Un petrolero británico cargó crudo argentino y amarró en Ushuaia, en el puerto que Milei intervino en nombre de la soberanía

El buque operó en la monoboya de Río Cullen y amarró en el puerto que la Nación le sacó a Tierra del Fuego invocando la soberanía en el Atlántico Sur

Un buque tanque de bandera del Reino Unido cargó petróleo de la Cuenca Marina Austral y amarró el lunes en el muelle comercial de Ushuaia, a pocos metros del monumento a los caídos en Malvinas. La ley provincial 852 prohíbe expresamente que eso ocurra. Pero el puerto de Ushuaia ya no lo administra Tierra del Fuego: está intervenido por el Gobierno nacional desde enero, y esa intervención se justificó, textualmente, en la necesidad de "salvaguardar la soberanía y los intereses nacionales en el Atlántico Sur".

El barco se llama VS Promise. No es una lancha de paso ni un velero perdido en el Beagle: es una mole de acero de 228,6 metros de eslora que puede transportar más de 500.000 barriles de crudo.

La ficha del buque

Según los registros de la Organización Marítima Internacional, el VS Promise (ex Hellespont Promise) lleva el número IMO 9351438, fue construido en 2007 en el astillero New Century Shipbuilding de China y mide 228,6 metros de largo por 32,57 de ancho. Es un tanquero tipo Panamax / LR1, con un peso muerto que va de las 69.994 a las 73.669 toneladas: unos 80.000 metros cúbicos de hidrocarburos líquidos, más de medio millón de barriles.

El dato político está en la propiedad. El buque figura registrado a nombre de Valloeby Promise Ltd, una sociedad de propósito especial radicada en Douglas, Isla de Man, territorio bajo soberanía británica. La gestión técnica y de seguridad la tiene la firma alemana Hellespont Ship Management, con sede en Hamburgo. En las plataformas de seguimiento marítimo navega con bandera del Reino Unido.

De la monoboya de Río Cullen al muelle de Ushuaia

El seguimiento satelital reconstruye el recorrido. El tanquero estuvo operando hasta el 13 de agosto en la monoboya de Río Cullen, sobre la costa atlántica norte de la Isla Grande. Esa es la terminal desde la que el consorcio encabezado por la francesa TotalEnergies, junto a Pan American Energy y a los activos que hasta hace poco eran de la alemana Wintershall Dea, bombea y exporta el crudo que extrae costa afuera de los yacimientos fueguinos. Once días más tarde, a las 07:08 del 24 de agosto, el buque amarró en el muelle comercial de Ushuaia.

El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachary, lo resumió así: "Estuvo cargando crudo en la zona norte y no sé cuál es su destino final ni cuál de todas las petroleras que operan aquí lo contrató, pero lo vamos a averiguar". Que un funcionario provincial tenga que decir que va a averiguar quién contrató un barco que cargó petróleo en su propia costa y amarró en su propia capital es la medida exacta de lo que pasó acá.

La ley que existe y no se aplicó

Tierra del Fuego tiene una norma escrita para este caso puntual. La ley provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero, prohíbe "la permanencia, amarre o abastecimiento u operaciones de logística en territorio provincial de buques de bandera británica o de conveniencia". No es una declamación: en 2012 la Dirección Provincial de Puertos le negó el ingreso al puerto de Ushuaia a un crucero turístico por aplicación de esa misma ley.

Catorce años después, con la norma intacta, un petrolero de bandera británica amarró sin que nadie lo impidiera. La diferencia no está en la ley. Está en quién maneja el puerto.

El puerto que la Nación le sacó a la provincia

En enero el Gobierno nacional intervino el puerto de Ushuaia a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, alegando presunta malversación de fondos y problemas de infraestructura. La medida desplazó a la autoridad portuaria provincial y le quitó a la provincia más austral del país los ingresos millonarios que genera la terminal, en una provincia gobernada por un opositor declarado al Presidente. La intervención está judicializada y el proceso todavía no se resolvió.

El Ejecutivo fueguino emitió un comunicado en el que "repudia y rechaza enérgicamente la operación de un buque petrolero de bandera del Reino Unido" y señala que el puerto está "actualmente sustraído de la administración provincial como consecuencia de la intervención dispuesta por el Gobierno nacional". Y agrega: "Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial".

El párrafo más filoso del comunicado es el que le devuelve al Gobierno su propio argumento: "El gobierno nacional buscó justificar su intervención en el puerto de Ushuaia invocando, precisamente, su condición de activo estratégico y la necesidad de salvaguardar la soberanía y los intereses nacionales en el Atlántico Sur. Hoy, los hechos exponen la contradicción entre ese argumento y la forma en que el gobierno nacional está gestionando los asuntos una vez que las autoridades provinciales han sido desplazadas".

La provincia le pidió a la Nación que informe "de manera inmediata y pública bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación" y que termine con la intervención. Hasta el cierre de esta nota, ni la Casa Rosada ni la Agencia Nacional de Puertos y Navegación dieron una sola explicación pública.

El antecedente que el Gobierno no quiere mirar

Hay una capa más, y no es un detalle. La británica Harbour Energy absorbió a nivel global los activos de exploración y producción de Wintershall Dea, y con eso pasó a tener injerencia directa en los yacimientos costa afuera de Tierra del Fuego. Harbour Energy es la continuidad jurídica de Premier Oil, que entre 2012 y 2022 exploró el yacimiento Sea Lion, al norte de Malvinas, con licencias otorgadas por la administración colonial británica.

En 2011 el Congreso sancionó la ley 26.659, conocida como Ley Solanas y reforzada en 2013 por la ley 26.915: prohíbe explorar o explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización nacional, prevé inhabilitaciones de 5 a 20 años para operar en el país y establece responsabilidad penal para directivos y accionistas. En 2021 el Estado argentino usó esa ley e inició el proceso de inhabilitación contra Chrysaor Holdings, Harbour Energy y Navitas Petroleum por el proyecto Sea Lion.

La ley está vigente. Los antecedentes están escritos. Y la gestión actual, en lugar de aplicarla, le firmó a Harbour Energy los permisos para operar en Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro. Esto no lo digo yo solo: lo denunciaron legisladores, organizaciones malvinizadoras y hasta la propia provincia, sin recibir respuesta.

El discurso y la caja

Cada 2 de abril escuchamos el mismo libreto. "Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas", escribió Milei en sus redes; la soberanía "no es negociable", repitió en entrevistas con la prensa británica. Después vienen los hechos: la política de Malvinas paralizada, la apuesta a que la llave del reclamo la tenga Estados Unidos, la ley 26.659 guardada en un cajón, y un petrolero de bandera británica cargando crudo argentino y amarrando en el puerto que la Nación le sacó a la provincia en nombre de la soberanía.

La gente lo ve. Una encuesta de CEOP Latam de julio mostró que el 93% de los argentinos sostiene el reclamo por Malvinas y que dos de cada tres creen que al Presidente no le importa. No hace falta un doctorado en geopolítica para entenderlo: alcanza con leer la bandera que cuelga en la popa del barco.

Y acá aparece el fondo del asunto, el que ninguna declamación patriótica alcanza a tapar. El crudo que sale de la Cuenca Marina Austral es un recurso nuestro. Lo extraen multinacionales, lo exporta un consorcio extranjero, lo transporta un buque registrado en una guarida fiscal británica y el flete lo cobra una sociedad de papel radicada en Douglas. El mismo Estado que dice no tener plata para los jubilados, para los medicamentos del PAMI, para las universidades y para los hospitales, sí tiene margen para intervenir un puerto, desplazar a una provincia y después mirar para otro lado cuando la bandera que aparece amarrada es la de la potencia que ocupa nuestro territorio. Los recursos viajan siempre en la misma dirección: de abajo hacia arriba, y de acá hacia afuera. El ajuste, como siempre, lo pagamos nosotros.

Fuentes: Agenda Malvinas · EFE / Rosario3 · El País · Cancillería Argentina · Tiempo Argentino · La Capital · El Bonaerense