Privatizan pese al antecedente de tarifas altas e incumplimientos

El Gobierno de Javier Milei dará este martes un nuevo paso para privatizar AySA, la empresa encargada del servicio de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. La apertura de los primeros sobres está prevista para las 10 y forma parte de una licitación cuyo objetivo es transferir a un operador estratégico el 90% de las acciones que hoy pertenecen al Estado Nacional.

La operación fue presentada por el Ejecutivo como una oportunidad para obtener alrededor de US$500 millones. Sin embargo, detrás de esa cifra aparece una discusión mucho más profunda: qué ocurre cuando un servicio indispensable para la vida queda sometido a una lógica empresarial y cuáles son las garantías para que las inversiones y la calidad del servicio no queden subordinadas a la rentabilidad.

La primera etapa de la licitación no definirá todavía al comprador. En esta instancia se evaluarán los antecedentes legales, técnicos, económicos y financieros de los oferentes. Recién después se analizarán las propuestas económicas.

El antecedente que incomoda al discurso privatizador

La Argentina ya tuvo una experiencia concreta con la privatización del servicio de agua y saneamiento. En 1993, la prestación que estaba en manos de Obras Sanitarias de la Nación fue concesionada a Aguas Argentinas S.A., cuyo operador era la francesa Lyonnaise des Eaux Dumez. El contrato establecía metas de expansión, calidad, tratamiento de efluentes y renovación de redes.

El propio decreto mediante el cual el Estado rescindió aquella concesión en 2006 dejó asentado que el contrato había sufrido modificaciones sucesivas motivadas, entre otras cuestiones, por incumplimientos reiterados de la concesionaria. También consignó que el organismo regulador había detectado incumplimientos graves, especialmente en materia de inversiones para la expansión del servicio y objetivos de calidad.

El dato resulta especialmente incómodo para el proyecto actual: el fracaso de aquella experiencia no es solamente una interpretación política posterior. El decreto de rescisión elaborado por el propio Estado señaló que existían condiciones para terminar el contrato por culpa de la concesionaria y ordenó ejecutar las obras necesarias para garantizar la continuidad del servicio en condiciones de cantidad y calidad.

Más tarifa, menos inversión

Los datos disponibles sobre la concesión de Aguas Argentinas muestran una ecuación difícil de ignorar. Un estudio académico que recoge información del ETOSS señala que entre mayo de 1993 y enero de 2002 la tarifa media residencial aumentó un 88%, mientras que los precios minoristas habían subido apenas un 7% durante el mismo período.

El mismo trabajo señala que buena parte de esos aumentos había sido autorizada bajo el argumento de financiar inversiones para ampliar las redes. Sin embargo, durante el primer quinquenio de la concesión se ejecutó apenas el 58% de las inversiones previstas. Para 2001-2002, el porcentaje de ejecución de las inversiones comprometidas cayó al 37%.

El contraste resulta todavía más significativo cuando se observan las metas de cobertura. En 2003, el servicio de agua potable alcanzaba al 79% de los habitantes del área concesionada frente al 88% previsto contractualmente, mientras que la cobertura cloacal era del 63%, contra una meta inicial del 74%.

La historia, entonces, deja una pregunta difícil de esquivar: si una privatización anterior permitió aumentos tarifarios y, al mismo tiempo, registró incumplimientos relevantes en las inversiones comprometidas, ¿qué mecanismos impedirán que la historia vuelva a repetirse?

El Gobierno promete inversiones millonarias

El actual proceso privatizador contempla una concesión de 30 años, con una eventual extensión de hasta otros diez. El esquema prevé transferir inicialmente el 51% de las acciones estatales para que el operador privado tome el control, mientras que otro 39% sería colocado posteriormente en Bolsa y el 10% restante quedaría en manos de los trabajadores.

El problema político no pasa únicamente por cuánto dinero pretende recaudar el Estado con la venta. También pasa por las condiciones que tendrá el futuro operador y por la capacidad efectiva del Estado para controlar que las inversiones prometidas se realicen y que el servicio mantenga estándares adecuados.

Es justamente allí donde el antecedente de Aguas Argentinas adquiere relevancia. En aquella experiencia, las renegociaciones contractuales fueron acompañadas por modificaciones tarifarias y nuevos compromisos de inversión que, según los antecedentes oficiales y estudios sobre la concesión, no siempre fueron cumplidos.

La Justicia puso un límite en medio de la privatización

El proceso actual tampoco avanza sobre terreno despejado. La Justicia bonaerense ratificó una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo de la provincia que obliga a AySA a preservar sus obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable, la salud pública, el ambiente sano y la adecuada prestación del servicio.

La resolución ordenó a la empresa abstenerse de modificar, limitar, reducir, diferir, alterar, suspender o desnaturalizar esas obligaciones hasta que se realice una evaluación integral de carácter ambiental, sanitario e institucional.

La medida no determina por sí misma si AySA debe ser pública o privada. Pero introduce un límite concreto a cualquier intento de flexibilizar las obligaciones de prestación mientras avanza el proceso de reestructuración y privatización.

Y ahí aparece uno de los principales interrogantes de la operación: el Gobierno quiere vender el control de la empresa mientras la Justicia exige que las obligaciones esenciales vinculadas con el agua no sean debilitadas.

Privatizar un servicio esencial: el debate que vuelve a la Argentina

El Gobierno presenta la privatización de AySA como parte de su programa de reducción de la presencia estatal en la economía. Pero el agua no es un bien cualquiera ni un servicio del que pueda prescindirse por falta de capacidad de pago: su prestación está directamente vinculada con la salud y las condiciones básicas de vida.

La experiencia de Aguas Argentinas aporta un antecedente que obliga, como mínimo, a mirar con desconfianza cualquier promesa automática de que el sector privado garantizará inversiones y eficiencia. La documentación oficial de 2006 habla de incumplimientos reiterados y graves en inversiones y calidad, mientras los estudios sobre la concesión registran un fuerte incremento de las tarifas residenciales.

Ahora Milei vuelve a apostar por una receta conocida: retirar al Estado del control directo y confiar la prestación a un operador privado. El desafío, sin embargo, no consiste en comprobar si existe alguien dispuesto a comprar AySA, sino en determinar qué precio terminarán pagando los usuarios por el agua, quién garantizará las inversiones y qué sucederá cuando la rentabilidad empresarial entre en conflicto con el derecho de la población a un servicio esencial.

La apertura de sobres de este martes será apenas el primer capítulo. La verdadera discusión comenzará después: cuando haya un operador privado, cuando lleguen las inversiones prometidas y cuando millones de usuarios deban pagar por un servicio del que, sencillamente, no pueden prescindir.

Fuentes en formato APA

Ministerio de Economía de la Nación Argentina. (2026). Resolución 1386/2026: Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N.º 504/2-0003-LPU26.

Poder Ejecutivo Nacional. (2006). Decreto 303/2006: rescisión del contrato de concesión de Aguas Argentinas S.A. Argentina.gob.ar.

Azpiazu, D., & Schorr, M. (2005). Agua potable y saneamiento en Argentina: privatizaciones, crisis, inequidades e incertidumbre futura. Revista de la CEPAL / SciELO.

Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. (2026, 9 de septiembre). Ordenan a AySA a garantizar la calidad del servicio y frenan su privatización.

D'Arrisso, J. (2026, 14 de septiembre). El Gobierno da un nuevo paso en la privatización de AySA y busca recaudar unos US$500 millones. TN.

Loustalot, L. (2026, 15 de septiembre). Privatización de AySA: el Gobierno abre hoy los primeros sobres de la licitación, en medio de una batalla judicial. Infobae.