Privatización de Corredores Viales: 600 trabajadores quedaron en la calle mientras avanzan las concesiones de Milei

El peaje de la libertad lo pagan los trabajadores

La privatización de Corredores Viales entró este miércoles en una nueva etapa. Desde la cero hora del 7 de octubre, ocho corredores de rutas nacionales comenzaron a quedar bajo administración de empresas privadas, después de la finalización de la concesión de Corredores Viales S.A.

El cambio afecta a más de 3.900 kilómetros distribuidos en once provincias y forma parte de un proceso que el Gobierno de Javier Milei presentó como una transformación del sistema vial mediante inversión y gestión privada. Pero mientras las autoridades hablan de eficiencia y nuevas inversiones, en el otro extremo de la operación quedaron trabajadores sin continuidad laboral.

Según SUTRACOVI, alrededor de 600 trabajadores vinculados a los corredores de Santa Fe y zonas de influencia quedaron fuera del nuevo esquema. Muchos de ellos tenían entre 15 y 20 años de trayectoria en la actividad.

El peaje de la privatización

El Sindicato Único de Trabajadores de Concesionarias Viales y Afines cuestionó que el cambio de operador no haya contemplado la continuidad laboral de quienes ya desempeñaban esas tareas.

Su secretario general, Leandro Bond, sostuvo que se trata de personas y familias que atravesaron durante años horarios, sacrificios y condiciones propias de una actividad que ahora cambia de manos.

“Se cierra una etapa que deja a muchos trabajadores y trabajadoras sin continuidad laboral”, planteó el dirigente sindical. Para SUTRACOVI, el problema no puede reducirse a una modificación administrativa de contratos: detrás del traspaso existen trayectorias laborales concretas.

La organización gremial aseguró además que realizó reuniones, pedidos y gestiones ante autoridades provinciales y nacionales para intentar preservar los puestos de trabajo.

El resultado, sin embargo, fue el que el sindicato buscaba evitar: el vencimiento de la concesión y la llegada de los nuevos operadores se produjo sin garantizar la continuidad de buena parte del personal.

Una privatización diseñada desde arriba

La transformación no surgió de manera repentina. En febrero de 2025, el Decreto 97 autorizó el procedimiento para la privatización total de Corredores Viales S.A. mediante concesiones de obra pública por peaje.

La norma estableció además el camino hacia la disolución y posterior liquidación de Corredores Viales una vez adjudicados y perfeccionados los nuevos contratos de concesión.

En agosto de 2026, la Resolución 1379 del Ministerio de Economía formalizó la adjudicación de los ocho tramos correspondientes a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones.

El proceso alcanzó los tramos Centro, Centro Norte, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe, Mesopotámico y Cuyo. En conjunto, representan más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales.

Los contratos tienen una vigencia de 20 años y contemplan la explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de las rutas bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

El Gobierno habla de eficiencia; los trabajadores, de incertidumbre

La explicación oficial es conocida: el Estado busca reducir su participación directa y trasladar al sector privado la gestión, el mantenimiento y las inversiones necesarias en los corredores.

Vialidad Nacional sostiene que el nuevo esquema permitirá incorporar inversión privada, mejorar los estándares de operación y mantenimiento y establecer controles mediante indicadores de desempeño.

También plantea que el sistema funcionará sin subsidios del Estado y que el organismo público conservará la función de supervisar el cumplimiento de los contratos.

El problema es que la eficiencia prometida tiene una dimensión que no aparece con la misma intensidad en los anuncios oficiales: el empleo.

Una respuesta del Ministerio de Economía incorporada a documentación parlamentaria confirmó que los pliegos de la Red Federal de Concesiones no establecieron una cláusula específica de continuidad laboral ni una prioridad de contratación para los trabajadores de la concesionaria.

La explicación oficial fue que las empresas tenían la posibilidad de volver a contratar a esos trabajadores debido a la experiencia acumulada en el sector. La diferencia entre “pueden contratar” y “deben garantizar la continuidad” es, para quienes quedaron afuera, mucho más que una cuestión semántica.

Cuando cambiar de empresa significa cambiar de vida

El impacto laboral tampoco aparece por primera vez ahora.

Durante los meses previos a la transferencia, SUTRACOVI había advertido que de una nómina cercana a 600 trabajadores en Santa Fe y zonas de influencia solamente una parte reducida podría continuar en actividad con el nuevo esquema.

El sindicato señaló además que numerosos trabajadores habían atravesado acuerdos de desvinculación ante el final de la concesión.

El desenlace del 7 de octubre terminó convirtiendo aquella advertencia en una situación concreta: trabajadores que durante años estuvieron detrás de las cabinas, las rutas y los servicios vinculados a los corredores dejaron de tener garantizada su continuidad laboral.

No es un detalle menor. Una privatización puede medirse en kilómetros concesionados, empresas adjudicatarias y años de contrato. También puede medirse en personas que pierden su puesto de trabajo.

3.900 kilómetros para los privados, una incertidumbre para los trabajadores

Los ocho corredores entregados a operadores privados atraviesan Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes, Chaco, Misiones, Entre Ríos y Mendoza.

El Gobierno considera que se trata de corredores estratégicos para la producción, la logística, la conexión entre ciudades, puertos y pasos fronterizos.

La magnitud territorial explica por qué el proceso tiene relevancia más allá de una disputa gremial. No se trata simplemente de cambiar quién cobra un peaje. Se está modificando el modelo mediante el cual el Estado organiza la explotación y conservación de una parte significativa de la red vial nacional.

La propia Vialidad Nacional señala que, con la incorporación de esta etapa, el sistema supera los 9.000 kilómetros concesionados y alcanza corredores por los que circula aproximadamente el 80% del tránsito nacional.

Por eso el conflicto laboral funciona también como una radiografía de la privatización. El Gobierno mide el proceso en kilómetros y contratos; los trabajadores, en puestos de trabajo perdidos.

La pregunta que queda en la banquina

La administración de Javier Milei sostiene que el nuevo modelo permitirá mejorar la infraestructura mediante inversión privada y sin subsidios estatales. Esa es la promesa que deberá contrastarse con el funcionamiento efectivo de las nuevas concesiones.

Pero existe una discusión previa que no puede esconderse detrás de los números de kilómetros concesionados: qué ocurre con quienes ya realizaban esas tareas.

La documentación oficial confirma que no se incorporó una cláusula específica que obligara a los nuevos concesionarios a garantizar la continuidad laboral. SUTRACOVI, por su parte, sostiene que alrededor de 600 trabajadores quedaron sin continuidad en Santa Fe y zonas de influencia.

Así, la privatización de Corredores Viales comienza con una paradoja difícil de disimular: el Gobierno presenta el traspaso como una modernización de la infraestructura, mientras cientos de trabajadores reciben el cambio como el final de una etapa laboral.

La discusión recién empieza. Porque una ruta puede cambiar de concesionario en una firma y seguir siendo la misma ruta. Para una familia que pierde su ingreso, en cambio, el cambio de contrato puede significar el comienzo de otra historia.

Fuentes

La Capital. (2026, 7 de octubre). Unos 600 trabajadores del peaje pierden su trabajo por las nuevas concesiones.

Ministerio de Economía de la Nación. (2026, 20 de agosto). Resolución 1379/2026: Licitación pública. Apruébase lo actuado. Boletín Oficial de la República Argentina.

Vialidad Nacional. (2026, 6 de octubre). La Red Federal de Concesiones avanza con la incorporación de más de 3.900 km a la gestión privada. Argentina.gob.ar.

Vialidad Nacional. (2026, 24 de agosto). El Gobierno Nacional adjudicó los tramos que conforman la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. Argentina.gob.ar.

Presidencia de la Nación. (2025, 14 de febrero). Decreto 97/2025: Disposiciones para la privatización total de Corredores Viales S.A. Boletín Oficial de la República Argentina.

Honorable Senado de la Nación. (2026). Informe parlamentario: respuestas del Ministerio de Economía sobre continuidad laboral en los pliegos de la Red Federal de Concesiones.SEO