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La investigación que conduce el fiscal federal Maximiliano Hairabedian, con intervención del juez federal Carlos Ochoa, coloca al comisario Alejandro Falcón frente a un escenario judicial de extrema gravedad. El hasta hace pocos días jefe de Drogas Peligrosas de la Policía Federal en Córdoba fue imputado por hurto calificado, falsedad ideológica, peculado y dádivas, una combinación de delitos que no sólo compromete su situación personal, sino que también proyecta interrogantes sobre el funcionamiento de una de las áreas más sensibles de la fuerza federal.

La causa intenta determinar si los hechos investigados fueron episodios aislados o si existió una modalidad de actuación irregular durante distintos procedimientos oficiales. Para ello, la Justicia avanza sobre documentación, testimonios y peritajes destinados a reconstruir cada uno de los operativos bajo sospecha y establecer el grado de responsabilidad de los efectivos involucrados.

Uno de los ejes centrales del expediente gira en torno al presunto hurto de dinero durante procedimientos policiales. Según trascendió en la investigación, una de las denuncias fue presentada por un particular que aseguró que parte del dinero que llevaba consigo desapareció mientras era sometido a una requisa en la que intervino Falcón. Ese episodio abrió una primera línea investigativa que luego comenzó a sumar nuevos elementos.

La causa dio un giro cuando apareció una segunda denuncia, esta vez vinculada con un allanamiento realizado a un joven cultivador de marihuana. Tras recuperar la libertad, el damnificado denunció que dos cachorros de raza pitbull, que se encontraban en la vivienda al momento del procedimiento, nunca le fueron restituidos. Ese hecho, por inusual que parezca, terminó convirtiéndose en una pieza clave de la investigación judicial y permitió ampliar el alcance de la pesquisa sobre el comportamiento de los agentes durante los operativos.

A estos hechos se suma la imputación por peculado, figura penal que sanciona la utilización indebida de bienes pertenecientes al Estado. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, Falcón habría utilizado un vehículo oficial de la Policía Federal y combustible provisto por la fuerza para realizar un viaje de carácter estrictamente personal a la ciudad de Rosario, donde presuntamente visitó a una pareja. La Justicia intenta establecer si esos recursos públicos fueron empleados sin autorización y con fines ajenos a la función policial.

La acusación incorpora además los delitos de falsedad ideológica y dádivas, aunque la investigación todavía se encuentra en una etapa inicial y busca reunir los elementos probatorios que permitan determinar cómo se habrían configurado esas conductas y cuál habría sido su eventual relación con los procedimientos cuestionados.

Otro aspecto que incrementa la gravedad institucional del expediente es que otros tres integrantes de la Policía Federal también fueron imputados. Si bien permanecen en libertad, la Justicia analiza si participaron en algunos de los episodios investigados y cuál fue el grado de responsabilidad que les pudo haber correspondido.

Un dato especialmente sensible es que la causa no se originó únicamente por denuncias de particulares. Según explicó el fiscal Hairabedian, una de las presentaciones fue realizada por una integrante de la propia Policía Federal, circunstancia que revela que las sospechas sobre presuntas irregularidades también surgieron desde el interior de la fuerza. Ese elemento fortalece la hipótesis de los investigadores de que podría existir información relevante dentro de la estructura policial sobre el desarrollo de los hechos investigados.

Pese a la contundencia de las imputaciones, el propio fiscal recordó que la causa se encuentra en una etapa preliminar y que la imputación no constituye una condena. En ese marco, Falcón negó las acusaciones al prestar declaración, mientras la Fiscalía solicitó que permanezca con prisión domiciliaria preventiva al sostener que existiría temor entre algunos efectivos para declarar por posibles represalias. La resolución sobre esa medida quedará ahora en manos del juzgado federal que interviene en la causa.

La detención del jefe de Drogas Peligrosas de la Policía Federal en Córdoba irrumpió en uno de los momentos políticamente más delicados para la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El episodio no sólo expuso un nuevo escándalo dentro de una fuerza que depende de su cartera, sino que además opacó una visita que tenía previsto realizar a la capital cordobesa en medio de crecientes versiones sobre su futuro electoral.

La funcionaria participará el próximo lunes de un almuerzo organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, presidida por el empresario Manuel Tagle, un espacio que en los últimos meses se consolidó como una de las tribunas elegidas por referentes del oficialismo y del proyecto político encabezado por Javier Milei. El encuentro aparecía como una oportunidad para fortalecer su perfil en la provincia, pero la detención de Falcón terminó modificando el clima previo a ese desembarco.

El caso adquiere una dimensión política porque se trata del segundo episodio de fuerte repercusión que involucra a la Policía Federal bajo la conducción de Monteoliva en pocos meses. Anteriormente, la ministra ya había quedado en el centro de la escena tras el asesinato de un efectivo enviado para reforzar la seguridad en Rosario, un hecho que también generó preocupación dentro del Gobierno.

En paralelo, la situación reavivó versiones sobre una eventual candidatura de Monteoliva a diputada nacional por Córdoba. Según fuentes políticas citadas por La Política Online, la ministra avanzaría con ese proyecto sin haberlo consensuado previamente con Patricia Bullrich, lo que habría provocado malestar en la exministra de Seguridad y actual senadora nacional.

"Monteoliva se está mandando sola. No consultó a Patricia y eso es lo que no cae bien. Encima, ahora con esto, no es una buena señal en la previa del almuerzo en la Bolsa", señaló a ese medio una fuente con conocimiento de la relación entre ambas dirigentes.

Así, el expediente judicial que tiene como principal acusado al exjefe de Drogas Peligrosas dejó de ser únicamente un problema policial para convertirse también en un factor de desgaste político. Aunque la investigación se concentra sobre la actuación de Alejandro Falcón y otros efectivos imputados, el impacto institucional alcanza de lleno al Ministerio de Seguridad, que vuelve a enfrentar cuestionamientos por los mecanismos de control interno sobre una de las principales fuerzas federales del país.