo por considerar un potencial peligro para la seguridad presidencial y/o seguridad interior”, sostuvo la abogada.

“La gravedad radica en convalidar una facultad a la AFI que no está contemplada por ley de Inteligencia. La gravedad radica en vulnerar derechos constitucionales. La gravedad radica en revictimizar a mis representadas”, continuó.

En ese punto, recordó que el fiscal ante la Cámara Federal porteña José Luis Agüero Iturbe había señalado que un fallo como el cuestionado corría el riesgo en “legalizar las tareas de seguimiento, fotografías, reportes, infiltraciones, informes, clasificación de información de mis representadas, simples ciudadanas, sin orden de un juez, y sin acreditar peligro y sin efectuar denuncia, lo que es lisa y llanamente espionaje ilegal”.

“Estamos en la oportunidad histórica de dar una respuesta cívica, ante el accionar de agentes de inteligencia, miembros de la AFI, sobrada prueba de tareas de investigación e inteligencia durante un año sobre mis representadas y familiares, a fin de determinar que fueron tareas de espionaje ilegales, prohibidas por ley o fueron legitimas en razón de prueba contundente e inequívoca sobre la peligrosidad de mis representadas”, sostuvo Carreras.

“Debe agotarse la instrucción en orden no solo de la mentada peligrosidad sino de la inacción durante un año de las autoridades, respecto de las potencialmente peligrosas. Debe investigarse la totalidad de causas archivadas, (no desestimadas) referidas a las intervenciones de líneas telefónicas celulares (de sus representadas)”, sostuvo la abogada.

El fallo cuestionado por Carreras -y también por los abogados Luis Tagliapietra y Mariano Berges en otros escritos- había sido alcanzado por la Casación con una mayoría conformada por los jueces Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci.