Gustavo Gauna: la Justicia investiga al comisario que disparó de civil frente al Congreso

El fiscal Picardi pidió investigar su actuación y Ercolini ordenó medidas de prueba.

Gustavo Gauna, bajo investigación judicial

El caso del comisario inspector Gustavo Antonio Gauna dio un nuevo giro: la Justicia Federal comenzó a investigar su actuación durante la represión del 6 de agosto frente al Congreso. Gauna había sido fotografiado vestido de civil, con un arma larga y sin identificación visible, mientras participaba del operativo durante la protesta contra los cambios a la Ley de Tierras.

El fiscal federal Franco Picardi pidió impulsar la investigación y propuso distintas medidas de prueba. Entre ellas se encuentran informes a organismos públicos, registros de cámaras de seguridad y declaraciones testimoniales. El juez federal Julián Ercolini, que quedó a cargo de la causa, ya ordenó algunas diligencias y mantiene otras bajo análisis.

El dato modifica sustancialmente el escenario. Aquello que inicialmente circuló a partir de fotografías y denuncias políticas ahora forma parte de una investigación judicial destinada a reconstruir qué ocurrió durante el operativo y cuál fue la actuación de los efectivos.

La pregunta que ahora debe responder la Justicia

La investigación no se limita a establecer qué hizo Gauna. También busca determinar las circunstancias de su participación, las órdenes que recibió y el funcionamiento del dispositivo de seguridad desplegado frente al Congreso.

La causa se inició a partir de denuncias de la Comisión Provincial por la Memoria, cuyos representantes denunciaron graves abusos de poder, detenciones arbitrarias y un uso desmedido de la fuerza. A esas presentaciones se sumaron las denuncias de la diputada Marcela Pagano y del abogado Gregorio Dalbón, que también apuntaron contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Según la información publicada sobre el expediente, entre las cuestiones que deberán reconstruirse aparece incluso qué arma llevaba Gauna, qué munición tenía disponible, si realizó disparos, qué tarea tenía asignada y quién impartió las órdenes durante el operativo.

Monteoliva eligió defender al comisario

Mientras la Justicia avanza, la ministra Alejandra Monteoliva tomó una posición política clara: defendió al policía fotografiado durante la manifestación.

El 11 de agosto, durante una actividad en la Bolsa de Comercio de Córdoba, Monteoliva sostuvo que, según la fotografía que había visto, Gauna llevaba una “escopeta de estruendo” y la definió como un arma “de ruido”. Sin embargo, sus explicaciones no aclararon por qué el efectivo estaba vestido de civil ni por qué no se observaba una identificación policial visible.

La ministra también afirmó que los integrantes de áreas de investigaciones pueden actuar de civil y que deberían portar una placa identificatoria. Consultada específicamente por Gauna, sostuvo que era “probable” que hubiera llevado la placa colgada.

La defensa oficial resulta políticamente relevante porque las denuncias judiciales no apuntaron únicamente contra el comisario. Monteoliva también fue denunciada y ahora su cartera queda bajo la lupa por la organización y conducción del operativo.

El CELS cuestionó el operativo

El Centro de Estudios Legales y Sociales también cuestionó la actuación estatal durante la protesta. La organización sostuvo que las imágenes de la represión del 6 de agosto muestran un operativo que puso en riesgo la vida, la salud y la integridad de quienes se manifestaban.

“El Estado convirtió la protesta en un escenario de violencia policial”, afirmó el CELS, y recordó que protestar, hacerse escuchar y peticionar son derechos.

El pronunciamiento suma una dimensión vinculada con los derechos humanos a una causa que ya tiene una derivación judicial. La discusión deja así de concentrarse exclusivamente en la figura de Gauna y alcanza también al modo en que el Estado respondió a una protesta.

Una represión que dejó heridos y detenidos

La investigación judicial también contempla el contexto general del operativo. Según la información publicada sobre la causa, hubo 29 personas detenidas y al menos 16 heridos, entre manifestantes, trabajadores de prensa y personas vinculadas con organismos de control de derechos humanos.

Uno de los episodios denunciados ocurrió en Lima y Avenida de Mayo, donde la fotoperiodista Patricia Del Valle Cugat sufrió un traumatismo craneal con sangrado después de caer al suelo durante las maniobras de dispersión y los disparos de postas de goma. Posteriormente fue trasladada al Hospital Argerich.

La Comisión Provincial por la Memoria amplió además su denuncia con nuevos testimonios de personas lesionadas durante la jornada. En ese contexto, el fiscal Picardi habló de posibles hechos de violencia institucional y solicitó profundizar la investigación.

La investigación también alcanza a Monteoliva

La situación de la ministra tampoco quedó al margen del expediente. Las denuncias presentadas por Marcela Pagano y Gregorio Dalbón señalaron a Monteoliva junto con Gauna por el accionar de las fuerzas de seguridad durante la jornada del 6 de agosto.

La presentación de Dalbón incluyó acusaciones por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, vejaciones y apremios ilegales. También reclamó investigar quién autorizó la presencia de policías de civil armados y quién impartió las órdenes durante el operativo.

Por ahora, la investigación se encuentra en una etapa inicial. No existe una condena contra Gauna ni contra Monteoliva y las medidas ordenadas buscan precisamente establecer responsabilidades y reconstruir los hechos.

Del escándalo político a una causa federal

El caso Gauna ya no depende únicamente de las imágenes que recorrieron las redes sociales ni de los cuestionamientos de la oposición. El fiscal Picardi presentó dos dictámenes para profundizar la causa y el juez Ercolini comenzó a ordenar medidas de prueba.

La Justicia deberá determinar qué ocurrió durante aquel operativo, cuál era la función concreta de Gauna, qué armamento llevaba y bajo qué órdenes actuó. También deberá establecer si la actuación de los efectivos se ajustó a las reglas correspondientes y si existieron responsabilidades superiores.

El giro judicial pone a Monteoliva ante un escenario particularmente incómodo. La ministra no solamente deberá responder políticamente por el operativo que condujo su cartera: mientras la Justicia investiga, también queda bajo análisis la decisión de defender públicamente la actuación de Gauna antes de que se esclarecieran las circunstancias de su intervención.

La investigación recién comienza, pero el caso ya dejó de ser una fotografía incómoda para el Gobierno de Javier Milei. Ahora hay un fiscal que pidió investigar, un juez federal que ordenó medidas y un comisario cuya actuación durante la represión quedó formalmente bajo la lupa judicial.

Fuentes

Infobae. (2026, 18 de agosto). La Justicia ya investiga al comisario de la PFA que reprimió la marcha por la Ley de Tierras vestido de civil. Infobae

Stemphelet, A. (2026, 19 de agosto). Un fiscal federal pidió investigar la represión a la marcha por la Ley de Tierras y al policía que actuó de civil. Tiempo Argentino. Tiempo Argentino

C5N. (2026, 11 de agosto). Alejandra Monteoliva defendió al policía que disparó de civil en el Congreso: “Por la foto que vi, es una escopeta de ruido”. C5N

C5N. (2026, 10 de agosto). Denuncian a Monteoliva y a un comisario de la Federal por la represión frente al Congreso. C5N