Femicidio en Corrientes: escuelas fantasma, cazadores clandestinos y una trama que salpica al poder provincial

Una escuela fantasma, negocios sospechosos y el silencio del gobierno de Valdés.

Hay una pregunta que las autoridades de Corrientes todavía deben responder: ¿Cómo puede una escuela pública permanecer cerrada durante aproximadamente dos años sin que los mecanismos de supervisión del Estado provincial detecten y resuelvan semejante situación?

La desaparición y asesinato de Nancy, una docente rural que había denunciado graves irregularidades en la Escuela N.º 626, ubicada en la zona de la estancia El Kurupí, abrieron una serie de interrogantes que trascienden la investigación sobre su asesinato.

Según la información difundida por C5N, la docente había documentado el deterioro del establecimiento, cuestionado la actuación de su antecesor y comunicado las irregularidades a las autoridades educativas provinciales.

Lo que inicialmente podría interpretarse como una denuncia por abandono escolar adquiere otra dimensión cuando aparecen las preguntas sobre las designaciones docentes, el pago de remuneraciones y los controles administrativos.

¿Quién cobraba por dirigir aquella escuela? ¿Quién supervisaba su funcionamiento? ¿Qué hicieron las autoridades cuando recibieron las denuncias? ¿Existían vínculos políticos que pudieran explicar una eventual falta de controles?

Son interrogantes que requieren respuestas documentadas. Y que colocan bajo examen la responsabilidad institucional del gobierno provincial encabezado por Gustavo Valdés.

Una escuela rural convertida en símbolo del abandono

Nancy asumió sus funciones en la Escuela Rural N.º 626 el 11 de agosto de 2026, luego de que el anterior director suplente, Ernesto Gamarra, iniciara una licencia.

Lo que encontró al llegar quedó registrado en imágenes, audios y documentación administrativa que posteriormente fueron difundidos por C5N.

El establecimiento presentaba acumulación de basura, suciedad, insectos, hormigueros y presencia de animales, entre ellos murciélagos e iguanas. También se describieron materiales educativos deteriorados, mobiliario insuficiente y sanitarios en condiciones precarias.

No se trataba solamente de una escuela necesitada de mantenimiento. Los testimonios recogidos por la docente indicaban que el edificio habría permanecido cerrado durante aproximadamente dos años.

La situación resulta particularmente grave por tratarse de una institución rural.

En territorios donde las distancias entre viviendas y centros urbanos pueden dificultar el acceso a otros establecimientos, una escuela cerrada representa una interrupción concreta del derecho a la educación.

Durante la cobertura televisiva se explicó que la institución debía contar con ocho alumnos, aunque posteriormente se habría constatado una matrícula de cuatro.

Esa diferencia también requiere una explicación administrativa: ¿cuántos estudiantes estaban efectivamente inscriptos y qué alternativas educativas recibieron mientras el establecimiento permanecía presuntamente cerrado?

Ernesto Gamarra: ¿cobraba un sueldo del Estado sin concurrir a trabajar?

Uno de los aspectos centrales de la denuncia involucra a Ernesto Gamarra, quien había ejercido como director suplente del establecimiento.

Según los testimonios difundidos por C5N, el docente habría permanecido durante un período prolongado sin concurrir regularmente a la escuela.

La cobertura televisiva sostuvo que Gamarra habría cobrado su salario durante aproximadamente tres años, pese a que el establecimiento no funcionaba.

Se trata de una acusación grave que todavía requiere corroboración mediante documentación oficial.

La pregunta que corresponde formular es directa: ¿Ernesto Gamarra percibió remuneraciones del Ministerio de Educación de Corrientes durante períodos en los que no prestó efectivamente los servicios correspondientes a su cargo?

Para establecerlo será indispensable conocer sus designaciones, registros de asistencia, licencias, liquidaciones salariales y las actuaciones de los supervisores responsables. Todo esta documentación la debe presentar el Ministerio de Educación Correntino que se encuentra a cargo de la Contadora Pública Nacional Ana Miño.

La existencia de una remuneración no demostraría por sí misma una irregularidad. Es necesario determinar cuáles eran sus obligaciones, si existían licencias justificadas y qué actividades había cumplido.

Sin embargo, si se comprobara que el establecimiento permaneció cerrado durante años mientras se pagaban salarios sin contraprestación ni justificación administrativa, el caso plantearía responsabilidades que excederían al propio docente.

Porque ninguna escuela pública funciona al margen de una estructura de supervisión. Alguien debía controlar su apertura, verificar la asistencia del personal y garantizar la continuidad educativa.

La supervisora del área correspondiente a la Escuela N.º 626 del paraje El Malezal (departamento de Esquina, Corrientes) se llama Edhit Elisabeth Sánchez. Según el portal de noticias "República de Corrientes, la ministra le otorgó un plazo de 72 horas a la supervisora y al anterior director para que presenten la documentación respaldatoria de sus actuaciones en el establecimiento

Durante una consulta realizada por una periodista de C5N, Gamarra evitó responder las preguntas sobre su desempeño y manifestó que no quería intervenir en una situación delicada para la familia.

Si bien su negativa a responder ante las cámaras no constituye una prueba de irregularidades. Tampoco reemplaza las explicaciones que deben surgir de los expedientes oficiales.

Sobre la ministra podemos agregar que el pasado viernes declaró para el Diario Época de Corrientes: "Como madre, como docente y como mujer quiero acompañar con un pesar muy profundo en este momento de tremendo dolor" al tiempo que remarcó que confía plenamente en que "este caso aberrante no va a quedar impune y la justicia actuará como corresponde".

Consultada sobre las razones por las que no realizó manifestaciones públicas con anterioridad, la ministra aclaró que la prioridad absoluta fue resguardar el desarrollo del caso. "Desde el primer momento en que supimos de la denuncia por la desaparición de Nanci, nos pusimos a entera disposición de la investigación. Decidimos mantener la cautela para respetar el dolor de la familia, asegurar que el proceso siguiera por los carriles correspondientes y no mezclar las cosas. El objetivo principal siempre fue encontrarla con vida», sostuvo. Asimismo, reconoció que "no fue fácil no salir a responder a ciertos datos erróneos o informaciones falsas" difundidas durante los últimos días.

La denuncia de Nancy: «Si yo me callo, soy cómplice»

Los audios difundidos durante la cobertura permiten reconstruir la preocupación de Nancy cuando llegó al establecimiento.

La docente relató que había comenzado a registrar sus días de trabajo y que había informado a la supervisión sobre las condiciones en las que recibió la escuela.

También cuestionó que su antecesor hubiera mantenido un cargo sin garantizar, según su relato, el funcionamiento regular de la institución.

En uno de los fragmentos expresó:

«Si yo me callo y no digo nada, soy cómplice también».

La frase sintetiza el conflicto que enfrentaba.

Nancy no solamente debía recuperar un espacio educativo deteriorado. También consideraba necesario dejar constancia de las condiciones que había encontrado para evitar que su trabajo de limpieza y reorganización terminara ocultando las responsabilidades anteriores.

En otro pasaje, visiblemente afectada, cuestionó que un colega pudiera entregarle una escuela en semejantes condiciones.

Su preocupación tenía una dimensión laboral, institucional y ética.

La docente entendía que guardar silencio podía contribuir a perpetuar una situación que perjudicaba tanto a quienes trabajaban en la institución como a los niños que debían asistir a clases.

Un expediente del 28 de agosto: ¿por qué no avanzó la denuncia?

El 28 de agosto de 2026 quedó fechado un documento administrativo que, según la cobertura de C5N, describía la situación de la Escuela Rural N.º 626.

Durante el programa se exhibió la primera página de un expediente de cuatro fojas, en el que se detallaban las condiciones del establecimiento y las circunstancias del cambio de autoridades.

La documentación mencionaba que Gamarra había iniciado una licencia el 11 de agosto, fecha en la que Nancy asumió sus funciones.

También señalaba que el anterior director habría proporcionado indicaciones incorrectas para acceder al establecimiento.

El informe recogía además testimonios de vecinos que afirmaban que la escuela llevaba aproximadamente dos años sin abrir sus puertas.

Es importante precisar que el propio documento, según la lectura televisiva, distinguía esos relatos de los hechos constatados directamente por quien lo redactó.

Pero la existencia de una presentación administrativa plantea una cuestión decisiva.

¿Qué hizo el Ministerio de Educación de Corrientes después de recibir la información?

¿Ordenó una inspección? ¿Solicitó explicaciones al anterior director? ¿Verificó la situación de los estudiantes? ¿Inició alguna investigación administrativa?

Los periodistas de C5N afirmaron que el expediente no había avanzado y permanecía sin resolución dentro del Ministerio.

Esa afirmación debe verificarse mediante el historial completo de las actuaciones.

Si efectivamente no existieron medidas de seguimiento, corresponderá establecer quiénes recibieron la documentación y por qué no se adoptaron decisiones para garantizar el funcionamiento del establecimiento.

La falta de respuesta administrativa, de confirmarse, constituiría un problema institucional independiente de la investigación sobre la desaparición de Nancy.

Ahora veamos cuatro hipótesis que en los últimos días circulan en medios de comunicación y redes sociales que no son la explicación del femicidio pero quizás fueron estos intereses oscuros que en definitiva lo provocaron.

1. ¿Una escuela fantasma o un mecanismo de financiamiento político?

Las presuntas irregularidades de la Escuela N.º 626 permiten formular una hipótesis que merece investigación, si bien no puede presentarse como una conclusión, tenemos la obligación de preguntarnos: ¿podrían existir designaciones o recursos educativos utilizados para sostener redes de favores políticos?

Hasta el momento, la información difundida no aporta pruebas de que Gamarra actuara como operador partidario ni de que los recursos de la escuela fueran desviados hacia actividades políticas.

Sin embargo, conocer cómo se administraban las designaciones y las partidas destinadas al establecimiento permitiría evaluar la transparencia de su funcionamiento.

La investigación debería establecer qué recursos recibía la institución, cómo se ejecutaban, quién autorizaba los gastos y cuáles eran los mecanismos de rendición de cuentas.

También corresponde examinar si existieron pagos durante períodos de inactividad y, en ese caso, qué documentación los justificaba.

Una escuela pública no puede convertirse en una estructura administrativa desligada de su finalidad educativa.

Los recursos asignados a la educación deben garantizar que los alumnos tengan docentes, instalaciones adecuadas y continuidad pedagógica. En este caso no se cumplió con ninguno de estos objetivos en al menos tres años.

Si el establecimiento permaneció cerrado mientras seguían ejecutándose partidas, resulta indispensable reconstruir el destino de esos fondos. El estado correntino debe determinar si hubo negligencia, fallas de supervisión o eventuales irregularidades.

2 ¿Gamarra tenía vínculos políticos con el gobernador Gustavo Valdés?

Otra línea de investigación posible es la relación entre las designaciones educativas y las estructuras políticas provinciales.

En este caso, la pregunta concreta sería si Ernesto Gamarra mantenía algún vínculo partidario, de militancia o de intermediación política con sectores vinculados al gobernador Gustavo Valdés.

La información proporcionada no acredita esa relación. Tampoco permite afirmar que el exdirector haya sido un puntero político o que su nombramiento respondiera a acuerdos partidarios.

Por eso, una investigación seria debería comenzar por reconstruir su trayectoria administrativa y las condiciones de acceso al cargo.

¿Mediante qué procedimiento fue designado? ¿Qué antecedentes justificaron su nombramiento? ¿Quiénes intervinieron en su continuidad? ¿Qué supervisiones se realizaron durante su gestión?

Si surgieran indicios documentados de vínculos políticos relevantes para las decisiones administrativas, correspondería profundizar esa línea de investigación.

Pero la existencia de relaciones políticas, por sí sola, tampoco demostraría una irregularidad.

La cuestión fundamental es establecer si las decisiones sobre cargos y recursos educativos respondieron a criterios legales y pedagógicos o si existieron interferencias ajenas al funcionamiento de la escuela.

La responsabilidad del gobierno provincial consiste en garantizar que esas decisiones puedan ser examinadas públicamente.

La estancia El Kurupí y una hipótesis sobre el trabajo infantil

La investigación televisiva también abordó una hipótesis relacionada con el funcionamiento de la estancia donde se encuentra la escuela.

Durante el programa se planteó que la reapertura del establecimiento podría haber generado tensiones si algunos niños dejaban de realizar actividades laborales para asistir a clases.

La posibilidad fue presentada como una línea de investigación, no como un hecho acreditado.

No existen en la transcripción elementos suficientes para afirmar que hubiera trabajo infantil en la estancia ni que sus responsables se opusieran efectivamente a la escolarización.

Sin embargo, la hipótesis merece atención por la importancia de garantizar el derecho a la educación en ámbitos rurales.

La escolarización no puede quedar subordinada a necesidades productivas o decisiones de empleadores.

Si existieran indicios de que niños realizaban actividades laborales incompatibles con su educación, correspondería una intervención de los organismos competentes.

También sería necesario determinar si la reapertura de la escuela generó conflictos concretos y, de ser así, entre quiénes.

Lo fundamental es no confundir una hipótesis investigativa con una explicación demostrada de la desaparición.

La cuarta hipótesis: Presuntos nexos con redes de cazadores furtivos de un Coto de caza clandestino

Uso del establecimiento como base: En el marco de la investigación judicial, surgieron testimonios que ubican a Gamarra como un presunto intermediario entre cazadores externos y los peones/capataces de estancias vecinas. Se investiga si la escuela abandonada era facilitada como campamento para cazadores a cambio de favores o dinero.

Según informó el diario La Nación, la estancia El Curupí, es  propiedad de la familia Bincle y comprende unas 12.000 hectáreas donde se combinas actividades agropecuarias con actividades de caza.

La Escuela N.º 626, donde trabajaba Nancy Godoy, está ubicada dentro de ese establecimiento, en el paraje El Malezal que es a su vez un coto de caza clandestino.

El dato relevante es que Página/12, en su investigación del 30 de octubre, identifica entre las hipótesis judiciales una posible relación con denuncias de Godoy sobre cotos de caza ilegales en las inmediaciones de la estancia.

Esto abre una pregunta central: ¿qué actividades vinculadas con la caza se desarrollaban en la zona y quiénes las controlaban? Por ahora, la existencia de actividades de caza está documentada periodísticamente. Su eventual clandestinidad, las infracciones cometidas y la existencia de una red organizada todavía requieren pruebas.

Pero acá es donde surge algo inesperado. El ex director Norberto Gamarra, aquel que no trabajó en la escuela por tres años resulta ser un presunto intermediario entre cazadores y trabajadores rurales.

El 30 y 31 de octubre, el portal Corrientes Hoy y Corrientes en el Aire publicaron que Norberto Gamarra, volvería a ser citado para declarar. Según esos medios, los testimonios recogidos durante la investigación lo ubican como una especie de intermediario entre los cazadores que llegaban a la estancia y los trabajadores rurales.

Los abogados de la familia buscan establecer si Gamarra mantenía relaciones con los peones y el capataz del establecimiento, varios de ellos aún detenidos por el crimen.

Uno de los representantes de la familia manifestó que desconocían si esas presuntas gestiones se realizaban a cambio de dinero o como favores personales. Pero la respuesta es más que obvia.

El femicidio de Nancy y las responsabilidades que todavía deben esclarecerse

Nancy llevaba aproximadamente quince días desaparecida cuando se difundieron las imágenes y los testimonios, la declaración de personas vinculadas a la estancia y la continuidad de los procedimientos de búsqueda.

También se sabe que los familiares de la docente permanecían en las inmediaciones del predio y que habían surgido cuestionamientos sobre el ingreso de turistas mientras se desarrollaban las tareas de búsqueda.

Estas circunstancias requieren explicaciones de las autoridades responsables del operativo que de ser confirmadas son de una gravedad inusitada.

La transcripción no permite establecer qué ocurrió con Nancy, confirmar su fallecimiento ni atribuir responsabilidades penales.

Por lo tanto, sería incorrecto afirmar que fue asesinada o que sus denuncias educativas determinaron su desaparición sin contar con evidencia adicional.

Lo que sí surge del material es que la docente había documentado una situación escolar preocupante y había expresado su voluntad de denunciarla.

Determinar si existe alguna relación entre esas actuaciones y su desaparición corresponde a la investigación judicial.

La responsabilidad del Estado: una escuela no puede desaparecer de los controles

La situación de la Escuela Rural N.º 626 plantea un problema que debe analizarse más allá de las responsabilidades individuales.

La educación pública requiere mecanismos de supervisión capaces de garantizar que los establecimientos permanezcan abiertos, que sus docentes cumplan las funciones correspondientes y que los recursos asignados se utilicen para sus finalidades específicas.

Cuando esos mecanismos fallan, las consecuencias recaen sobre las comunidades educativas, especialmente en territorios donde las alternativas escolares son limitadas.

La denuncia de Nancy expuso precisamente esa vulnerabilidad.

Una docente llegó a un establecimiento que, según los testimonios recogidos, llevaba aproximadamente dos años sin funcionar. Encontró condiciones edilicias precarias, registró la situación y comunicó sus observaciones a las autoridades.

El Estado provincial debe poder explicar qué ocurrió antes y después de esa presentación.

La investigación tiene la obligación de reconstruir el circuito de responsabilidades, desde la dirección escolar hasta los organismos de supervisión y las autoridades ministeriales.

También debe exigir documentación sobre los pagos salariales, las designaciones y la ejecución presupuestaria.

No hay elementos suficientes para afirmar que existió una red de financiamiento político mediante escuelas rurales. Pero sí hay preguntas concretas que justifican examinar cómo se administraban los recursos del establecimiento denunciado.

La respuesta, claramente, deben surgir de expedientes, registros administrativos, testimonios contrastados y decisiones oficiales.

Las preguntas que Corrientes debe responder

El femicidio de Nancy exige una investigación judicial que permita establecer qué ocurrió y determinar las responsabilidades que correspondan.

Pero las denuncias que realizó antes de desaparecer también requieren una respuesta institucional.

¿Por qué la Escuela Rural N.º 626 habría permanecido cerrada durante aproximadamente dos años? ¿Quién controlaba su funcionamiento? ¿Qué remuneraciones se pagaron durante ese período? ¿Qué destino tuvieron los recursos asignados? ¿Por qué no avanzó el expediente presentado ante el Ministerio de Educación?

Y si se identificaran irregularidades administrativas, ¿existieron mecanismos de protección política o fallas de control que permitieron su continuidad?

Son preguntas que no deben transformarse anticipadamente en acusaciones, pero tampoco quedar sin respuesta.

La responsabilidad de las autoridades provinciales es proporcionar información verificable y permitir que los organismos competentes investiguen las denuncias.

El femicidio de Nancy y el estado de la escuela constituyen dos asuntos que deben esclarecerse con rigor, sin dar por probada una relación entre ambos.

Porque detrás de la historia de una docente que denunció el abandono de una escuela rural existe una cuestión fundamental: quién garantiza que los recursos públicos destinados a educar a los niños efectivamente lleguen a las aulas.

Y esa respuesta no puede permanecer en un expediente sin resolver.

Fuente

C5N. (s. f.). Desaparición en Corrientes | El ex director fue a declarar y habló con C5N

"Por respeto": la ministra Miño explicó por qué no habló con la familia de Nanci Godoy https://www.diarioepoca.com/1393923-por-respeto-la-ministra-mino-explico-por-que-no-hablo-con-la-familia-de-nanci-godoy

El Ministerio de Educación investiga las advertencias contra la Escuela 626 https://www.republicadecorrientes.com/76251-el-ministerio-de-educacion-investiga-las-advertencias-contra-la-escuela-626