Milei privatiza AySA: Regala nuestra agua por US$ 340 millones

El agua también entra en la motosierra

El Gobierno de Javier Milei avanzó con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa responsable del servicio de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. La oferta económica más alta, presentada el 8 de octubre de 2026, fue de US$ 340,2 millones por el 90% de las acciones que pertenecen al Estado nacional. Sin embargo, la operación todavía debe atravesar la adjudicación formal para quedar completada.

El consorcio encabezado por Rowing S.A., junto con la brasileña Arcos Saneamento e Participações, Transclor y la firma PHX Aqua AR BV, radicada en Países Bajos, quedó primero en la compulsa económica. El otro oferente, el grupo Roggio y sus socios, presentó una propuesta de US$ 285 millones.

La cifra obliga a mirar un detalle incómodo para el relato oficial: el monto ofrecido quedó unos US$ 109,8 millones por debajo de los US$ 450 millones que el Gobierno esperaba recaudar, según la información publicada durante el proceso. En otras palabras, la operación que se presenta como un avance de la eficiencia estatal también deja una diferencia considerable entre las expectativas de ingresos y la oferta efectivamente presentada.

El dato no demuestra, por sí solo, que la privatización sea conveniente o inconveniente. Pero sí plantea una pregunta que merece respuestas concretas: ¿cómo se determinó el valor de una empresa estratégica que presta un servicio esencial para millones de personas?

Veinte años después, vuelve la receta de los años noventa

La historia de AySA tiene un antecedente que el anuncio libertario no puede borrar. En 1993, durante el gobierno de Carlos Menem, el servicio de agua y saneamiento del área metropolitana pasó a manos privadas mediante la concesión a Aguas Argentinas, operada por el grupo francés Suez junto con otros socios internacionales.

En 2006, el gobierno de Néstor Kirchner rescindió aquel contrato y creó AySA bajo control estatal. La decisión se produjo después de cuestionamientos al desempeño de la concesionaria, entre ellos incumplimientos vinculados con la calidad del servicio y la expansión de las redes. La reestatización no fue, por lo tanto, un episodio aislado: fue la respuesta política e institucional a una experiencia privada que terminó en conflicto.

El regreso a manos privadas vuelve a abrir la discusión sobre quién debe administrar un recurso indispensable para la vida cotidiana. El agua no es un producto cualquiera: su provisión requiere infraestructura, mantenimiento permanente, inversiones de largo plazo y capacidad de garantizar el acceso incluso en zonas donde la rentabilidad comercial puede resultar menos atractiva.

El antecedente también tiene una factura judicial. Tras la rescisión del contrato, las empresas desplazadas iniciaron un reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial. Según informó El País, Argentina debió pagar más de US$ 384 millones por ese conflicto. La experiencia histórica no garantiza que un nuevo esquema fracase, pero demuestra que las consecuencias de una concesión mal resuelta pueden prolongarse mucho más allá de un gobierno.

La promesa oficial: inversiones millonarias y menos gasto público

El Ministerio de Economía justificó la privatización con una crítica severa a la gestión estatal. En su comunicado del 8 de octubre, sostuvo que AySA había recibido transferencias del Tesoro nacional por más de US$ 13.400 millones entre 2006 y 2023. También señaló que un tercio del área concesionada todavía carecía de acceso a agua potable y cloacas, que las pérdidas de agua no contabilizada alcanzaban el 42% y que la morosidad había aumentado del 4% al 16%.

El Gobierno sostiene que el cambio de manos permitirá reducir la carga sobre las cuentas públicas y mejorar la prestación. Para respaldar esa promesa, anunció un plan obligatorio de acción por $2,89 billones para el período 2027-2031, calculado a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. El monto comprende obras, mantenimiento, mejoras y gastos de operación.

Pero hay una diferencia entre anunciar inversiones y garantizar que se traduzcan en mejores servicios. La discusión no termina con la firma de un contrato ni con la presentación de un presupuesto: también exige conocer los plazos de ejecución, los mecanismos de fiscalización, las sanciones por incumplimiento y las consecuencias para los usuarios si las obras no se realizan.

Además, el plan oficial establece metas de cobertura escalonadas. Para 2031, la previsión es alcanzar el 75,3% de cobertura de agua potable y el 63,9% de cloacas. Los objetivos mínimos del 90% y el 75%, respectivamente, corresponden al final de la concesión inicial de 30 años. Es decir, las metas más ambiciosas no deberán cumplirse en el corto plazo.

La promesa de inversión, por lo tanto, necesita ser evaluada con la misma exigencia con la que el Gobierno cuestiona la administración pública. Si la eficiencia es el argumento central para entregar el control de una empresa estratégica, los resultados deberán medirse en obras terminadas, redes ampliadas y hogares efectivamente conectados.

Los números de AySA: el déficit existió, pero la historia no termina ahí

La situación financiera de la empresa requiere una mirada más amplia que la ofrecida por el discurso oficial. La investigación publicada por Chequeado, con datos de la Secretaría de Hacienda, muestra que AySA registró un déficit operativo de $117.000 millones en 2023. Sin embargo, el resultado cambió durante los años siguientes: la compañía alcanzó un superávit operativo de $44.421 millones en 2024 y de $412.203 millones en 2025.

El resultado parcial también fue positivo durante el primer trimestre de 2026, con $130.347 millones. Chequeado señala, además, que AySA no recibió transferencias del Tesoro en 2025 ni en los primeros ocho meses de 2026.

Estos datos no eliminan los problemas de infraestructura ni las dificultades de cobertura que todavía existen. Tampoco permiten concluir que una empresa pública sea siempre más eficiente que una privada. Pero sí impiden presentar la situación financiera de AySA como una fotografía inmóvil de déficit y dependencia estatal: hubo pérdidas, aportes públicos y, posteriormente, una mejora operativa significativa.

La distinción importa porque el Gobierno utiliza el costo fiscal histórico como uno de los argumentos centrales para justificar la venta. Si los resultados operativos se modificaron antes de la privatización, corresponde analizar qué parte de esa mejora se explica por mayores ingresos tarifarios, por reducción de costos o por otros cambios de gestión. Sin esa comparación, el debate queda reducido a una consigna: el Estado gasta, el privado invierte y el problema desaparece.

Tarifas, trabajadores y cobertura: el costo que no aparece en el precio de venta

La privatización no ocurre en el vacío. Según El País, antes de lanzar la licitación el Gobierno incrementó las tarifas de AySA un 538% entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, y alrededor de 1.200 trabajadores se desvincularon mediante retiros voluntarios.

En paralelo, Chequeado registró que la dotación pasó de 7.799 empleados en noviembre de 2023 a 5.933 en agosto de 2026. La reducción fue de 1.866 puestos, equivalente al 23,9%. Se trata de una disminución relevante que debe formar parte de cualquier evaluación sobre el proceso de reorganización de la empresa.

Las tarifas y la plantilla laboral son dimensiones centrales porque una empresa de agua no se evalúa únicamente por cuánto recauda o cuánto cuesta operarla. También importa cuánto paga una familia por el servicio, qué calidad recibe, qué capacidad tiene la compañía para responder a emergencias y si puede ampliar la red a barrios que todavía no cuentan con conexiones adecuadas.

La cobertura sigue siendo uno de los principales desafíos. Según el último informe de sustentabilidad de AySA citado por Chequeado, correspondiente a 2024, el servicio alcanzaba al 75,3% de la población del área de concesión en agua potable y al 63,4% en cloacas. La incorporación de nuevos municipios al área de operación también influye en esos porcentajes, por lo que las comparaciones históricas deben considerar las diferencias territoriales.

El interrogante social es evidente: ¿la nueva administración priorizará la expansión de las redes donde más se necesitan o concentrará sus recursos allí donde las obras resulten más rentables? La respuesta no puede quedar librada a la publicidad de una licitación. Debe estar respaldada por obligaciones contractuales verificables y controles efectivos.

Una concesión de 30 años: el verdadero examen empieza después de la venta

El contrato prevé un período inicial de 30 años, con posibilidad de prórroga por otros diez. Esa duración convierte la operación en una decisión que excede largamente el calendario político de la administración Milei. Sus efectos sobre las tarifas, las inversiones y el acceso al agua podrán atravesar varios gobiernos.

El 90% de las acciones estatales pasará al operador privado, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada. El Estado, por su parte, conservará funciones de regulación, supervisión y control de la concesión.

La privatización plantea, así, una cuestión que va más allá de la discusión entre lo público y lo privado. La pregunta decisiva es qué obligaciones tendrá el nuevo operador, qué capacidad real tendrá el Estado para exigir su cumplimiento y qué mecanismos protegerán a los usuarios frente a eventuales aumentos tarifarios, demoras en las obras o deterioros en la calidad del servicio.

El Gobierno presenta la operación como una salida al gasto público y una oportunidad para atraer inversiones. Sin embargo, los antecedentes históricos, la diferencia entre el precio esperado y la oferta recibida, la evolución reciente de los resultados operativos y las metas de cobertura obligan a examinar el proceso con rigor.

La venta de AySA no demuestra automáticamente que el sector privado vaya a fracasar, del mismo modo que la administración estatal no garantiza por sí sola un servicio eficiente. Lo que sí está en juego es la capacidad de asegurar que un recurso esencial llegue a todos los hogares, con tarifas razonables, obras concretas y controles transparentes.

En definitiva, el Gobierno puede presentar la privatización como una victoria de su programa económico. Pero el resultado no se medirá por el anuncio de US$ 340,2 millones ni por la promesa de inversiones billonarias: se medirá en los hogares que accedan al agua potable, en las cloacas que se construyan y en la factura que deban pagar los usuarios. El agua podrá cambiar de manos; la responsabilidad de garantizar el servicio no desaparece con la venta.

Fuentes

Torres Cabreros, D. (2026, 8 de octubre). El Gobierno de Milei privatiza el servicio de agua de Buenos Aires 20 años después de su reestatización. EL PAÍS.

Tarricone, M. (2026, 8 de octubre). AySA vuelve a manos privadas: cómo evolucionaron los números de la compañía. Chequeado.