Las actividades incompatibles de la jueza Capuchetti

El día viernes se conoció públicamente que la jueza Capuchetti tiene un “trabajo” rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Capuchetti, según comunicó el ISSP el 6 de enero, cobra un sueldo del organismo desde 2014. Esto consta, además, en documentos que salieron a la luz durante el viernes y el fin de semana. Desde 2019, Capcuhetti pasó de ser investigadora a “Investigadora Senior” (Resolución No. 62/ISSP/19).

Luego, mantuvo este cargo. Así surge, por ejemplo, de la Resolución No. 2/ISSP/22, del 3 de enero de 2022, que designó a Capuchetti por un año como “Investigadora Senior” del organismo. Hace solo una semana, el 2 de enero de 2023, la Resolución No. 6/ISSP/23 extendió este plazo por un año más.

Es central aclarar que el ISSP no es un órgano con fines académicos, sino políticos. Aun si realiza actividades académicas, estas actividades tienen un objeto estrictamente político. Esto es central porque implica que participar en el ISSP equivale a participar en una dependencia del Poder Ejecutivo, y no en una dependencia académica, más allá de lo que se haga en el organismo.

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Sobre esto, basta con transcribir lo que definen las propias resoluciones del ISSP: “Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública, y órgano rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados en todo el sistema, y la producción de conocimientos científicos y técnicos sobre seguridad; Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad;”.

De este modo, aun si Capuchetti efectivamente da clases e investiga en el marco del ISSP, es explícito que esto no tiene un fin académico, sino “apoyar a la conducción política” del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De hecho, la Policía de la CABA tiene una dependencia académica, pero no es esta, sino el Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad. El ISSP, en cambio, no es una universidad. No depende de Educación, sino de seguridad.

Llamativamente, el ISSP indicó que Capuchetti realiza actividades de docencia. Sin embargo, lo cierto es que el lugar en el que consta que se desempeña, el Observatorio de Políticas de la Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no tiene dentro de sus funciones actividades de docencia o capacitación.

Lejos de esto, en línea con el ISSP, este Observatorio se enfoca en tareas de investigación científica y planificación de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, actividad propia del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, incompatible con la función judicial. Especialmente, cuando no se trata de una ONG o de un ámbito académico independiente, sino de un órgano ubicado dentro de la estructura del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Aun así, podría ser ingenuo discutir sus funciones en el organismo, ya que lo más probable es que se limite a cobrar un sueldo (como veremos, ilegal) sin trabajar. De acuerdo con el comunicado del ISSP, en nueve años, Capuchetti realizó un solo trabajo de investigación, del que no se indica lugar de publicación, pero nos permitimos dudar que se trate de una revista con un piso mínimo de prestigio. Para más inri, una de las materias que el ISSP dice que Capuchetti enseña es “Investigación y Conducción en Investigaciones Criminales Complejas”. Parece una burla.

En cualquier caso, lo cierto es que el artículo 9 del Decreto-Ley No. 1285/58 establece las incompatibilidades que conlleva el ejercicio de la magistratura. Lo cierto es que, como mínimo, las tareas de investigación y planificación de políticas públicas para un organismo ejecutivo están netamente prohibidas para los jueces. Y, como vimos, el Observatorio del ISSP no tiene entre sus funciones las actividades de docencia, por lo que, si Capuchetti hace algo además de cobrar un sueldo, es diáfano que es algo incompatible con su cargo.

Para cualquier actividad que no sea la docencia universitaria, la jueza debería contar con la autorización expresa del organismo de superintendencia (artículo 8, “k”, del Reglamento para la Justicia Nacional), en este caso la Corte Suprema. No tenemos conocimiento de dicha autorización.

A esto se suma que si, efectivamente, además de asesorar en la realización de políticas públicas, Capuchetti diera clases, también debería contar con una autorización de la Corte Suprema, como surge de la Acordada 44/2009. No hemos encontrado esa autorización, pero lo cierto es que si existiese sería inválida: es que la explicación de que los jueces puedan dar clases en ámbitos académicos es que se supone que se trata de espacios de libre circulación del conocimiento. El ISSP tiene un fin completamente distinto: apoyar a la conducción política en materia de seguridad de la CABA. De esta forma, la incompatibilidad, aquí, va más allá de la docencia: tiene que ver con la afectación a la independencia de los poderes.

Más allá de esto, si Capuchetti diera clase, sería necesario saber en qué horarios y días lo hace, ya que la acordada citada veda la posibilidad de hacerlo en horarios de atención al público del juzgado.

Reiteramos, de todos modos, que el Observatorio de Políticas de Seguridad de la CABA no tiene entre sus funciones la docencia y, como surge de su propio nombre, se trata de un organismo de asesoramiento y apoyo a la autoridad política del Sistema Integral de Seguridad, por lo cual ni siquiera una posible autorización podría resultar válida, sino que agregaría más ilegalidad a la gravísima situación detectada.

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Aunque con lo dicho sería suficiente para apartar a la jueza, el origen del sueldo que cobra ilegalmente Capuchetti da lugar a un segundo gran motivo de la recusación. La autoridad política es el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Marcelo D’ Alessandro. Esto tiene un doble impacto: por un lado, se trata de una persona que ha realizado un viaje ilegal con empresarios de medios y jueces a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido, y de quien se han conocido mensajes en los que queda muy claro su rol en la manipulación de causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner y el espacio político que integra.

Por otro lado, el Ministerio de Seguridad de la CABA tiene a su cargo a la policía de la Ciudad, que debería haber sido investigada en estas actuaciones (como lo fue la policía federal) pero respecto de la cual la jueza no dispuso una sola medida.

La autoridad política del ISSP y las personas que lo componen

El ISSP y, especialmente, el Observatorio en el que se desempeña Capuchetti, tienen como principal objetivo asesorar al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De hecho, aunque parece ser un organismo caracterizado por la falta de transparencia, ya que no hay dato alguno en su página web, sí surge de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de la CABA que está en la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad.

Esto implica, lisa y llanamente, que el sueldo de Capuchetti depende de Marcelo D’Alessandro. Dado que se trata de un oscuro operador judicial, esto es especialmente preocupante.

El 17 de octubre de 2022, se conoció que D’Alessandro compartió un viaje a Lago Escondido con un grupo de jueces, espías y directivos del Grupo Clarín. Estas personas fueron Pablo Yadarola, juez en lo Penal Económico impulsado por Juntos por el Cambio para integrar la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y de conocidos y públicos vínculos de amistad con la jueza Capuchetti; Pablo Cayssials, juez en lo contencioso administrativo federal famoso por fallar, siempre, a favor del Grupo Clarín; Julián Ercolini, juez de instrucción federal de la Capital Federal, instructor de la causa “Vialidad” y autor de varios de los mayores atropellos judiciales que conoce nuestra democracia; Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires; Leonardo Bergroth, ex agente de inteligencia; Tomás Reinke, especialista en campañas digitales; Jorge Rendo y Pablo Casey, directivos del Grupo Clarín; y Juan Bautista Mahiques y su padre, Carlos Mahiques.

Para decirlo con claridad: el rasgo en común más evidente de los viajeros es su odio contra Cristina Fernández de Kirchner, y la utilización de sus cargos de enorme responsabilidad, con claros fines de persecución política. Y lo cierto es que la composición del grupo, el hecho de que el viaje haya sido secreto y pagado por empresarios, y el lugar al que fueron (un terreno adquirido ilegalmente por un multimillonario inglés) mostraron con total nitidez el funcionamiento mafioso de la justicia federal y sus vínculos ilegales con ciertos miembros de Juntos por el Cambio y con el Grupo Clarín.

La operatoria de la que fue parte D’Alessandro, el empleador de Capuchetti, es actualmente investigada por María Cándida Etchepare, fiscal de San Carlos de Bariloche, en el marco de la causa FGR 17.869/2022.

Por si esto fuera poco, al tiempo se conocieron una serie de conversaciones de mensajería instantánea en la que D’Alessandro y sus socios/amigos hablan de acallar periodistas, falsificar facturas, y detener arbitrariamente a personas, entre otras cosas. Algunas de estas circunstancias, como la confección de facturas que no responden a operaciones reales, fueron detectadas en la investigación penal que dirige la fiscal Etchepare.

En los chats, D’Alessandro se destaca por su desapego por la ley y por su personalidad extorsiva y violenta. Entre otras cosas, habla de “hacer cagar” al titular de la PSA. A las pocas semanas, se conocieron nuevos mensajes de Marcelo D’Alessandro. Las conversaciones, ahora, eran con Silvia Majdalani, procesada por espiar ilegalmente a Cristina Fernández de Kirchner; con el vocero y director general del despacho del Presidente de la Corte Suprema, Silvio Robles; con el empresario Marcelo Violante; el ex fiscal Juan Ignacio Bidone y el fiscal nacional Augusto Troncoso.

En los mensajes, D’Alessandro pauta coimas con Violante, arregla causas con Troncoso, encarga tareas ilegales de inteligencia al ex fiscal Bidone y digita estrategias para controlar el Consejo de la Magistratura con Silvio Robles. Lo relevante de todo esto es que D’Alessandro es, evidentemente, una persona que se dedica a manipular la justicia para beneficiar a sus amigos y destruir a sus oponentes. Y, ahora sabemos, le paga un sueldo a Capuchetti por realizar tareas incompatibles con su función (si es que hace algo y la investigación no es solo una pantalla para pagarle a cambio de favores).

Por si esto fuera poco, el vicedirector del ISSP es Juan Bautista Mahiques. Juan Bautista Mahiques fue subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios de la Nación, en el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.

Entre sus gestiones, se encuentra la de aprobar una serie de traslados ilegales (ver, por ejemplo, Acordada 4/2018 CSJN y fallo de la CSJN en la causa “Bertuzzi, Pablo Daniel y otro c/EN - PJN y otros s/ amparo ley 16.986”), entre ellos el de su propio padre. Además, la jueza de Casación Penal Federal Ana María Figueroa declaró que Juan Bautista Mahiques la había ido a ver a su oficina para presionarla en la causa en la que se juzgó el Memorándum de Entendimiento con Irán, en el que Cristina Fernández de Kirchner estaba imputada, a raíz de lo cual se inició la investigación de la denominada “mesa judicial macrista”, que debió investigar, también, la propia jueza Capuchetti. Ahora se entienden mejor los escasos resultados de esa investigación.

Mahiques también participó de la comitiva que viajó a Lago Escondido y sugirió una serie de ilegalidades para ocultar su viaje mafioso. El criterio para ser parte del ISSP parece ser incumplir preceptos básicos de institucionalidad. Gabriel Esteban Unrein, su director, es, al mismo tiempo, fiscal a cargo de la Fiscalía de Cámara del fuero Penal, Contravencional y de Faltas Este. ¿Qué se diría si un fiscal federal trabajase en el Ministerio de Seguridad de la Nación?

Su secretario académico es el abogado Alan Martín Nessi, quien, en 2011, tuvo que renunciar al concurso N° 42/2010 para cubrir el cargo de Fiscal en la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, luego de que lo descubrieran copiándose en un examen.

Que Capuchetti cobre un sueldo mensual de un organismo que depende de estas personas por realizar tareas incompatibles con su función, si es que hace algo, es una evidente muestra de las relaciones ilegales, espurias y carentes de toda ética, entre algunos miembros de la justicia federal y funcionarios de Juntos por el Cambio.

Recordemos: cuando se conoció que Capuchetti cobra del ISSP, el organismo adujo que la jueza daría clases en dicho establecimiento. Pero el organismo no tiene como objeto la docencia. Además, el argumento de que Capuchetti hizo un trabajo de investigación en nueve años es casi una admisión de que cobraba por no hacer nada. Estamos, entonces, frente a lo que parece prácticamente una coima o soborno sostenido de un operador judicial hacia una jueza federal.

No queda claro qué implica ser “Investigadora Senior”, además de estar en posición de cobrar un sueldo ilegal, pero es bastante evidente que Capuchetti no reúne los requisitos mínimos para las tareas académicas.

Para empezar, no se conoce ningún trabajo suyo con una mínima relevancia. Pero, además, la lectura de cualquiera de sus resoluciones revela una catarata de errores gramaticales y sintácticos que es totalmente inconcebible en cualquier persona que tenga un trabajo de “Investigadora Senior” (por ejemplo, en solo las primeras cinco páginas de los procesamientos de Carrizo, Uliarte y Sabag Montiel, contamos más de diez errores graves).

La relevancia de todo esto es que la contratación de Capuchetti solo es entendible si se la percibe como una forma de incidir en el comportamiento de una jueza a través de dinero y de otorgarle un cargo que puede presentarse como académico, lo que puede servirle para legitimarse y para sumar puntos para concursar, entre otras cosas.

Lo mismo se desprende del hecho de que, supuestamente, enseñe materias vinculadas con investigaciones de delitos complejos. Nadie, en su sano juicio, contrataría para esa labor a alguien que, evidentemente, no tiene ese conocimiento específico.

Por ejemplo, en cuatro meses, la Cámara del fuero ha debido revisar y revocar dos decisiones de Capuchetti vinculadas con medidas de prueba (CCCF - Sala I CFP 2998/2022/7/1/CA5 “Fernández, Cristina s/ apelación” y CCCF - Sala I CFP 2998/2022/24/CA8 “Fernández, Cristina s/ legajo de apelación”).

Que un organismo superior revoque una decisión sobre prueba muestra un error gravísimo de un magistrado. Que haya pasado dos veces revela la total incapacidad para dirigir investigaciones complejas.

Si el ISSP contrató a Capuchetti para enseñar ese tema, estamos frente a una nueva muestra de que lo único que busca el organismo es influir ilegalmente en una magistrada federal. Como veremos a continuación, el objetivo parece haber sido cumplido.

La ceguera de Capuchetti ante la actuación de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hasta aquí, hemos dado cuenta de las actividades de Capuchetti rentadas por el ISSP. Como vimos, se trata de tareas incompatibles con su función, pero, además, de un vínculo que solo se explica como una contraprestación para tener llegada al juzgado a su cargo.

Al menos en esta causa, la iniciativa parece haber dado frutos. Como sabemos, aquí se investiga el atentado perpetrado contra Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022. En la causa se investiga a los autores materiales y a los intelectuales del atentado, pero, también, a fuerzas de seguridad que pueden haber posibilitado, por acción u omisión, que suceda el hecho.

En este sentido, la jueza impulsó con firmeza (aunque sin criterio) la causa CFP 3009/2022. Fiel a su alineamiento, a raíz de una denuncia ridícula, caratuló al legajo con el nombre del Ministro del Interior de la Nación, aun cuando no tiene absolutamente nada que ver con ninguna medida de prueba.

En este legajo, Capuchetti libró una serie de oficios al Ministerio de Seguridad de la Nación relativos al accionar de la custodia de la vicepresidenta, y hasta le tomó declaración testimonial a su jefe. Con menos énfasis, dijo estar a la espera de sumarios internos para investigar a la Policía Federal.

Pero, llamativamente, se olvidó de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, probablemente la fuerza de seguridad que con más contundencia debería haber investigado. Es que es esa policía la que tenía jurisdicción sobre el lugar donde se produjo el atentado y la que, consecuentemente, tenía el deber de garantizar la seguridad.

Tal es así que la policía de la CABA realizó un fuerte (e ilegal) operativo frente a la residencia de Cristina Fernández de Kirchner desde el 22 de agosto de 2022, día en que el fiscal Luciani pidió la condena de la vicepresidenta.

Desde esa fecha, el Ministro de Justicia y Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro, dispuso una fuerte presencia policial en Juncal y Uruguay, por el mero hecho de que militantes políticos habían organizado una vigilia para apoyar a Cristina Fernández de Kirchner.

Las órdenes de D’Alessandro llegaron al punto de poner vallas para impedir que la gente se acerque al domicilio de la Vicepresidenta, situación que terminó con agresiones policiales injustificables y la detención de dirigentes políticos por el mero hecho de manifestarse.

Ese día, sin embargo, hubo dos personas que sí lograron acercarse al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner: Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte. Como surge de sus conversaciones, los imputados estaban preparados para matar a la vicepresidenta ese día, pero no pudieron hacerlo porque “se metió adentro y el escenario, el anfiteatro lo sacaron (...), un quilombo y ella está metida ahí arriba, pero no creo que salga así que ya fue”.

Es decir que un enorme dispositivo de seguridad se encargó de cercenar la libertad de expresión, pero permitió que dos asesinos estén al borde de cumplir su cometido.

Ese mismo día, las fuerzas a cargo de D’Alessandro agredieron a Máximo Kirchner cuando quiso visitar a su madre: “¿Querés pasar, Máximo? Puto, la concha de tu madre vas a pasar”, le dijeron los policías.

Mientras tanto, no tenían problema en que los miembros de Revolución Federal, quienes ya tenían causas por manifestar su voluntad de matar a Cristina Fernández de Kirchner, subieran al departamento de la vecina de la Vicepresidenta, se sacaran fotos y, presumiblemente, realizaran tareas de inteligencia. Situaciones que la jueza Capuchetti decidió no investigar.

Esto no es llamativo, ya que, como surge de la causa CPF 3103/2022, la policía de CABA tenía una relación muy buena con este grupo. En vez de realizar tareas de prevención, solían saludarlos afablemente.

En su furia represiva, las fuerzas que dirigía D’Alessandro, famosas por perseguir vendedores ambulantes, tampoco repararon en la presencia de quienes comercializaban algodones de azúcar mientras hacían tareas de inteligencia para matar a la vicepresidenta.

Tampoco estuvieron atentos a las indicaciones de Jonathan Morel respecto de cómo asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Lo hecho (o lo no hecho) por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue, entonces, determinante para que suceda el atentado del 1 de septiembre de 2022.

D’Alessandro fue determinante en la inactividad policial (si es que no pasó algo mucho más grave). Esto se evidencia, entre otras cosas, en que directamente omitió responder un oficio que le envió el 28 de julio de 2022 el fiscal federal Gómez Barbella con el fin de identificar a personas que -previo al atentado- amenazaban a la Vicepresidenta.

Las preocupaciones de D’Alessandro eran, en vez, filmar ilegalmente desde balcones a los manifestantes políticos que apoyaban a la Vicepresidenta, o hacer inteligencia sobre sus movimientos y su domicilio, conforme fuera denunciado por la propia Policía Federal Argentina. En la mejor luz, se trató de una caza de brujas por motivos políticos. Otra posibilidad es que se haya brindado información de inteligencia a los autores materiales del ataque contra Cristina Fernández de Kirchner, o desplegado alguna tarea tendiente a su encubrimiento. Nada se investigó.

En suma, si había una fuerza a la que era claro que, al menos, había que investigar, era a la policía de la CABA. Marcelo D ?Alessandro, el empleador de la jueza a cargo de esta causa, ocupa y ocupó durante el atentado y los meses previos, ni más ni menos que el control de la calle. Insistimos, tanto el control de la seguridad de la vivienda de la vicepresidenta y sus inmediaciones, como así también, de todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde “operaba” la denominada banda de los vendedores de copos de azúcar. Cualquier funcionario, político o judicial, con conocimientos mínimos en materia de seguridad y justicia, conoce perfectamente las relaciones de las fuerzas de seguridad policiales con los actores que caminan y viven la “calle”, como son los vendedores ambulantes.

¿Respecto de qué fuerza Capuchetti no hizo absolutamente nada?

De la policía de la CABA.

¿De quién depende la policía de la CABA?

Del Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA.

¿Quién le paga un sueldo por realizar tareas incompatibles con su trabajo a Capuchetti (si es que hace algo)?

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA.

¿De quién depende este organismo?

De Marcelo D’Alessandro, de quien ahora se sabe a ciencia cierta su involucramiento en tareas directamente mafiosas en las que, entre otras cosas, amaña casos judiciales y utiliza su cargo como responsable de la seguridad y justicia de los vecinos de la CABA con fines exclusivamente políticos partidarios.