Privatización de rutas: Milei avanza con peajes y Río Negro abre la puerta

El acuerdo con Río Negro habilita concesiones privadas y cobro de peajes en rutas nacionales.

El Gobierno avanza hacia la privatización de las rutas nacionales

El Gobierno nacional y la provincia de Río Negro firmaron convenios para avanzar en la transferencia del Tren del Valle y de las rutas nacionales 22 y 151. El acuerdo fue encabezado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

El punto más controvertido aparece en el esquema previsto para las rutas. La provincia asumirá la gestión integral de aproximadamente 508 kilómetros, mientras que el convenio contempla una eventual concesión mediante el cobro de peajes, en el marco del Decreto 253/2026.

No se trata todavía de una privatización formal de las rutas. Pero sí de un paso hacia un esquema de privatización y concesión de la infraestructura vial, en el que la participación privada aparece como una alternativa para administrar corredores que forman parte de la red nacional.

Una responsabilidad pública convertida en negocio

El mantenimiento de las rutas nacionales no es una cuestión secundaria. Se trata de infraestructura estratégica para conectar territorios, facilitar la circulación de personas y mercancías y garantizar condiciones adecuadas de tránsito.

Sin embargo, el nuevo esquema desplaza parte de esa responsabilidad. Río Negro deberá financiar las intervenciones y definir su plan de obras, mientras Vialidad Nacional conservará la jurisdicción nacional y la supervisión técnica.

La paradoja es evidente: la Nación conserva la jurisdicción sobre las rutas, pero transfiere a la provincia obligaciones centrales vinculadas con su mantenimiento y financiamiento. Y, al mismo tiempo, deja abierta la posibilidad de que esas rutas sean concesionadas y financiadas mediante peajes.

El peaje como puerta de entrada al modelo privado

El convenio establece que la eventual concesión podrá incluir el cobro de peajes. Eso modifica sustancialmente la lógica de financiamiento de la infraestructura.

En lugar de que el Estado nacional sostenga directamente el mantenimiento de una ruta que integra la red nacional, el nuevo modelo contempla que los recursos puedan provenir de los propios usuarios a través del pago por su utilización.

El Gobierno encuadra esta política dentro de su objetivo de fomentar la inversión privada y habilitar a las provincias a concesionar tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios.

El problema político de fondo es qué ocurre cuando una infraestructura pública comienza a gestionarse bajo una lógica de rentabilidad. Una ruta deja de ser solamente una vía de conexión y puede convertirse también en un activo sujeto a explotación mediante el cobro de peajes.

Menos Estado nacional, más responsabilidades para las provincias

El acuerdo establece que la transferencia de las rutas no será automática. Se concretará tramo por tramo mediante convenios específicos.

Río Negro tendrá que financiar las intervenciones y establecer su propio plan de obras. Vialidad Nacional conservará la jurisdicción nacional y la supervisión técnica, mientras que la provincia asumirá las tareas de obras, conservación, mantenimiento, servicios al usuario y control operativo.

El mecanismo refleja una de las características centrales del proceso: el Estado nacional conserva determinadas facultades formales, pero transfiere responsabilidades concretas de gestión y financiamiento.

La cuestión no es meramente administrativa. Si las provincias deben asumir obligaciones que antes estaban vinculadas con la Nación, el debate inevitablemente pasa por determinar con qué recursos se financiarán las obras y quién terminará pagando por ellas.

El Tren del Valle también cambia de manos

El convenio ferroviario establece que, una vez que entre en vigencia, Río Negro asumirá la operación integral del Tren del Valle en el tramo que une Neuquén Capital con Plottier.

La provincia deberá garantizar la continuidad del servicio y las inversiones necesarias para su sostenimiento. Así, también en materia ferroviaria se produce un traslado de responsabilidades desde el Estado nacional hacia la administración provincial.

Aunque el esquema ferroviario no es idéntico al previsto para las rutas, ambos acuerdos forman parte de una misma decisión política: avanzar en la transferencia de funciones y promover una mayor participación provincial y privada en infraestructura.

Una decisión que redefine el papel del Estado

La transferencia de las rutas 22 y 151 y la posibilidad de concesionarlas mediante peajes plantean una discusión que excede los límites de Río Negro.

La infraestructura vial nacional constituye una función estratégica del Estado. Cuando su mantenimiento y financiamiento comienzan a trasladarse hacia las provincias y eventualmente hacia operadores privados, también cambia la relación entre el Estado, los usuarios y el territorio.

El Gobierno presenta el esquema como una herramienta para fomentar inversiones privadas. Pero detrás de esa definición aparece una pregunta que no puede esquivarse: si las rutas nacionales son infraestructura pública estratégica, ¿por qué el Estado debería abandonar su responsabilidad directa sobre ellas y abrirlas a mecanismos de explotación privada?

La privatización todavía no está concretada, pero el camino queda abierto

El convenio no establece que las rutas 22 y 151 hayan sido privatizadas. Lo que hace es crear un marco para que Río Negro asuma su gestión y contempla una eventual concesión con cobro de peajes.

Precisamente por eso, el dato políticamente relevante está en el rumbo elegido. La transferencia habilita un modelo en el que la inversión privada y las concesiones aparecen como herramientas para administrar infraestructura que hasta ahora se encontraba bajo responsabilidad directa del Estado nacional.

El impacto dependerá de los convenios específicos que se firmen para cada tramo y de cómo se instrumenten las eventuales concesiones. Pero la orientación ya quedó planteada: menos presencia directa del Estado nacional, más responsabilidades para las provincias y una puerta abierta para que empresas privadas intervengan en la explotación de rutas mediante el cobro a los usuarios.

La discusión, entonces, no debería reducirse a quién administra 508 kilómetros de rutas. Lo que está en juego es algo más profundo: qué concepción del Estado se está construyendo cuando una responsabilidad pública esencial comienza a ser tratada como un espacio disponible para la concesión privada.

Fuentes

Gobierno de la Nación Argentina. (2026, 25 de agosto). El Gobierno Nacional y Río Negro firmaron convenios para delegar la gestión y habilitar la inversión privada en el Tren del Valle y en rutas nacionales.