Fernando Cerimedo pasó de operar en el entorno político de Javier Milei a estar detenido preventivamente en Bolivia, donde enfrenta una causa por tentativa de feminicidio y otra por presunto enriquecimiento ilícito. Mientras tanto, una sociedad vinculada con él desembarcó en el negocio estratégico de la Hidrovía.
Walter Onorato // Martes 25 de agosto de 2026 | 08:00
El exasesor de Milei vinculado a un negocio estratégico de la Hidrovía
La operación ocurrió durante el primer tramo del gobierno libertario y coincidió con la llegada de Iñaki Arreseygor a Puertos y Vías Navegables. La pregunta que se desata en estos días, es si se trató de un negocio aislado o de una pieza de un entramado empresarial más amplio alrededor del poder libertario.
La respuesta la sabemos, nada bueno sale de este gobierno de rapiña. Además, en este momento, donde se sabe mucho más de la vida del "consultor" y su historia empresarial, todo va adquiriendo una nueva dimensión.
Cerimedo, entró en el efecto Manuel Adorni con más velocidad y potencia a partir de su situación judicial. Como sabemos, el exasesor de Javier Milei permanece detenido en Bolivia desde el 18 de agosto de 2026, acusado de tentativa de feminicidio contra su expareja Nadia Beller.
La Justicia boliviana dispuso su prisión preventiva por 180 días mientras avanza la investigación. Cerimedo fue detenido en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra cuando intentaba viajar a Buenos Aires.
La causa no es la única, la Fiscalía boliviana abrió además una investigación por presunto enriquecimiento ilícito luego de encontrar más de 40.000 dólares durante allanamientos realizados en propiedades vinculadas con Cerimedo. También fueron secuestrados equipos que, según la investigación, podrían estar relacionados con una denominada "granja de bots".
Por el momento, Cerimedo rechaza las acusaciones y su defensa sostiene otra versión sobre el ataque contra Beller cuestionando las imputaciones que pesan sobre él. Aunque en Buenos Aires por estas horas, todos juran que no lo conocen o hayan tenido relación alguna con él.
Pero vayamos al punto que nos interesa. Mucho antes de que el escándalo boliviano colocara nuevamente su nombre en las primeras páginas, Cerimedo había comenzado a expandir sus negocios privados.
Uno de ellos lo llevó hasta Sanabria SRL, una empresa radicada en Puerto General San Martín, en el Gran Rosario, que originalmente funcionaba como guardería náutica y posteriormente se reconvirtió para prestar servicios navales.
Entre sus actividades aparece la provisión de diésel para remolcadores de barcazas, un servicio estratégico dentro del complejo agroexportador que opera sobre la Hidrovía.
La investigación publicada por La Política Online reveló que Surlibre Inversiones ingresó como socia de Sanabria el 31 de julio de 2024 y pasó a controlar 150 de las 500 cuotas sociales, equivalentes al 30% de la compañía.
La operación adquiere mayor relevancia al reconstruir el origen de Surlibre.
La sociedad fue constituida en mayo de 2024 y entre sus accionistas figuraban Fernando Cerimedo y Vicente Federico Quintanal. Posteriormente, Surlibre desembarcó en Sanabria y obtuvo el 30% de la empresa.
La documentación societaria permite así establecer un vínculo concreto entre Cerimedo y la empresa que pasó a participar del negocio portuario.
No se trata, por lo tanto, de una asociación basada exclusivamente en fotografías, reuniones políticas o cercanías personales. Existe una relación societaria documentada.
La cronología agrega otro elemento que merece ser observado.
El 1 de mayo de 2024, Iñaki Miguel Arreseygor fue designado subsecretario de Puertos y Vías Navegables mediante el Decreto 429/2024, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.
Pocos meses después, el 31 de julio, Surlibre ingresó formalmente a Sanabria.
Arreseygor no ocupaba entonces un cargo menor. Su área tenía intervención en la política portuaria y en el proceso de transformación de la Vía Navegable Troncal, uno de los corredores estratégicos para el comercio exterior argentino.
En septiembre de 2024, además, participó de las mesas de trabajo destinadas a preparar la licitación de la Vía Navegable Troncal.
La coincidencia temporal está documentada. Lo que todavía debe probarse documentalmente es si existió una intervención directa de funcionarios nacionales para favorecer a Sanabria.
Según la investigación publicada por La Política Online, el expediente que permitió a Sanabria operar en el río tuvo que atravesar la Agencia de Puertos y Vías Navegables.
Fuentes empresariales consultadas por ese medio describieron el mercado como extremadamente concentrado y señalaron que acceder a ese negocio requiere contactos con las máximas autoridades.
Uno de los empresarios consultados afirmó que para ingresar al sector era necesario tener "llegada a lo más alto del poder". Esa declaración constituye el testimonio de una fuente y no una prueba de corrupción.
Sin embargo, el dato vuelve relevante reconstruir el trámite administrativo de Sanabria: cuándo comenzó, cuánto demoró, qué organismos intervinieron y quiénes firmaron las autorizaciones.
La propia Municipalidad de Puerto General San Martín habría señalado que la empresa todavía tenía pendiente parte de la documentación correspondiente a su habilitación local, según la investigación periodística publicada.
Aquí aparece la hipótesis que merece ser planteada con todas las precauciones del caso.
Desde una mirada editorial y subjetiva, puede sostenerse como hipótesis que el desembarco de Cerimedo en la Hidrovía haya sido una pieza dentro de una red empresarial más amplia construida alrededor del universo libertario. No se trata de una conclusión judicial ni de un hecho probado.
Hasta el momento, la documentación disponible acredita la participación de Surlibre en Sanabria y el vínculo societario de Cerimedo con Surlibre. También acredita la llegada de Arreseygor al área de Puertos y la importancia estratégica de la dependencia durante el proceso de transformación de la Hidrovía.
Lo que no está probado es que todas esas piezas hayan conformado una estructura delictiva ni que la operación portuaria haya sido irregular.
Pero tampoco resulta periodísticamente razonable mirar cada hecho de manera aislada cuando el protagonista central de esta historia se encuentra actualmente detenido en otro país y bajo investigación por delitos graves.
La situación judicial de Cerimedo en Bolivia amplió el interrogante sobre sus negocios.
Nadia Beller, la mujer que sobrevivió al ataque por el cual Cerimedo está detenido, también lo señaló públicamente en relación con presuntos negocios ilícitos y una supuesta trama de corrupción que involucraría a funcionarios bolivianos. Esas acusaciones están siendo investigadas y fueron rechazadas por los sectores involucrados.
La Fiscalía boliviana, mientras tanto, abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Durante los allanamientos se encontraron más de 40.000 dólares, además de equipos y documentación que quedaron incorporados a las pesquisas.
La investigación periodística también señala que Cerimedo fue un operador político y comunicacional vinculado con Javier Milei y otros referentes de la nueva derecha latinoamericana. Su cercanía con el universo libertario argentino quedó documentada durante los años previos y posteriores a la llegada de Milei a la Presidencia.
Nada de esto demuestra que Sanabria haya cometido un delito en Argentina. Tampoco permite afirmar que Luis Caputo o Iñaki Arreseygor hayan cometido una irregularidad en relación con la empresa.
Pero sí permite formular una pregunta legítima: ¿quién controló el desembarco empresarial de una sociedad vinculada con Cerimedo en uno de los negocios estratégicos de la economía argentina?
La respuesta no debería depender de declaraciones políticas.
Debe surgir de los expedientes administrativos, de los registros societarios, de las habilitaciones y de los contratos.
Porque si la operación fue absolutamente regular, los documentos deberían demostrarlo. Y si existieron privilegios, también deberían dejar rastros.
La administración de Javier Milei llegó al poder prometiendo reducir la intervención estatal y liberar las fuerzas del mercado.
Sin embargo, los negocios estratégicos no funcionan sin Estado. Para entrar a determinados mercados hacen falta permisos, regulaciones, controles y decisiones administrativas.
La Hidrovía es precisamente uno de esos espacios donde el Estado conserva una enorme capacidad para definir quién puede operar y bajo qué condiciones.
Por eso, la presencia de una sociedad vinculada con un operador político cercano al oficialismo en un negocio portuario merece ser examinada con especial atención.
Más aún cuando el protagonista de esa trama empresarial hoy se encuentra detenido en Bolivia y enfrenta investigaciones por tentativa de feminicidio y presunto enriquecimiento ilícito.
La hipótesis de que los negocios de Cerimedo puedan formar parte de una red más amplia vinculada al poder libertario debe mantenerse, por ahora, en ese terreno: el de una hipótesis editorial que requiere investigación y pruebas.
No alcanza para afirmar la existencia de una red de corrupción.
Pero sí alcanza para preguntar si existe un patrón de relaciones entre operadores políticos, empresas privadas y funcionarios que permita explicar cómo determinadas sociedades lograron avanzar sobre áreas estratégicas durante el gobierno de Milei.
Y allí aparece el verdadero desafío periodístico.
No se trata de condenar anticipadamente a Cerimedo ni de convertir una coincidencia temporal en una acusación contra funcionarios.
Se trata de seguir el recorrido del poder.
Quién abrió la puerta. Quién firmó. Quién se benefició. Y cuánto dinero había detrás.
Si los negocios fueron transparentes, los documentos deberían despejar las dudas.
Si no lo fueron, esos mismos documentos pueden convertirse en la primera evidencia de una trama mucho más grande.
La Política Online. (2026, 25 de agosto). Toto Caputo le otorgó a Cerimedo un negocio millonario en la Hidrovía. La Política Online
Página/12. (2026, 22 de agosto). Detención preventiva para Fernando Cerimedo por el ataque a Nadia Beller. Página/12
El País. (2026, 21 de agosto). La Fiscalía boliviana halla más de 40.000 dólares en casa de Cerimedo y lo investiga también por enriquecimiento ilícito. El País
Reuters. (2026, 18 de agosto). Adviser to Bolivia's Paz, Argentina's Milei detained over attack on analyst. Reuters
El País. (2026, 19 de agosto). La detención de un consultor de ultraderecha acusado de intento de feminicidio activa denuncias de corrupción en Bolivia y Argentina. El País
Boletín Oficial de la República Argentina. (2024, 21 de mayo). Decreto 429/2024. Designación de Iñaki Miguel Arreseygor como subsecretario de Puertos y Vías Navegables.
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