El Tribunal Oral Federal de Formosa inició esta mañana el juicio oral y público a dos ex jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de esa provincia durante la época del terrorismo de Estado, Bernardo Alfredo Montoya y Jorge Demetrio Vázquez Rey, quienes llegaron a esta instancia acusados como coautores de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de los secuestros, torturas y desapariciones de los que fueron víctimas un grupo de siete empleados y empleadas del fuero provincial durante la última dictadura cívico militar.

La audiencia se llevó a cabo con participación presencial y remota de las partes. El tribunal está integrado por Rubén David Oscar Quiñones, Mariela Emilce Rojas y Roberto Manuel López. Por el Ministerio Público Fiscal intervienen el fiscal general Carlos Martín Amad y el auxiliar fiscal Mauricio Romero. La instrucción de la causa estuvo a cargo del fiscal federal de Corrientes, Flavio Ferrini, quien en noviembre pasado formuló el requerimiento de elevación a juicio, que fue leído en el inicio del debate.

Según consta en la pieza acusatoria, los exjueces omitieron “controlar la legalidad de las privaciones de la libertad” y “las condiciones de detención” de las víctimas Elsa Alicia Chagra, Ángela Colman, Raquel Levi, Adriano Acosta, Andrés Medina, Mirta Leónidas Insfrán y Ricardo Borgne, empleados y empleadas del Poder Judicial formoseño y con militancia sindical en la Asociación Judicial de Formosa. El grupo de trabajadores y trabajadoras fue secuestrado en su mayoría el 5 de agosto de 1976, salvo Chagra, a quien apresaron un día antes. Insfran y Borgne, pareja, continúan desaparecido y desaparecida, mientras que el resto recuperó la libertad en diferentes momentos.

Las prácticas represivas habrían sido ejecutadas por el grupo de tareas correspondiente al Área Militar 234 en los centros clandestinos de detención "La Escuelita", tal como se conocía al Destacamento Policial de San Antonio, y el Regimiento de Infantería Monte 29, donde tenía asiento el grupo represivo. La acusación fiscal señala que "luego de la privación ilegal de la libertad sufrida por los empleados judiciales, los aquí imputados recibieron informes remitidos por el jefe del Área Militar 234, que asumían responsabilidad sobre esas detenciones sin mencionar causa o documentación respaldatoria que las justificara. Sin perjuicio de ello, los magistrados no sólo no buscaron corroborar la licitud de la medida, sino que tampoco constataron la veracidad de los informes militares o las condiciones a las que sus empleados estaban siendo sometidos".

La audiencia

La jornada comenzó pasadas las 8.00 con la lectura de las acusaciones, tras lo cual se abrió el debate y ambos acusados expusieron su defensa y luego respondieron preguntas de la fiscalía y las querellas en el marco de la declaración indagatoria.

A continuación declaró el único testigo en la causa, Adriano Acosta, y por último se produjo la incorporación de pruebas documentales. El debate se reanudará el próximo viernes 1 de julio con la exposición de los alegatos de las partes.