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El plan de Stornelli para lograr su impunidad

Carlos Stornelli propone un escandaloso intercambio de favores con el juez de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda, para quedar impune en la causa que tiene como protagonista al falso abogado Marcelo D’Alessio, en la cual el fiscal está procesado

Carlos Storneilli

Carlos Storneilli


elagora.digital // Jueves 30 de junio de 2022 | 12:46

El “canje” que ofrece Stornelli es no investigar irregularidades en la obra social del Poder Judicial -que tienen en la mira a Maqueda- a cambio de que el Supremo vote a favor de todos los planteos que hay en la Corte Suprema respecto de la causa en la que está procesado el fiscal emblema del lawfare en Argentina.

Los planteos en el caso D’Alessio

Stornelli sigue en su cargo, protegido por el procurador interino Eduardo Casal, pese a que utilizó a D’Alessio para espiar al exmarido de la actual esposa del fiscal y para mandar a hacer una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira, que actúa en la causa de las fotocopias de los cuadernos.

Los planteos en la Corte tienen que ver con que la causa siga en Comodoro Py y, sobre todo, que se nulifique parte de la investigación que hizo el juez federal Alejo Ramos Padilla.

Al máximo tribunal ya llegaron seis planteos por la causa que tramitó en Dolores. La mayoría promovidos por la defensa de Daniel Santoro -el amigo de D’Alessio-, uno por el ministerio público, del fiscal general Raúl Plé -también íntimo de Stornelli-, dos de la Unidad de Información Financiera y uno de otro querellante, Carlos Soto Davila.

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El objetivo es que la causa siga en Comodoro Py porque ese tribunal es afín al macrismo. Y, además, son planteos de numerosas nulidades, entre ellas que Ramos Padilla pidió la colaboración de la Comisión Provincial de la Memoria.

En la Corte Suprema sólo votan tres jueces. Sucede que Carlos Rosenkrantz se excusó porque fue uno de los espiados por D’Alessio. Tácitamente, Rosenkrantz admite la validez de lo que descubrió Ramos Padilla. Y de esa manera, el resultado es que en todos esos recursos votarán únicamente Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti.

Corrupción en la Obra Social del Poder Judicial

Por su parte, Stornelli plantea cerrar la causa por el desfalco en la Obra Social del Poder Judicial, pese a que era una obra social que funcionaba bien y que entró en una debacle con miles de reclamos y numerosas denuncias judiciales a partir de la administración de un hombre de confianza de Maqueda, Aldo Tonón.

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Tal es el escándalo que la propia Corte resolvió reemplazar a Tonón por un nuevo director, Mariano Althabe, y en la causa judicial ya declaró Guadalupe Burgos, sobrina de Maqueda, que admitió que en 17 años de ser jerárquica de administración nunca fue designada, que no tuvo cargo alguno, no es contadora ni tiene profesión y firmaba cheques por más de mil millones de pesos mensuales.

Buena parte de las denuncias las hizo el Sitraju, una de los gremios judiciales. Entre otras cosas, la imputación señaló lo siguiente:

Contrataciones de servicios informáticos que terminaron siendo usados por privados.

Tratamientos que se le negaban a unos afiliados, pero que a otros, por sus vinculaciones familiares, se les otorgaban y eran pagados por la obra social.

La contratación de una empresa cordobesa -Farmandat- en licitaciones más que dudosas. La sociedad tenía una presencia escasa y sin embargo se le adjudicó un contrato por 2.600 millones de pesos.

Desplazamiento de prestadores que reclamaban pagos, con el consecuente perjuicio para los afiliados que se estaban tratando con esos prestadores.

Centenares de juicios pendientes por mala praxis.

En un informe pedido por el administrador de la Corte, Daniel Marchi, se habrían constatado diferencias entre el inventario informático de medicamentos y el inventario físico. O sea, alguien se llevó medicamentos.

El funcionamiento deficiente de toda la obra social, con quejas constantes de los afiliados.

Pese a la existencia de esas imputaciones, Stornelli presentó un dictamen para que la causa se cierre, planteando que las acusaciones son infundadas dado que el denunciante, Agustín Bruera, del Sitraju, no aportó elementos sólidos para reafirmar sus imputaciones (sic).

El juez a cargo, Ariel Lijo, no aceptó el archivo del expediente. Al mismo tiempo ordenó nuevas medidas. En forma tácita sostiene que hay elementos para investigar.

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