AySA privatizada: Una operación que el próximo gobierno deberá revisar

¿negocio privado o patrimonio regalado?

La venta de una empresa que presta un servicio esencial para millones de personas, festejada irracionalmente desde las redes sociales por los libertarios, no puede evaluarse únicamente por los dólares que ingresan a las arcas del Estado ni por las promesas de inversión del nuevo operador.

También hay que examinar cuánto vale realmente la compañía, qué resigna el sector público al desprenderse de sus activos, cómo se desarrolló el proceso de adjudicación, qué vínculos existen entre funcionarios y empresarios, qué efectos puede tener la concentración económica y cuáles serán las consecuencias para las tarifas y el acceso al servicio.

Estos interrogantes, que son varios, se vienen acumulando a medida que van pasando las horas. Aumentan las sospechas de un escándalo que puede llegar a ser histórico. Comenzando por el precio ofrecido por el 90% de AySA quedó por debajo de las expectativas de recaudación que se habían difundido; la falta de acceso público a la tasación completa alimentó cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento; los antecedentes comerciales de integrantes del consorcio ganador plantearon preguntas sobre los controles y los posibles conflictos de intereses; y el fuerte aumento de las tarifas previo a la privatización obliga a preguntarse quién terminó financiando el saneamiento de las cuentas de la empresa. A esto se debe sumar una discusión de fondo: si el Estado puede conservar una compañía estratégica, mejorar su gestión y utilizar sus recursos en beneficio colectivo, ¿por qué debería renunciar a esa herramienta? Desde el liberalismo económico el gobierno de Javier Milei realiza algo que es prácticamente una incoherencia. A un monopolio estatal de control de recursos naturales transformarlo en un monopolio privado.

El Gobierno de Javier Milei presenta la privatización como parte de una reorganización del papel del Estado y sostiene que la participación privada permitirá atraer inversiones y mejorar la prestación. Pero esas promesas deben contrastarse con resultados verificables, obligaciones contractuales exigibles y mecanismos de control capaces de proteger a los usuarios. La experiencia futura de AySA no se medirá solamente por la rentabilidad del concesionario, sino también por la calidad del servicio, la expansión de las redes, el cumplimiento de las obras y la posibilidad de que todos los hogares accedan al agua potable y al saneamiento a un costo razonable.

Por eso, la discusión no termina con la adjudicación ni con la transferencia de las acciones. También debe contemplar qué ocurriría si se comprobara que la operación perjudicó el patrimonio público, vulneró las normas aplicables o estableció condiciones contrarias al interés general. En ese escenario, un futuro gobierno elegido democráticamente podría impulsar una revisión integral del proceso y evaluar las vías administrativas, legislativas o judiciales que correspondan. La eventual anulación o reversión de la privatización no sería una consecuencia automática de un cambio de gobierno: dependería de los hechos comprobados, del marco legal, de los contratos firmados y de las responsabilidades que pudieran determinarse.

La pregunta, entonces, es inevitable: ¿la privatización de AySA se realizó con todas las garantías necesarias para proteger el patrimonio público y el derecho al agua, o estamos ante una decisión cuyos fundamentos económicos, institucionales y sociales todavía deben ser esclarecidos? Si la operación fue legítima y beneficiosa, el Gobierno debe poder demostrarlo con documentación transparente y resultados concretos. Si, por el contrario, una investigación rigurosa revelara irregularidades o un perjuicio para el interés público, la sociedad tendría derecho a exigir responsabilidades y el próximo gobierno tendría el deber de estudiar las alternativas legales disponibles. Porque ninguna privatización debería convertirse en un cheque en blanco, y mucho menos cuando lo que está en juego es un servicio esencial para la vida de millones de personas.

Los principales problemas de la privatización de AySA

1. Venta por debajo del valor que podría tener la empresa

Uno de los cuestionamientos más fuertes es la diferencia entre el precio de venta y la valuación que, según la entrevista, había anticipado el funcionario encargado de las privatizaciones. Se menciona que se esperaba obtener al menos 500 millones de dólares, pero que el 90% de AySA se vendería por 340 millones.

La pregunta es inevitable: ¿por qué vender por 340 millones de dólares una participación que, según las propias estimaciones citadas, podía valer mucho más?

La verdad es que la privatización de AySA quedó envuelta en un manto de sospecha por el precio de venta. El consorcio ganador ofertó US$ 340,2 millones por el 90% de la empresa, una cifra inferior tanto a los US$ 500 millones que, según trascendió, el Gobierno esperaba recaudar como mínimo, como a los US$ 450 millones que se habían estimado desde el área económica.

La diferencia no es menor: representa US$ 159,8 millones respecto de la primera referencia y US$ 109,8 millones frente a la segunda. La operación también abrió interrogantes sobre la metodología de valuación y la falta de acceso público a la tasación oficial, cuestionamientos que motivaron reclamos legislativos y judiciales.

El Gobierno, por su parte, sostuvo que el proceso continuaba y que el informe de valuación sería accesible en una etapa posterior. La cuestión central es si el Estado obtuvo un precio razonable por un activo estratégico o si aceptó una oferta inferior a sus propias expectativas sin brindar información suficiente para comprobarlo.

Para responderlo de manera concluyente, resulta indispensable conocer la tasación completa, los criterios aplicados y las condiciones económicas de la operación.

2. El Estado se desprende de una empresa que puede generar recursos públicos

El argumento de la rentabilidad es central para cuestionar la privatización de AySA: el Estado no solo vende un activo, también renuncia a la posibilidad de participar de sus futuras ganancias y de decidir sobre una empresa que presta un servicio esencial.

La operación puede producir un ingreso inmediato, pero ese dinero se cobra una sola vez; en cambio, los beneficios económicos que la compañía pudiera generar en los próximos años quedarían en manos de sus nuevos propietarios. Por eso, no alcanza con presentar la venta como una forma de recaudar o reducir la participación estatal: es necesario comparar lo que ingresa hoy con lo que el sector público podría dejar de percibir mañana.

El caso de AySA vuelve más difícil de justificar la decisión oficial: en marzo de 2026, la propia empresa informó que había cerrado 2025 con un superávit operativo de $237.000 millones y que había reducido su deuda un 85%.

Es decir, mientras el Gobierno avanzaba con la privatización, la compañía mostraba una mejora de sus cuentas y una menor dependencia de los aportes del Tesoro. La pregunta que uno debe hacerse es por qué, en lugar de consolidar esa recuperación bajo control público, se eligió transferir la empresa a manos privadas.

La oferta ganadora fue de US$340,2 millones por el 90% de AySA, mientras que el Gobierno había difundido una expectativa de recaudación cercana a los US$500 millones. La operación, por lo tanto, obliga a discutir no solo el precio de venta, sino también el costo de oportunidad: el Estado recibe dinero ahora, pero cede la participación en los resultados futuros de una empresa que abastece de agua y saneamiento a millones de personas.

El argumento oficial sostiene que el sector privado aportará inversiones y asumirá responsabilidades que hoy pesan sobre el Estado; aun así, esa promesa debe contrastarse con las obligaciones concretas del contrato, los mecanismos de control y las garantías para los usuarios. La rentabilidad de una empresa pública no es, por sí sola, una razón para venderla: también puede ser un motivo para conservarla, mejorar su gestión y poner sus excedentes al servicio de la sociedad.

3. Una privatización bajo sospecha: la falta de transparencia impide controlar qué se entrega

La privatización de AySA no solo abre interrogantes por el precio de venta: también pone en discusión la transparencia de un procedimiento mediante el cual el Estado se desprende de un activo estratégico. El 11 de octubre de 2026, La Nación informó que cuatro legisladores nacionales presentaron una medida cautelar para suspender la operación hasta conocer la tasación oficial e íntegra de la empresa. El reclamo apunta a un aspecto fundamental: el Congreso y la ciudadanía necesitan conocer cómo se determinó el valor de aquello que pertenece al patrimonio público.

Uno de los puntos más controvertidos es la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Según la presentación judicial citada por el diario, se habría evitado la intervención de su cuerpo colegiado y la valuación se habría derivado a una unidad especial del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Los legisladores cuestionaron, además, que no se hayan difundido de manera completa los criterios y resultados de esa evaluación. El Gobierno justificó administrativamente el recurso a una entidad bancaria pública al señalar que el Tribunal de Tasaciones había manifestado que no podía valuar la totalidad de AySA dentro de un plazo razonable. Esa explicación figura en la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía, aunque no elimina la necesidad de que el procedimiento pueda ser examinado y controlado.

La preocupación no es menor. La licitación se realizó sin establecer un precio base y la oferta ganadora fue de US$340,2 millones por el 90% de las acciones, por debajo de los US$450 millones que el Gobierno esperaba recaudar, según la información publicada por La Nación. Sin acceso público a la tasación completa y a sus fundamentos, resulta difícil evaluar si el monto ofrecido refleja adecuadamente el valor de la empresa y las condiciones de la operación.

A esto se suma el cuestionamiento al funcionamiento de los mecanismos de control parlamentario. Ya en noviembre de 2025, La Nación había informado que la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones reclamaba información más completa al Poder Ejecutivo sobre distintas empresas estatales y advertía que las respuestas recibidas no alcanzaban para determinar el alcance real de las modificaciones.

El problema de fondo es político e institucional: una privatización no debería convertirse en una decisión que la sociedad deba aceptar sin conocer sus fundamentos económicos. Cuando está en juego una empresa que presta un servicio esencial a millones de personas, la transparencia no es un trámite burocrático ni un obstáculo para la gestión; es una condición indispensable para proteger el interés público. El Gobierno puede defender la participación privada, pero debe demostrar con información verificable que la operación se realizó con una valuación razonable, controles efectivos y resguardo del patrimonio estatal. Si la venta es conveniente para el país, la documentación que la respalda debería poder resistir el escrutinio público.

4. Posibles conflictos de intereses: cuando los vínculos empresariales rodean la venta del agua

La privatización de AySA exige examinar no solo cuánto dinero recibe el Estado, sino también quiénes conducen el proceso y quiénes terminan beneficiándose con la operación. Diego Chaher, responsable de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y figura central del programa privatizador del Gobierno de Javier Milei, trabajó durante casi dos décadas en compañías vinculadas al Grupo América, relacionado con los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano. Así lo consignaron medios como TN y La Nación al reconstruir su trayectoria profesional.

El dato adquiere mayor relevancia política cuando se observa quiénes quedaron del otro lado de la operación. El consorcio ganador de la licitación de AySA incluye a Transclor, empresa de Mauricio Filiberti, socio de Vila y Manzano en Edenor. Además, Transclor es proveedor de policloruro de aluminio utilizado para potabilizar el agua de AySA desde 2009. La Nación ya había señalado que Filiberti era un proveedor histórico de la compañía antes de que su grupo participara en la licitación para adquirirla.

La combinación de estos antecedentes plantea una pregunta necesaria: ¿qué garantías tuvo la sociedad de que la privatización se desarrolló con plena independencia respecto de los vínculos previos entre funcionarios y empresarios? La trayectoria profesional de Chaher no demuestra por sí misma que haya existido favoritismo ni que la licitación estuviera direccionada. Sin embargo, cuando un funcionario con experiencia laboral en un grupo empresario conduce la venta de una compañía pública y el consorcio adjudicatario incluye a un socio de ese mismo entramado empresarial, la transparencia debe ser máxima. No alcanza con afirmar que las reglas fueron iguales para todos: es necesario que los procedimientos, los criterios de evaluación y las decisiones puedan ser examinados de manera independiente.

El interrogante también tiene una dimensión económica. AySA presta un servicio esencial a unos 14 millones de personas y, antes de la privatización, Transclor ya tenía una relación comercial de larga data con la empresa. Pasar de proveedor a integrante del consorcio que adquiere el control de la compañía abre cuestiones que merecen respuestas concretas: qué mecanismos impedirán ventajas indebidas, cómo se controlarán los contratos futuros y qué garantías tendrán los usuarios frente a decisiones que puedan afectar los costos y las tarifas. La existencia de estos interrogantes hace imprescindible una fiscalización rigurosa.

Cuando se privatiza una empresa estratégica, los vínculos empresariales de quienes deciden y de quienes compran no pueden quedar fuera del debate público. Si el Gobierno sostiene que la operación protege el interés general, debe demostrarlo con documentación accesible, controles independientes y reglas claras para prevenir conflictos de intereses, reales o potenciales. El agua no es un negocio cualquiera: es un servicio indispensable para la vida cotidiana. Por eso, la confianza pública no puede descansar solamente en las declaraciones oficiales; necesita pruebas verificables de que el proceso priorizó el interés colectivo.

5. Concentración empresarial: el negocio del agua queda en manos de actores vinculados a la energía y el gas

La privatización de AySA abre entre otros interrogantes, uno que va mucho más allá de quién compra una empresa pública: ¿qué sucede cuando los mismos grupos empresarios acumulan participación en distintos servicios esenciales? El consorcio que presentó la oferta ganadora de US$340,2 millones por el 90% de AySA está integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, Transclor y el fondo PHX Aqua. Entre sus integrantes se encuentra Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, conocido como el “Rey del Cloro” y proveedor histórico de insumos utilizados por AySA para potabilizar el agua. Según informó La Nación, Transclor es proveedor exclusivo de policloruro de aluminio de la compañía desde 2009. Con la privatización, una empresa que abastecía a AySA pasa a integrar el consorcio que la controla.

El cruce empresarial no termina ahí. Filiberti es socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor, distribuidora eléctrica que abastece a una parte importante del Área Metropolitana de Buenos Aires. Además, medios como Clarín e Infobae informaron que ese entramado empresario también está vinculado con Metrogas, una de las principales distribuidoras de gas del país. La relación entre estos negocios resulta especialmente relevante porque AySA es una gran consumidora de electricidad: el grupo empresario queda vinculado, por distintas vías, tanto con la prestación del servicio de agua como con el suministro de energía que necesita para funcionar.

Este mapa de participaciones plantea un problema estructural: la concentración de poder económico en actividades que no son bienes de consumo prescindibles, sino servicios indispensables para la vida cotidiana. El agua potable, la electricidad y el gas tienen un impacto directo sobre los hogares, la actividad productiva y la salud pública. Cuando distintos servicios estratégicos quedan bajo la influencia de grupos empresariales relacionados, se vuelve imprescindible reforzar los controles sobre las tarifas, los contratos entre compañías vinculadas, los costos de operación y las inversiones comprometidas.

Desde los propios principios del liberalismo clásico, la concentración económica merece una mirada crítica cuando restringe la competencia y permite que un reducido grupo de empresarios acumule poder para condicionar precios, mercados y decisiones estratégicas. Adam Smith cuestionó los monopolios y los privilegios que limitan la libre competencia. En el caso de AySA, la privatización plantea una contradicción que el discurso liberal debería explicar: transferir una empresa pública a manos privadas no significa crear competencia, especialmente cuando se trata de una infraestructura de agua y saneamiento que funciona como monopolio natural. Si el Estado se retira como propietario y el servicio queda bajo el control de un operador sin competencia efectiva, el resultado puede ser el reemplazo de un monopolio público por uno privado, sin que los usuarios obtengan las ventajas que supuestamente ofrece el mercado. La pregunta, entonces, no es solamente quién administra AySA, sino qué mecanismos impedirán que el poder económico del nuevo concesionario prevalezca sobre el interés de la sociedad.

Por lo tanto, la cuestión central sería qué garantías tendrá el Estado para evitar que los intereses comerciales de los accionistas se impongan sobre las necesidades de la población. ¿Cómo se controlarán los costos de la energía que AySA compra a empresas relacionadas con sus nuevos accionistas? ¿Qué mecanismos impedirán que los vínculos entre proveedor y cliente se traduzcan en condiciones perjudiciales para la compañía o sus usuarios? ¿Qué capacidad efectiva conservará el poder público para exigir inversiones, controlar la calidad del servicio y sancionar incumplimientos?

La privatización transfiere el control de una empresa esencial a un consorcio privado, pero no elimina la responsabilidad estatal de garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento. Por eso, la discusión no puede reducirse al monto obtenido por la venta ni a la promesa de inversiones futuras. También debe incluir la concentración económica, las relaciones entre empresas vinculadas y la capacidad de regulación pública. Cuando el agua, la electricidad y el gas se cruzan en un mismo entramado empresario, el desafío es impedir que la acumulación de poder económico termine debilitando el control público sobre servicios de los que depende toda la sociedad.

6. Privatizar AySA: el Estado pierde una herramienta para orientar políticas públicas

La privatización de AySA no se limita a una operación financiera ni al ingreso extraordinario que obtiene el Estado por la venta de sus acciones. Implica transferir a manos privadas una parte decisiva del control sobre un servicio esencial y reducir la capacidad pública para orientar su desarrollo de acuerdo con prioridades sociales, territoriales y sanitarias. El agua potable y el saneamiento no son mercancías ordinarias: su disponibilidad condiciona la salud, la calidad de vida y las posibilidades de desarrollo de millones de personas. Por eso, las decisiones sobre la expansión de las redes, las obras de infraestructura y el mantenimiento del sistema no deberían evaluarse exclusivamente en función de la rentabilidad del negocio.

El Gobierno sostiene que la privatización permitirá atraer inversiones, mejorar la eficiencia y ampliar la cobertura. El nuevo esquema de concesión establece obligaciones de inversión y metas de expansión, y prevé mecanismos de regulación estatal. Sin embargo, que existan compromisos contractuales no elimina el interrogante central: ¿qué capacidad efectiva tendrá el Estado para hacer cumplir esas obligaciones y garantizar que las necesidades de la población prevalezcan cuando entren en tensión con los objetivos económicos del concesionario?

También está en juego la orientación de los recursos. Cuando una empresa pública genera excedentes, el Estado puede decidir cómo reinvertirlos en el propio servicio o, dentro de las reglas presupuestarias correspondientes, destinarlos a otras prioridades colectivas. Bajo una gestión privada, los beneficios corresponden a los accionistas, mientras que el Estado conserva responsabilidades fundamentales de regulación y protección de los usuarios. Esto no significa que toda empresa pública sea necesariamente eficiente ni que sus ganancias estén garantizadas, sino que la propiedad estatal permite mantener abierta una posibilidad de decisión económica que se pierde al transferir el control.

La discusión adquiere mayor relevancia porque AySA presta un servicio del que dependen millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires. El propio Gobierno informó que el nuevo operador asumirá obligaciones de inversión superiores a los US$2.000 millones. La cuestión, entonces, no es solamente cuánto promete invertir el comprador, sino cómo se financiarán esas inversiones, qué efectos tendrán sobre las tarifas, qué sanciones se aplicarán ante incumplimientos y qué herramientas conservará el Estado para garantizar que la cobertura llegue también a las zonas menos rentables.

Desde una perspectiva crítica, el riesgo es que el Estado termine cediendo capacidad de decisión sobre un recurso indispensable y conserve, al mismo tiempo, la responsabilidad política de responder por las consecuencias de un servicio deficiente o inaccesible. Si las inversiones no se cumplen, si las tarifas se vuelven una carga excesiva para los hogares o si la expansión de las redes no responde a las necesidades más urgentes, la sociedad seguirá necesitando la intervención pública, aunque ya no tenga el mismo control sobre la empresa.

Por eso, el debate de fondo no debería reducirse a una falsa oposición entre eficiencia estatal e iniciativa privada. La pregunta es qué modelo garantiza mejor el acceso universal, la inversión sostenida, la transparencia y la rendición de cuentas. El agua es un derecho y una necesidad básica antes que una oportunidad de rentabilidad. Cuando el Estado se desprende de una empresa que presta ese servicio, no solo vende acciones: también renuncia a una herramienta de intervención económica y social. La promesa de que el mercado resolverá lo que antes hacía el sector público debe demostrarse con resultados concretos, controles efectivos y garantías para toda la población.

7. Tarifazos antes de la privatización: los usuarios pagaron el costo del ajuste

Antes de entregar AySA al sector privado, el Gobierno de Javier Milei impulsó un fuerte reordenamiento tarifario que trasladó una parte importante del costo del servicio a los usuarios. En abril de 2024, la empresa aplicó un incremento del 209% en el coeficiente tarifario: la factura promedio mensual de agua y cloacas pasó de $5.290 a $16.300, sin impuestos. El argumento oficial fue alcanzar el equilibrio operativo, reducir gastos y acercar las tarifas al costo real de la prestación.

La política tarifaria continuó durante los meses siguientes, aunque con cambios en el ritmo de actualización. En 2025, el Gobierno limitó excepcionalmente los aumentos al 1% mensual y, desde enero de 2026, restableció ajustes graduales de hasta el 4% mensual; posteriormente, el tope se redujo al 3% hasta agosto. Desde septiembre de 2026 volvió a aplicarse la fórmula de actualización prevista en la normativa. Este recorrido muestra que las tarifas no fueron una variable secundaria: constituyeron una herramienta central del proceso de reordenamiento económico de AySA previo a su privatización.

La cuestión de fondo es quién terminó financiando esa transformación. Los hogares tuvieron que afrontar facturas mucho más elevadas mientras la empresa avanzaba hacia un esquema en el que sus ingresos tarifarios cubrieran los costos operativos sin depender de transferencias del Tesoro. La propia AySA informó en abril de 2026 que, desde 2024, había reducido su déficit y pasado a cubrir sus costos operativos con los ingresos por tarifas.

Este antecedente obliga a examinar la privatización desde una perspectiva que no se limite a las cuentas de la empresa. Si una parte del saneamiento financiero se consiguió mediante aumentos que pagaron los usuarios, resulta legítimo preguntar qué beneficios concretos recibirán a cambio de la transferencia al sector privado. ¿Se traducirá la nueva gestión en mejores servicios, expansión de las redes y obras verificables, o la rentabilidad del concesionario se convertirá en el criterio dominante? ¿Qué herramientas tendrá el Estado para evitar que los costos de inversión y operación se trasladen nuevamente a las facturas de los hogares?

El contrato de concesión y el régimen tarifario establecen reglas específicas, pero su existencia no garantiza por sí sola que el servicio sea accesible para toda la población. La regulación, la transparencia de los costos, el cumplimiento de las inversiones y la protección de los usuarios serán determinantes para evaluar los resultados.

La crítica central es que el Gobierno preparó el terreno para la privatización mediante un ajuste tarifario que impactó directamente en la economía familiar y luego transfirió el control de la empresa a un consorcio privado. Aunque los aumentos no prueban por sí mismos que la privatización vaya a provocar nuevas subas, sí dejan planteado un interrogante decisivo: si los usuarios ya soportaron el costo de acercar las cuentas de AySA al equilibrio, ¿qué garantías tienen de que las mejoras futuras no se traduzcan principalmente en beneficios para los accionistas? El agua potable y el saneamiento son servicios esenciales; por eso, cualquier esquema de gestión debe demostrar que la sustentabilidad financiera no se consigue a costa del acceso de la población.

La contradicción central

La crítica que atraviesa toda la entrevista puede resumirse en una pregunta: ¿qué justifica vender una empresa rentable, que presta un servicio esencial a 14 millones de personas, por un precio cuestionado y mediante un procedimiento cuya transparencia también está en discusión?

Los principales problemas señalados son la posible subvaluación de AySA, la pérdida de ganancias futuras para el Estado, las dudas sobre el control institucional, los posibles conflictos de intereses y el riesgo de concentración empresarial.

Es importante distinguir entre los cuestionamientos formulados y los hechos demostrados: la entrevista expone denuncias e interrogantes, pero no aporta por sí sola documentación suficiente para confirmar una subvaluación deliberada, irregularidades administrativas o futuras consecuencias tarifarias.

La discusión, por lo tanto, no es solamente quién se queda con AySA. Es también cuánto pierde el Estado, qué controles se mantienen y quién termina teniendo el poder de decisión sobre un recurso indispensable para la vida cotidiana.

Quien podrá responder todos estos interrogantes si no es un futuro gobierno, cuyo candidato se comprometa con el electorado a realizar esta revisión de la manera más transparente posible.