Fotocopiadoras de oro: el Gobierno de Milei paga más por alquilarlas que por comprarlas

La motosierra ajusta, pero los alquileres millonarios siguen

Milei, las 30 mil fotocopiadoras y un negocio de $110 mil millones: Pagano exige explicaciones por los contratos del Estado

Mientras el gobierno de Javier Milei sostiene un discurso de austeridad, reducción del gasto público y modernización administrativa, una investigación sobre el alquiler de fotocopiadoras en distintas dependencias estatales pone bajo la lupa el destino de miles de millones de pesos. La diputada nacional Marcela Pagano presentó ocho pedidos de informes para conocer los detalles de contrataciones que involucran a organismos como ANSES, ARCA y el Ministerio de Capital Humano, entre otros.

El centro de la controversia es TNGROUP SA, una empresa vinculada al empresario brasileño Alejandro Trasmonte, que habría acumulado contratos estatales por cifras millonarias durante sucesivas administraciones. Sin embargo, la magnitud de las operaciones registradas durante el gobierno libertario abrió nuevos interrogantes sobre los criterios utilizados para adjudicar estos servicios.

Según la información publicada por La Política Online el 30 de octubre, desde 2017 el Estado argentino habría pagado a la compañía unos 29.750 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 110.900 millones de pesos a valores de agosto de 2026.

Pero hay un dato todavía más llamativo: solamente durante 2025, la firma habría facturado 21.412 millones de pesos por sus servicios a distintas áreas del gobierno nacional.

La pregunta resulta inevitable: ¿cómo se explica semejante volumen de contrataciones de fotocopiadoras en un Estado que avanza, al menos discursivamente, hacia la digitalización de sus trámites?

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Alquilar cuesta más que comprar: la ecuación que desató las sospechas

Uno de los aspectos más controvertidos de la investigación es la diferencia entre el costo del alquiler y el precio de adquisición de los equipos.

El periodista Tomás Méndez expuso en Canal 9 una contratación por 17 fotocopiadoras durante doce meses, cuyo monto total alcanzaría los 41,8 millones de pesos.

De acuerdo con esas cifras, cada máquina representa un gasto anual cercano a los 2,4 millones de pesos. Sin embargo, el precio estimado para comprar una fotocopiadora sería de apenas 1,4 millones.

Comparación de los valores informados por la investigación. No incluye una evaluación de mantenimiento, insumos y demás servicios que pudieran integrar los contratos.

La comparación no demuestra por sí sola una irregularidad, porque un contrato de alquiler puede incluir mantenimiento, reparaciones, insumos y reposición de equipos. Precisamente por eso resulta indispensable conocer los pliegos y las condiciones efectivamente pactadas.

Lo que aparece bajo discusión es la racionalidad económica de contratar un servicio cuyo costo anual supera ampliamente el valor de compra informado.

Si los números se confirman, el Estado estaría destinando importantes recursos a una modalidad contractual cuya conveniencia todavía debe ser explicada.

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Una fotocopiadora cada seis empleados: el interrogante sobre las 30 mil máquinas

Otro dato que llama la atención es la cantidad de equipos que, según las fuentes vinculadas a la investigación, alquilaría el Estado nacional.

La cifra mencionada alcanza las 30 mil fotocopiadoras.

De acuerdo con la información difundida, tomando como referencia unos 180 mil empleados públicos nacionales, la proporción sería de una máquina cada seis trabajadores.

Aunque esa relación necesita ser contrastada con los inventarios reales, los destinos de los equipos y el personal comprendido en las contrataciones, sirve para dimensionar el interrogante que enfrenta la administración pública.

En una época en la que numerosos trámites se realizan mediante plataformas digitales, expedientes electrónicos y documentación virtual, ¿qué necesidades administrativas justificarían semejante cantidad de fotocopiadoras?

La respuesta debería encontrarse en los registros de utilización, las sedes donde están instaladas y los volúmenes de impresión efectivamente realizados.

Porque una cosa es contratar equipos para garantizar el funcionamiento de oficinas públicas y otra muy distinta es pagar por máquinas cuya utilización no pueda justificarse documentalmente.

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La sombra de Luis Petri y una adjudicación de $374,6 millones

La investigación también menciona al diputado Luis Petri, quien durante su gestión como ministro de Defensa estuvo al frente de la cartera bajo cuya órbita el Ejército adjudicó contrataciones por 374,6 millones de pesos.

Según La Política Online, circulan versiones sobre una presunta relación de amistad entre Petri y Trasmonte.

Sin embargo, esas versiones no constituyen una prueba de vínculos personales indebidos ni permiten afirmar que hayan influido sobre las adjudicaciones.

Lo que sí surge de la información difundida es la necesidad de conocer cómo se instrumentaron esas contrataciones, cuáles fueron las condiciones de competencia y qué funcionarios participaron de los procedimientos administrativos.

La transparencia de una contratación pública no debería depender de la identidad política de quien la cuestiona, sino de la posibilidad de reconstruir cada decisión mediante documentación verificable.

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Ocho pedidos de informes: Pagano quiere conocer hasta el último comprobante

La diputada Marcela Pagano decidió avanzar sobre el circuito administrativo mediante ocho pedidos de informes dirigidos a ANSES, ARCA, el Ministerio de Capital Humano, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el INCUCAI, la Oficina de Contrataciones de la Jefatura de Gabinete, la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

La legisladora reclama los expedientes completos de contratación, incluyendo pliegos, ofertas, evaluaciones, dictámenes, impugnaciones, adjudicaciones, contratos y órdenes de compra.

También solicita conocer la cantidad exacta de máquinas, sus ubicaciones, los precios unitarios, las especificaciones técnicas y los plazos contractuales.

Pero uno de los puntos más relevantes está relacionado con la utilización efectiva de los equipos.

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Pagano exige certificados mensuales de prestación, reportes de funcionamiento, contadores de impresión, registros de mantenimiento, reclamos e incidentes.

Además, requiere facturas, liquidaciones y comprobantes de pago discriminados por período y concepto.

Esta documentación permitiría establecer no solamente cuánto dinero se comprometió, sino también qué servicios fueron efectivamente prestados y si los organismos públicos recibieron aquello por lo que pagaron.

Por ahora, la presentación de los pedidos de informes constituye una iniciativa de control legislativo. No equivale a una determinación judicial de irregularidades.

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La austeridad bajo examen: el costo de las decisiones estatales

El caso plantea una discusión que excede el alquiler de fotocopiadoras.

La administración de Javier Milei ha colocado la reducción del gasto público entre sus principales objetivos económicos. Sin embargo, la eficiencia de un Estado no puede evaluarse exclusivamente por la magnitud de sus recortes presupuestarios.

También debe examinarse cómo se utilizan los recursos que continúan siendo ejecutados.

Una contratación puede cumplir formalmente los procedimientos administrativos y, aun así, merecer un análisis sobre su conveniencia económica. Del mismo modo, un monto elevado no demuestra necesariamente la existencia de sobreprecios o corrupción.

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Por eso, el punto decisivo será determinar si las condiciones contractuales, los servicios incluidos y la utilización real de los equipos justifican los pagos informados.

La investigación sobre TNGROUP SA pone en discusión una contradicción que el Gobierno deberá aclarar: mientras impulsa la modernización y digitalización del Estado, distintas dependencias habrían destinado miles de millones de pesos al alquiler de equipos de reproducción de documentos.

Las cifras difundidas son suficientemente significativas como para exigir explicaciones públicas, pero necesitan ser contrastadas con los contratos y comprobantes oficiales.

La pregunta de fondo no es solamente cuántas fotocopiadoras alquila el Estado, sino quién decidió contratarlas, bajo qué condiciones, cuánto se pagó efectivamente y qué beneficio concreto obtuvo la administración pública.

Porque la transparencia del gasto no se demuestra con discursos sobre austeridad. Se demuestra abriendo los expedientes.

Fuente

La Política Online, 30 de octubre de 2026. Información atribuida a investigaciones difundidas por Canal 9 y C5N.

La Política Online: https://www.lapoliticaonline.com/congreso/pagano-destapa-un-negocio-millonario-del-gobierno-de-milei-por-el-alquiler-de-30-mil-fotocopiadoras-1932/