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Monteoliva debe hacerse cargo

La imagen de un policía vestido de civil, sin uniforme ni identificación visible y disparando un arma larga contra manifestantes frente al Congreso no puede ser tratada como un episodio menor. Mucho menos cuando las fuentes señalan que el hombre sería el comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, integrante de la Policía Federal Argentina.

El problema político ya no consiste únicamente en determinar quién aparece en las fotografías. La pregunta central es otra: ¿quién permitió que agentes armados y sin identificación visible actuaran durante un operativo de seguridad bajo la órbita del Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva?

Hasta ahora, ni el Ministerio de Seguridad ni la Policía Federal confirmaron o desmintieron oficialmente que el hombre fotografiado sea Gauna. Tampoco se conocieron explicaciones oficiales sobre las razones por las que efectivos de civil y armados participaron del operativo.

Frente a este escenario, la continuidad de Monteoliva al frente de la cartera de Seguridad queda políticamente cuestionada. La falta de respuestas, después de un operativo que dejó heridos y detenidos, no puede presentarse como una cuestión administrativa menor.

 

Un comisario de alto rango en medio de la represión

Las fuentes identifican al hombre de las fotografías como Gustavo Antonio Gauna, comisario inspector de la Policía Federal. Su eventual participación resulta particularmente significativa por el lugar que ocupa dentro de la estructura de la fuerza.

Según el Orden del Día Institucional N° 9 de enero de 2025, Gauna fue designado responsable de la Dirección General de Organizaciones Criminales. Antes había sido jefe del Departamento de Investigaciones Nacionales, un área vinculada con investigaciones de causas de alto impacto.

Gauna ostenta el grado de comisario desde marzo de 2009, de acuerdo con registros publicados en el Boletín Oficial. También tuvo participación pública en investigaciones vinculadas con el caso Loan y en el juicio por el asesinato de Lucas González.

Por eso, la imagen de un funcionario policial de semejante jerarquía vestido de civil y armado durante una manifestación plantea una pregunta todavía más grave sobre la conducción política de la seguridad.

 

La responsabilidad no termina en quien dispara

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido para que Monteoliva sea citada a la Cámara de Diputados. El legislador pretende conocer quiénes participaron del operativo, por qué había policías armados de civil y sin identificación, bajo qué órdenes actuaron y quiénes fueron los efectivos que dispararon contra manifestantes, trabajadores y periodistas.

El reclamo coloca a la ministra frente a una responsabilidad política concreta. Aunque las fuentes no establecen que Monteoliva haya ordenado personalmente la actuación de Gauna, sí ubican a la Policía Federal bajo la órbita política del Ministerio de Seguridad.

Esa diferencia es fundamental. No se trata de adjudicarle a la ministra una orden que no está demostrada, sino de exigirle que explique qué ocurrió bajo su conducción y quién asumirá las responsabilidades correspondientes.

Cuando una fuerza de seguridad utiliza agentes armados sin uniforme ni identificación visible durante una protesta, la máxima autoridad política del área no puede limitarse al silencio.

 

Un operativo bajo sospecha

La polémica se agravó porque la jornada dejó, según las fuentes, decenas de heridos y detenidos y una reportera gráfica internada con una fractura de cráneo.

En ese contexto, las fotografías de un policía de civil apuntando y disparando contra quienes participaban de la protesta adquieren una dimensión política imposible de ignorar. La discusión ya no gira solamente alrededor del control del orden público, sino alrededor de los límites que deben respetar las fuerzas de seguridad en una democracia.

Las fuentes también señalan que los protocolos de actuación policial y los reglamentos de las fuerzas establecen la obligación de que los efectivos se identifiquen claramente antes de intervenir.

Además, cuestionan la forma en que aparece utilizado el arma en las imágenes atribuidas a Gauna. Según la información publicada, el disparo habría sido realizado en forma horizontal, hacia el torso o a corta distancia, mientras que los protocolos mencionados establecen que los disparos con postas de goma deben ser disuasivos y dirigidos hacia zonas bajas del cuerpo, en forma descendente.

 

¿Una excepción o un método?

El caso tampoco aparece aislado en las fuentes. Esteban Paulón difundió fotografías correspondientes a una protesta contra la reforma laboral realizada en febrero de 2026, donde se observa a otro policía de civil portando un arma larga.

No está confirmado que ese efectivo sea Gauna. Pero la imagen fue incorporada al debate político porque permite formular una pregunta que el Ministerio de Seguridad todavía debe responder: si la presencia de policías armados y vestidos de civil constituye una práctica utilizada habitualmente durante los operativos del Gobierno.

La ausencia de una explicación oficial transforma una decisión operativa en un problema institucional. Si los agentes actuaron de acuerdo con órdenes legítimas, el Gobierno debería poder explicar cuáles fueron esas órdenes. Si actuaron fuera de los protocolos, también debería determinarse quién permitió que eso sucediera.

En ambos casos, la responsabilidad política alcanza a la conducción de la cartera de Seguridad.

 

El problema es Monteoliva

La discusión sobre la permanencia de Alejandra Monteoliva en el Ministerio de Seguridad no surge solamente por la identificación de un policía en una fotografía. Surge por la combinación de hechos que las propias fuentes ponen sobre la mesa: agentes de civil armados, ausencia de identificación visible, disparos durante una protesta, heridos, detenidos, periodistas afectados y falta de una explicación oficial sobre la cadena de mando.

La oposición ya pidió que la ministra concurra al Congreso. Ese reclamo debería ser apenas el primer paso para determinar responsabilidades políticas y operativas.

Una ministra de Seguridad no puede ser responsable únicamente de anunciar protocolos y defender operativos cuando todo sale según lo previsto. También debe responder cuando una actuación policial genera imágenes que ponen en cuestión las garantías constitucionales y cuando existen dudas sobre quiénes fueron los responsables de las decisiones tomadas en la calle.

El silencio, en este contexto, no ofrece seguridad. La profundiza la incertidumbre.

 

El CELS cuestionó la represión: “Protestar son derechos”

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también cuestionó el operativo de seguridad desplegado durante la protesta del 6 de agosto. La organización advirtió que las imágenes de la represión muestran una actuación policial que puso en riesgo la vida, la salud y la integridad de quienes se manifestaban.

“Las imágenes de la represión del 6 de agosto muestran un operativo que puso en riesgo la vida, la salud y la integridad de quienes se manifiestan”, señaló el CELS. Para la organización, el Estado convirtió la protesta en “un escenario de violencia policial”.

El pronunciamiento coloca el episodio en una discusión que excede la actuación de un efectivo determinado. El CELS recordó que protestar, hacerse escuchar y peticionar ante las autoridades son derechos, justamente en un contexto en el que la presencia de policías armados de civil y sin identificación visible quedó bajo cuestionamiento.

La intervención del CELS agrega una dimensión institucional al reclamo contra la conducción del Ministerio de Seguridad. Si el operativo efectivamente puso en riesgo la integridad de manifestantes y trabajadores de prensa, como sostiene la organización, la responsabilidad política de quienes conducen las fuerzas de seguridad adquiere una gravedad todavía mayor.

 

La renuncia como salida política

Por eso, el pedido de renuncia de Monteoliva se vuelve una cuestión política concreta. No porque las fuentes permitan afirmar que la ministra ordenó personalmente disparar contra los manifestantes, algo que no está demostrado, sino porque la conducción de la seguridad nacional exige asumir responsabilidades cuando un operativo bajo su órbita termina marcado por estas circunstancias.

La presencia de agentes armados sin identificación visible, si se confirma que actuaron de esa manera, representa un problema demasiado serio como para resolverlo con explicaciones burocráticas. Y si además uno de esos efectivos fuera efectivamente un comisario de alto rango de la Policía Federal, la gravedad política sería todavía mayor.

Monteoliva tiene que explicar quién diseñó el operativo, quién autorizó la presencia de policías de civil, qué instrucciones recibieron y por qué se permitió que efectivos armados actuaran sin identificación visible. También debe explicar qué medidas se adoptarán frente a quienes hayan incumplido las normas, si eso se confirma.

Mientras esas respuestas no aparezcan, su continuidad al frente del Ministerio de Seguridad resulta políticamente insostenible.

 

Una crisis que pone a prueba al Gobierno

El Gobierno de Javier Milei llegó al poder reivindicando una política de seguridad basada en el endurecimiento de la respuesta frente a las protestas. Pero ninguna política de seguridad puede estar por encima de las garantías constitucionales ni convertir la actuación policial en un territorio sin controles.

El episodio frente al Congreso expone precisamente esa tensión. Una fuerza de seguridad necesita autoridad, pero esa autoridad pierde legitimidad cuando no puede explicar quién dispara, bajo qué órdenes y con qué reglas.

La cuestión que queda planteada no es solamente qué hizo el hombre que aparece en las fotografías. Es quién conduce la política de seguridad y qué responsabilidad asume cuando sus fuerzas quedan bajo sospecha.

Si Monteoliva no puede ofrecer respuestas claras sobre lo ocurrido, si no puede garantizar que los efectivos actúen identificados y dentro de los protocolos y si no puede determinar quién autorizó la participación de policías armados de civil, entonces la pregunta deja de ser si debe explicar el operativo.

La pregunta pasa a ser por qué debería seguir siendo ministra de Seguridad.